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La oleada de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, desatada durante el año pasado y que no ha dado tregua durante 2019, ha estado en la agenda pública desde hace meses. Son innumerables los informes que registran el fenómeno y no pocos los que han indagado por sus causas. Sin embargo, poco se ha hablado de la manera diferencial en que este fenómeno criminal ha afectado a las mujeres.
Si bien las cifras de los asesinatos de hombres defensores superan los 100 por año desde 2016 (mientras que el de las defensoras y lideresas suman 20 por año) el informe anual del Programa Somos Defensores sobre la violencia contra líderes en 2017, hizo una especial mención en la sevicia de la que son víctimas los cuerpos de las lideresas asesinadas. Una violencia que no registraron los cuerpos de los hombres. “De los 16 casos (de lideresas asesinadas) que se reportaron en 2017, al menos 4 demostraron una extrema violencia, con actos de tortura, violencia sexual y sevicia en la forma en que fueron asesinadas.”
Este 8 de marzo, Colombia2020 resalta a tres de estas lideresas que trabajan en medio de duras amenazas a sus vidas.
Elizabeth Pabón
Pocas horas después de haberse reunido el pasado 1 de marzo con el procurador general, Fernando Carrillo, y el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, para coordinar acciones en defensa de las mujeres, Elizabeth Pabón sintió de nuevo su vida en peligro. El encuentro había sido en Cúcuta, al que asistió en su calidad de presidenta de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), y se dirigía hacia Barrancabermeja.
Hacia la madrugada, el vehículo en el que se transportaba junto con sus dos escoltas, asignados por la Unidad Nacional de Protección, fue detenido por la Policía. Los uniformados establecieron que uno de los hombres no estaba acreditado como escolta y procedieron a desarmarlo, luego permitieron que el vehículo continuara su recorrido. Para Pabón, teniendo en cuenta su trayectoria como lideresa social, haberse quedado con el esquema de protección incompleto, en una región donde tienen presencia distintos actores armados, era ponerla una vez más en riesgo de muerte.
Aunque pudiera parecer un detalle menor, el hecho reflejó la angustia con la que vive Pabón desde hace más de una década, cuando empezó su camino en la defensa de los derechos humanos en el Catatumbo. Nacida en Tibú (Norte de Santander), se vinculó a la labor social a través de juntas de acción comunal y luego como coordinadora de un comité de mujeres veredal, de donde pasó a integrar Ascamcat.
No es casual que Pabón desconfíe de la institucionalidad, pues la vez que más sintió su vida en riesgo fue precisamente por mano de un uniformado de la Policía. En octubre de 2017, tras ver cómo las autoridades trataban de llevarse a un grupo de jóvenes sin razones aparentes, decidió encarar a los uniformados. Uno de los policías la tomó del brazo y la apartó unos metros. “Me puso la pistola en la cabeza y me dijo que me iba a matar”. Tal vez porque había muchos ojos sobre la escena finalmente el veredicto no se cumplió.
Hoy “Chavela”, como la conocen en el territorio, es la delegada por el Catatumbo en la Instancia Especial de Género para la Paz, creada por el Acuerdo de La Habana para hacerle seguimiento a lo pactado en esta materia. “Cuando uno está metido en esto se empodera tanto que echar para atrás ya no es una opción”, afirma.
Marylén Serna
Marylén Serna dice que su defensa por los derechos humanos la heredó de su abuela. Que ella lideró la creación de una vereda en Cajibío (Cauca) y todo lo que ello implica: la primera escuela, la primera iglesia; que forjó lo colectivo. Una herencia que la llevó a fundar, hace casi 30 años, el Movimiento Campesino de Cajibío. Hoy, es una de las principales lideresas de varias organizaciones en Cauca y ha tenido la vocería nacional de varios procesos campesinos.
Su lucha siempre ha sido por el territorio. Hoy recuerda que una de las primeras que emprendió, y que ha sido casi permanente, es frente a la multinacional Smurtfit Kappa Cartón de Colombia. “Ellos llegaron en 1984 a Cajibío y arrasaron todo el bosque nativo que había para sembrar pino y eucalipto”. Desde entonces, han tratado de frenar la expansión de la compañía porque esa tierra “se necesita para la producción de alimentos”.
Estando al frente de varias movilizaciones que han tenido trascendencia nacional, Serna explica que el ciclo de violencia del que ha sido victima es claro: tras grandes movilizaciones campesinas, se recrudecen las amenazas y los hostigamientos a quienes las lideran. Así fue luego de la gran movilización del Cauca en 1999, luego de la protesta que los llevó de su territorio hasta Bogotá en 2008 y luego de las manifestaciones agrarias de 2013 y 2016. Todos, procesos en los que esta lideresa campesina ha estado involucrada, cuando no liderándolos.
Tras esas manifestaciones, para Serna se volvió habitual ver hombres en moto y armados en los alrededores de su vivienda, vehículos con vidrios oscuros que la monitoreaban y ver en varios panfletos el nombre de las organizaciones a las que pertenecía.
Sin embargo, fue hasta septiembre de 2017 que a Serna le fue asignado un chaleco antibalas, un celular y dos hombres de protección. Esquema que le acaban de renovar con base en la situación de seguridad que atraviesa el municipio de Cajibío y en general el norte de Cauca. La decisión de protegerla se tomó cuando Serna asumió la vocería de la Cumbre Agraria y del Congreso de los Pueblos y su liderazgo se hizo visible a nivel nacional.
Roseli Finscué
La amenaza más reciente que recibió Roseli Finscué le llegó hace menos de una semana. “No se haga la pendeja que usted sabe que la estamos buscando”, le dijo una voz al otro lado de la línea en una llamada anónima. Para esta indígena nasa de Tierradentro (Cauca), no era algo inusual. Era una más que se suma a la larga lista de hostigamientos de los que ha sido víctima desde hace casi dos décadas cuando inició la defensa de los derechos de las mujeres.
Camino que emprendió desde que cumplió 18 años y se vinculó a las autoridades indígenas del cabildo La Gaitana, en el municipio de Inzá, donde fundó el Movimiento Juvenil de Tierradentro. Allí empezaría un largo recorrido de movilizaciones sociales, estrategia fundamental en el accionar nasa del Cauca.
Cuenta que el hecho de pertenecer a las autoridades indígenas de su cabildo la ha puesto siempre en el ojo de los ilegales. Lleva como en bitácora los ataques de los que ha sido víctima desde 2001, cuando llegaron las primeras amenazas por parte de las Farc. Años después, en 2004, cuando era vicegobernadora de su cabildo, esta indígena nasa salió ilesa de un atentando en su contra que tiempo después se supo había sido perpetrado por exmilitares.
Desde esos años la lista de amenazas contra su vida es extensa a través de panfletos, persecuciones u hostigamientos. Sin embargo, varias de las amenazas no han sido dirigidas directamente contra ellas sino contra sus hijos. Según cuenta, ese es un elemento común en los hostigamientos contra las mujeres que las diferencian de la manera en que se amenaza a los hombres: su condición de madres. Además, no en pocas ocasiones las amenazas vienen acompañadas de una connotación sexual, aprovechando el terror que siembra entre las comunidades el hecho de que los cuerpos de las mujeres asesinadas aparezcan con rastros de violencia sexual.
Hace cuatro años que Finscué, en compañía de otras mujeres, fundó la Red Nacional de Mujeres Defensoras, desde donde ha venido liderando un trabajo de acompañamiento a víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y desde donde ayuda a configurar las rutas de atención a otras mujeres que, como ella, están en riesgo permanente.