Los retos para implementar la paz en el Caribe

Colombia2020 organizó un conversatorio en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Cinco expertos discutieron sobre los retos que tendrá el aterrizaje del Acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc. Resaltamos las conclusiones más importantes.

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Colombia2020 y la Universidad del Norte, en Barranquilla, discutieron los retos para implementar los acuerdos de paz en el Caribe.
Cortesía.

El Caribe ha sido testigo de los peores crímenes que se han perpetrado en medio del conflicto armado. Las tropas de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, impusieron el terror por toda la región. Sin duda la costa fue un laboratorio de guerra.Las universidades no fueron ajenas al terror: entre 1996 y 2003 fueron asesinados 17 profesores y 20 estudiantes.

Colombia2020 organizó el conversatorio Los retos para implementar los acuerdos de paz en el Caribe en la Universidad del Norte, en Barranquilla. El evento reunió cinco expertos quienes compartieron sus visiones acerca de lo que será el aterrizaje del Acuerdo en esa región.

Andrés Echavarría, coordinador de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en el Atlántico, hizo énfasis en la importancia de la pedagogía para la paz. “La pedagogía para la construcción de paz tiene que llegarle a las víctimas y a las personas que han visto la guerra por televisión”, sentenció.

En varios apartes del conversatorio los expertos se refirieron a la reconciliación. “Es un tema de superación de los mitos. Las personas parten de que los desmovilizados son malos”, llamó la atención Echavarría. Ejemplificó que en muchas zonas del país los estigmatizan de tal forma que “si alguien se roba un espejo es culpa del desmovilizado”.

"Que nadie piense que la reincorporación va a ser de un año para otro. Me preocupa que los apoyos sean de uno o dos años. Una persona que llega a la Universidad del Norte ¿de qué va a vivir a los tres años?", expresó Martín Peccis, director de la Organización de Estados Iberoamericanos.

Peccis agregó que las víctimas deben tener un espacio protagónico en la implementación del Acuerdo: “Si hay un proyecto para que 1000 reincorporados lleguen a las universidades debe haber otro para que lleguen 1000 víctimas".

Echavarría recalcó que el Caribe tiene gran experiencia en programas de reintegración a la vida civil como producto de la Ley de Justicia y Paz. Esa región, según estimaciones de la ACR, alberga el 22% de los desmovilizados del país.   

A pesar de la ventaja que podría tener la región por su experiencia en la reinserción también hay retos sobre los cuales se llamó la atención en medio del conversatorio. Luis Trejos, docente de la Universidad del Norte, advirtió sobre la presencia del crimen organizado producto de falencias en la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En cuanto a la participación política, uno de los puntos más importantes del Acuerdo, los expertos mencionaron varias preocupaciones. Trejos advirtió sobre la resistencia que podrían oponer las bandas criminales en algunos municipios de la región. "Estos actores no van a querer que nuevos referentes distintos a ellos aparezcan en los territorios que controlan", puntualizó.

Esta debilidad institucional fue resaltada por Laura Cepeda, directora de la Fundación para el Desarrollo del Caribe, quien dijo que "hay municipios donde los esfuerzos para recaudar impuestos no se ven mucho. En algunos se recaudan $3 millones"

Otras preocupaciones sobre este aspecto tienen que ver con las prácticas que han hecho parte de la política en la región. “El Caribe tristemente es un referente a nivel nacional de todas las prácticas de clientelismo y politiquería”, sentenció Jessica Manotas, de la Fundación Foro Costa Atlántica, ante lo cual propuso una reforma electoral. 

El rol de la sociedad civil en la aplicación del Acuerdo fue uno de los temas sobre los cuales más se discutió en el conversatorio. Una de las preocupaciones tuvo que ver con la baja participación política y comunal de los barranquilleros. La encuesta Barranquilla Cómo Vamos del 2015 indicó que tan solo el 46% de sus habitantes hacen parte de alguna organización. El 22% de los ciudadanos pertenecen a una organización de carácter religioso.

En medio del conversatorio, Echavarría propuso que "en las Juntas de Acción Comunal se pueden empezar a implementar los acuerdos de participación política". Manotas agregó que “lo positivo de los acuerdos es que son un pacto que nos involucra a todos”. La advertencia frente a la participación política de la sociedad la hizo Echavarría: "Si no se vincula a toda la sociedad en su conjunto no va a funcionar".