La lucha de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

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Para el profesor Darío Fajardo, lo que está sucediendo en el país en relación con la implementación del acuerdo de paz se resume en el tránsito entre los estertores de la muerte y los dolores de parto. Esta metáfora representa la agonía de un país administrado por el latifundio y los políticos tradicionales, y el renacimiento de una sociedad de origen campesino, indígena, afrodescendiente y con fuertes liderazgos de mujeres quienes en medio de las dificultades defienden lo acordado y proponen alternativas de implementación.

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Este es el caso de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), organización que ha decidido parir propuestas para salirle al paso a los incumplimientos por parte del Estado en la implementación del acuerdo de paz. Entre octubre y noviembre, las organizaciones campesinas han realizado: el Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas y Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en Chaparral (Tolima), la presentación de las rutas de protección territorial en Bogotá, el IV Campamento Ecológico y el I festival cultural campesino organizado por la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra - Red Agroecológica ACVC RAN, en el corregimiento de San Lorenzo, municipio de Cantagallo (Bolívar).

En estas actividades los/las campesinas se definen a sí mismos como sujetos políticos ambientales y promueven el enfoque de género, una figura revolucionaria si se tiene en cuenta que históricamente el campesino en masculino fue identificado como machista y depredador del ambiente. Ahora, con el liderazgo de las mujeres, esa imagen está siendo transformada por un movimiento que presenta sus experiencias de cuidado ambiental en medio de la guerra. Por ejemplo, desde los procesos de colonización en los años 60’s el campesinado de la actual ZRC del Valle del Río Cimitarra protege una reserva natural de alrededor de 70.000 hectáreas de selva virgen ubicada al sur de la serranía de San Lucas, parando la frontera agrícola con una línea amarilla pintada en los troncos.

 “Somos territorio, somos vida, la paz es de las mujeres campesinas”

Durante los tres días del Encuentro de mujeres campesinas y de las ZRC, realizado en el colegio Manuel Murillo Toro de Chaparral, la seguridad fue controlada por la guardia campesina del Tolima, un grupo de hombres y mujeres que se ha estado formando para la defensa de los derechos humanos y la protección del territorio, cuya autoridad recae en la dignidad campesina.

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El colegio ha sido dispuesto como zona de trabajo; en un costado del polideportivo funciona la “rancha” donde hombres y mujeres realizan los alimentos para el grupo. En los pasillos se forma una hilera de carpas de campesinas/os de todas las regiones del país, junto con estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional, especialmente de trabajo social. Ellos están encargados de las actividades lúdicas para los hombres y los niños/as, mientras que las mujeres deliberan sus propuestas y agendas.

En estos actos se evidencia un replanteamiento de las labores del cuidado que históricamente han estado a cargo de las mujeres. Este es uno de los primeros pasos para hacer frente a los altos niveles de desigualdad que las mujeres afrontan en la sociedad. Como lo explica el estudio del Ministerio de Salud sobre uso del tiempo de dedicación de hombres y mujeres rurales a las actividades relacionadas con el cuidado, “la participación de las mujeres en actividades no remuneradas es del 93% y la participación de los hombres es del 60,6%...las mujeres ocupan 5 horas 6 minutos más que los hombres en actividades no remuneradas del hogar”. De esa forma, un grupo de jóvenes artistas universitarios que enseñan a los niños y niñas a tocar la tambora mientras sus madres debaten en la asamblea sobre el futuro de su territorio, es quizás la manera más eficiente de darle sentido y valor a los oficios de cuidado. 

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Al finalizar, el Encuentro dejó como resultado una declaración ratificando el fortalecimiento de los procesos políticos, de participación y organización de las mujeres campesinas en el marco de las ZRC. Para lograrlo, ellas definieron una agenda que prioriza; el fortalecimiento de las formas organizativas y el reconocimiento al aporte político y social de las mujeres a la economía campesina y la construcción de paz.

Para que el campesinado cuente tiene que ser contado

Carmenza Gómez, presidenta de ANZORC, explica con datos y cifras porque la Asociación considera que el gobierno no tiene la más mínima intención de cumplirle a los campesinos. Según ella, el paso más sencillo para la implementación del punto de reforma rural es el impulso a la figura de ZRC, pero contrario a eso de las seis ZRC con Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) ninguna tiene presupuesto asignado para ejecutar estos planes. De las 7 ZRC en proceso de constitución, todas están a la espera que el gobierno cumpla con sus tareas. Por ejemplo, en la ZRC de Losada-Guayabero municipio de la Macarena (Meta) un año después de la audiencia pública y luego del asesinato de dos de sus reconocidos líderes, la Agencia de Renovación del Territorio no ha realizado los ajustes al PDS. Igual sucede en Güejar Cafre en el municipio de Puerto Rico (Meta), en este lugar la audiencia pública se hizo hace tres años, así mismo en el Sumapaz un año después de la audiencia pública, el gobierno no ha expedido la resolución.   

Otro tema recurrente de denuncia al gobierno nacional es la falta de garantías para la participación plena de las organizaciones y comunidades campesinas en los espacios de discusión y construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, los Planes Estratégicos Sectoriales, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la falta de articulación de todos los anteriores con los PDS creados por las ZRC. En este último punto, si se traslapan los territorios priorizados en los PDET con las ZRC hay una coincidencia del 90%. En ese caso, es evidente que se requiere la articulación de estas dos figuras territoriales que se complementan e integran.

Lo que está en juego con este incumplimiento es la oportunidad para reestructurar un viejo y excluyente ordenamiento territorial que en parte ha sido el causante de los alarmantes niveles de desigualdad que existen en el país. La idea de la participación de las comunidades permitiría que en la pirámide territorial, el corregimiento y la vereda empiecen a existir en las políticas públicas municipales, departamentales y nacionales. Pero al parecer ese cambio no es de interés de las instituciones responsables.

Por otro lado, los censos poblacionales son la principal herramienta para la construcción de políticas públicas que incluyan a todas las comunidades de estos territorios. Hasta la fecha, todos los conteos que se han realizado en el país desconocen la categoría campesino/a. Por esta razón, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH desarrolló un documento técnico para la conceptualización de lo “campesino” y de esta forma lograr que en el próximo censo poblacional sea reconocido este grupo social. Para reforzar este requerimiento del ICANH, ANZORC y Dejusticia han interpuesto una acción de tutela para que la definición del sujeto campesino/a sea reconocida en el próximo censo. Este ejercicio democrático lo han acompañado con la campaña “para que el campesinado cuente tiene que ser contado”

Finalmente, los cambios estructurales que está teniendo el acuerdo final en la reglamentación en el Congreso de la República ha ido minando la esperanza de las comunidades, especialmente las campesinas, que han visto en esta negociación una oportunidad histórica para que el Estado los reconociera. Frente a esta desazón generalizada, de nuevo el profesor Fajardo da una luz de esperanza cuando afirma que “lo importante del acuerdo es la experiencia y la producción pedagógica que permitió al campesinado construir una propuesta”. Esperemos que como sociedad tengamos la capacidad de escuchar y acompañar esa propuesta.