:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/1ENWtrgwqS8NPQr91w4UrMwGi1Y=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/B2I4GUTQOVBRRCDDMDRKQ3Z24E.jpg)
En Lejanías (Meta) recuerdan cómo un día, del 2000 o del 2001, las Farc obligaron a un grupo de presuntos ladrones a salir a la plaza del pueblo con carteles que decían, según el caso: “A mí me gusta robarles gallinas a los campesinos”, “A mí me gusta robarles ganado a los campesinos”. Luego de la exposición en público, los guerrilleros le preguntaron a la población si debían asesinar a quienes habían robado a los lejanienses. La respuesta fue que no.
Lea también: El desarme del bloque más guerrero de las Farc
“Nosotros qué íbamos a decir que les dieran de baja, si eran muchachos de aquí mismo. Cometían sus errores, pero esa no era la manera de hacer justicia”, rememora Argenis Romero, líder comunitaria en el municipio. Para esa época, las Farc eran la ley en Lejanías. El 30 de agosto de 1996 la guerrilla se tomó el pueblo y desde esa fecha los lejanienses no volvieron a ver la Fuerza Pública, sino en 2003.
“No fuimos zona de despeje, pero éramos el encime”, asegura René Galindo, actual alcalde del municipio. Incluso cuentan que por el casco urbano pasaban grupos de personas que habían sido secuestradas por las Farc en la vía Bogotá-Villavicencio. Lejanías fue un lugar clave en la guerra, porque gran parte de su territorio hace parte de la cordillera Oriental, que atraviesa el país desde el departamento de Cauca hasta La Guajira. Además, era el corredor que las Farc querían utilizar para tomarse Bogotá. Muestra de eso es que este grupo armado declaró a dicha cordillera “centro principal de despliegue estratégico”.
“Ellos eran la autoridad”, resume Galindo. No es una exageración, para 1999, Lejanías estaba entre los 11 municipios del Meta que no contaban con presencia policial. Además, las Farc habían instalado una estación en pleno casco urbano y la edificación de la que salió la Policía fue demolida por la guerrilla.
La autoridad de las Farc significaba que la insurgencia administraba “justicia”. En Lejanías recuerdan cómo la guerrilla imponía sanciones, por ejemplo, a las personas que provocaran riñas en las fiestas. “Lo amarraban de un árbol, lo dejaban ahí mientras pasaba la fiesta y se lo llevaban durante ocho días o 15, según la infracción, a destapar alcantarillas, limpiar caminos o hacer cunetas”, comenta Romero.
El grupo armado se encargaba de resolver problemas que iban desde los límites de las fincas hasta la violencia intrafamiliar. La gente terminó acostumbrándose al modelo de justicia que impuso la insurgencia. Sin embargo, cuando la guerra arreció, la sangre empezó a correr.
Romero recuerda el día en el que el Ejército volvió a Lejanías. Describe que Henry Castellanos, conocido en la guerra como Romaña, estaba organizando un grupo de campesinos para que se subieran a unos buses que los llevarían hasta un municipio aledaño donde la orden era hacer una protesta. “La guerrilla estaba abajo y el Ejército se les metió por el colegio, los balearon, huyeron y se formó la de Troya. No pudieron hacer el paro ni nada de eso”, rememora.
La tranquilidad no llegó con la Fuerza Pública. Al contrario, los lejanienses dicen que simultáneamente llegaron los paramilitares. Las posiciones cambiaron, el casco urbano estaba controlado por el Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia, mientras que en la parte montañosa del municipio, las Farc ejercían control.
Los civiles quedaron en la mitad de los dos fuegos. Por un lado, las Farc acusaban a los campesinos de ser colaboradores de la Fuerza Pública si los veían compartiendo con los soldados. Por el otro, los paramilitares, de ser guerrilleros. En medio de esa guerra murieron muchas personas. Las acusaciones costaban la vida.
Según el Registro Único de Víctimas, 5.057 personas padecieron directamente el conflicto armado en este municipio. La guerra se extendió hasta la dejación de armas de las Farc. De hecho, en el 2012 se presentaron 11 combates en el área rural de Lejanías entre la insurgencia y las fuerzas estatales. Tras la salida de dicho grupo armado se han presentado problemáticas como la extorsión y el aumento de la delincuencia común.
Un nuevo modelo de justicia
Los lejanienses se acostumbraron a tramitar sus problemas por vía de los grupos armados. Por eso, tras la salida de las Farc del territorio está el reto de implementar los sistemas de justicia estipulados en las leyes del Estado. La herencia de la guerra es la desconfianza en las instituciones. “La gente no ponía denuncias, por miedo de que los mataran ¿Qué tal que la Policía y el Ejército fueran amigos de los paramilitares?”, cuenta Romero.
Aunque las Farc dejaron las armas, el panorama para recuperar la confianza en las instituciones no es alentador, teniendo en cuenta que Colombia, para el 2015, tenía una tasa de impunidad del 99 %.
Con esa desilusión se ha encontrado el alcalde, quien cuenta que en 2016 varias instituciones estatales hicieron una redada contra una banda de expendedores de drogas, a quienes un juez dejó en libertad 24 horas después. “Algo importante cuando se habla de justicia es que el Estado apriete desde la parte judicial, porque la gente siente que la ley es muy blanda”, enfatiza el mandatario.
Una de las pruebas más amargas de los vacíos estatales en Lejanías la ha corroborado Galindo con el problema de la deforestación. Cuenta que cuando el control lo ejercía la guerrilla, imperaban las prohibiciones de deforestar, pescar con redes y cazar. “Uno como autoridad hace un llamado al Estado, porque nos ha quedado grande”, reclama. Se refiere a que, como él mismo denunció en enero del 2017, colonos llegados de diferentes partes del país han deforestado entre 100 y 150 hectáreas de la cordillera Oriental. El mandatario advierte que no prestarle atención a esa situación generaría serios problemas, porque en el municipio nacen ríos como el Güejar y el Ariari. Además, hay más de 1.200 quebradas y nacimientos de agua.
Teniendo en cuenta la distancia que existe entre las instituciones y la gente, que se da en varios municipios del país, se crearon los sistemas locales de justicia, que tienen presencia en Amalfi, Dabeiba, Remedios y Vegachí (Antioquia); Convención, Sardinata, Teorama y Tibú (Norte de Santander); Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán y Puerto Lleras (Meta), y San José del Guaviare (Guaviare).
La primera jornada del Sistema Local de Justicia en Lejanías se realizó el pasado 30 de noviembre, evento en el que estuvo Colombia 2020. Esta es una iniciativa del Ministerio de Justicia y la Alta Consejería para el Posconflicto, que cuenta con financiamiento del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia, y apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aunque a la cita no llegaron más de 200 habitantes del municipio, Galindo la resaltó como el primer paso para que la gente vuelva a creer en las instituciones.
Lea también: La semilla de la reforma agraria
El encuentro fue una imagen de cómo ha cambiado la realidad de Lejanías, un municipio que actualmente produce 2.000 toneladas de fruta a la semana. La cita se dio en la vereda Cacayal, donde en el 2001 las Farc secuestraron al polémico exgobernador del Meta Alan Jara. Galindo cuenta que desde que la guerrilla impuso su control en el área rural del municipio ningún alcalde podía ir a esa vereda, porque corría el riesgo de ser secuestrado.
Una escena retrata lo difícil que será el camino para que la confianza, minada en medio de la guerra, se recupere: en la jornada no se acercaron personas a la mesa de la Fiscalía, lo hicieron a la de la Defensoría del Pueblo. Aunque los hechos que exponían ante la funcionaria de la Defensoría muchas veces eran del resorte de la Fiscalía, los pobladores argumentaban que no le tienen confianza a esta institución
Galindo dice que el proceso será exitoso solamente si el Estado le demuestra a la gente que “es capaz de que todas esas violaciones de derechos humanos que se han vivido en sus territorios no se van a volver a repetir”.
El rol de los líderes sociales
Los líderes sociales son personas claves para que se den los cambios en los territorios. Argenis Romero, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cristalina, dice que varios de sus vecinos le han dicho que confían más en su gestión que en la de las autoridades.
“Hay problemas que uno como líder puede arreglar sin llevarlos a la Policía o a los entes más grandes”, sentencia. Además, cuenta que incluso en los años de la guerra las personas se acercaban a los líderes comunales para pedirles que intercedieran por ellos ante los grupos armados en ocasiones, por ejemplo, en las que sabían que habían dado la orden de asesinarlos bajo el argumento de que colaboraban con alguno de los bandos en confrontación.
Romero entiende el sistema de justicia estatal como una instancia a la que hay que recurrir solamente cuando no se logran dirimir los problemas por las vías comunitarias. Por eso, las juntas de acción comunal y las diferentes instancias organizativas de las regiones del país serán claves para cambiar el paradigma de justicia que se implementó durante años.
Ese reto lo entiende y está dispuesta a asumirlo, pues durante la guerra vio cómo decenas de sus coterráneos eran asesinados por la aplicación de la “justicia” impuesta por los actores armados. Ella resume el camino por construir con una frase: “No estoy de acuerdo con que le quiten la vida a ninguna persona, porque para hacer justicia existen las instituciones”.
La llegada de la administración de justicia es el primer paso para que los 15.000 habitantes de Lejanías se acerquen al Estado. Sin embargo, esperan que la presencia sea integral. Así lo dejaron por escrito en un pacto social y político que, en julio de 2017, firmaron 1.500 personas. En dicho documento, la comunidad se comprometió a apoyar los esfuerzos estatales y las Farc, representadas por los excomandantes José Manuel Sierra, conocido en la guerra como Aldinever Morantes, y Olivio Merchán, pidieron perdón por todo el dolor que causaron en el municipio.
Lea también: El comandante de la zona donde terminó la dejación de armas de las Farc
Asesinatos de defensores de DD.HH en Colombia
En su informe sobre 2017, la organización Front Line Defender expuso un dato alarmante frente a los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. De los 312 casos registrados, el 30 % se dieron en el país.
Aunque el informe documenta asesinatos en 27 países, la sumatoria de los casos de tan sólo cuatro es del 80 %. Estos son, en su orden: Brasil, Colombia, México y Filipinas.
El documento señala, además, que se esperaba que con el Acuerdo de Paz con las Farc la violencia se redujera. Sin embargo, advierte que los ataques contra defensores de derechos humanos son más altos que antes de que éste se firmara.
El 67 % del total de los defensores asesinados en el mundo eran personas que defendían la tierra, el medioambiente o los derechos de los pueblos indígenas en contextos cercanos a megaproyectos, industria extractiva y grandes negocios.