La justicia indígena está amenazada de muerte

Líderes indígenas que ejercen control territorial en el norte del Cauca a través de la justicia ancestral están amenazados. La condena a 20 y 40 años de prisión contra ocho disidentes de las Farc por el asesinado del guardia Edier Campo Hurtado a principios de marzo de este año, es un ejemplo del riesgo que padecen estas autoridades. 

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El miércoles 7 de marzo de 2018 las autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) impartieron justicia en el resguardo indígena de Pioyá y condenaron a más de 20 años de prisión a cada uno de los armados./Vicente Otero.

A medida que la guardia indígena se fortalece más riesgo corren sus autoridades. Esta figura ancestral, fortalecida en el sur del país por los indígenas nasa, fue la estrategia de esas comunidades durante el conflicto armado para protegerse de quienes tenían las armas. Capturaron, juzgaron y condenaron a militares y guerrilleros, y hoy hacen lo mismo, pero buscando consolidar el control territorial y la gobernabilidad ancestral. Esto último ha sido sinónimo de muerte, de exterminio.

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El último hecho que amenaza con vehemencia el derecho de los indígenas a impartir justicia en los territorios colectivos sucedió el lunes 5 de marzo de 2018. A las 12:10 de la madrugada nueve hombres vestidos de camuflado y con armas largas irrumpieron en la casa del cabildo de Pioyá, en donde las autoridades tradicionales analizaban la investigación contra Joel Corpus Dagua, un indígena nasa acusado de porte ilegal de armas en ese territorio ancestral del municipio de Caldono (centro del Cauca).

Dagua estaba retenido en el cabildo y uno de los guardias que lo protegía era el también comunicador Eider Arley Campo Hurtado. La casa del cabildo está al pie del cerro de Pioyá y en un descuido los hombres encañonaron a todos los guardias y raptaron al indígena que ese lunes en la mañana iba a ser juzgado por sus relaciones con disidentes de las Farc. "La comunidad lo iba a condenar a cinco años de prisión porque en los territorios ancestrales está prohibido las armas y pertenecer a grupos ilegales", dijo Neim Lame, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). 

Durante el proceso de aplicación de justicia, los guardias quemaron los fusiles y todo el material de guerra incautado a los ocho ilegales.

Los armados emprendieron la huida trepando el cerro de Pioyá y la guardia indígena pidió apoyo a los otros resguardos que componen ese gran territorio llamado Çxhab Wala Kiwe, el gran territorio nasa del norte y centro del Cauca. Dieciocho horas después de la persecución, cuando cientos de guardias indígenas de más de seis resguardos rodearon el territorio, lograron una hazaña que se hizo célebre entre los indígenas durante la guerra con las Farc: capturar, desarmar, juzgar y condenar, a pesar de la muerte.

En esa persecución fue asesinado el guardia Campo Hurtado. Le disparó Dagua, quien fue retenido junto a siete armados entre disidentes de las Farc y de otros grupos locales, quienes intentaban consolidar el control del territorio a través del miedo. Los desarmaron y los trasladaron a la plaza principal del resguardo de Pioyá, en donde realizaron la audiencia condenatoria el miércoles 7 de marzo.

¿Quiénes son los condenados? Es una pregunta obligada a la hora de entender el circulo de guerra que viven los pueblos indígenas en el país. Tanto Dagua como sus compañeros eran indígenas, algunos de los cuales estaban en proceso de reincorporación a la vida civil, tras haber dejado las armas por el acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno. “Es el circulo vicioso de quienes tienen las armas e intentan meter a más de nuestra gente para controlar los territorios indígenas. Nosotros estamos para impedirlo y por eso nos asesinan”, comenta Neim Lame.

Eider Arley Campo Hurtado, guardia y comunicador indígena asesinado el 5 de marzo de 2018, cuando perseguía a los armados que raptaron a uno de los capturados por esa justicia. 

Días después de este suceso, el ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) determinó expulsar a los tres excombatientes que estaban involucrados en la fuga del indígena y el posterior asesinado del guardia. Según la dirección nacional de esa colectividad "Luis Ernesto Guetio Ulcue, Cesar Augusto Guetio Ulcue y José Rodrigo Peña Camayo, se encontraban en proceso de reincorporación y están involucrados en el asesinato del joven indígena, quedan expulsados del partido FARC de acuerdo con nuestros principios y en consonancia con los acuerdos de paz".

La fusión de dos justicias

La audiencia comunitaria se convocó ese miércoles y más de 3 mil indígenas se agolparon en la plaza de Pioyá para entonar el himno de la guardia ancestral y para levantar el brazo a la hora de que leyeran las propuestas de condenas. Es un juicio colectivo y los acusados tienen todas las garantías de derechos humanos y del debido proceso. Por eso, también participaron la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, organizaciones internacionales y funcionarios del CTI, cuya función fue hacer las pruebas balísticas y encargarse de manipular para destruir los artefactos explosivos.

Después de dos horas, los seis investigadores que durante 24 horas recolectaron las pruebas y desarrollaron toda la investigación, leyeron los hallazgos a través de una línea de tiempo para que los comuneros supieran cómo sucedieron los hechos en los que fue asesinado uno de sus hermanos.

Las autoridades tradicionales y el equipo jurídico, quienes componen el grupo de investigadores, al final de la jornada preguntaron a los asistentes por el tipo de condena que preferían para los ocho sindicados: cárcel, cepo o fuete, o las dos últimas. La mayoría votó para que fueran a prisión durante 20 y 40 años cada uno, sentenciados de ser los responsables de atentar contra la justicia indígena y del asesinato del guardia y comunicador Eider Arley Campo Hurtado. Todos fueron enviados a la penitenciaria San Isidro de Popayán, en calidad de guardados ante la falta de centro de rehabilitación en los cabildos.

Joel Corpus Dagua, sentenciado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, violación a la jurisdicción indígena (fuga de presos), concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

En las últimas horas, de nuevo las autoridades ancestrales del resguardo de Jambaló recibieron amenazas puntuales de parte de un grupo que se hace llamar “Comando conjunto de occidente”. A través de un panfleto, declaran objetivo militar al secretario de Gobierno, Daniel Marino; al inspector de policía Lennin Dagua; y a la gobernadora indígena Zuly Campo. Todas las autoridades que ejercen control e impiden que su territorio siga siendo explotado como corredor del narcotráfico y las armas.

La semana pasada también resultó herido el exgobernador del resguardo indígena de Huellas Caloto, Nelson Pacué. Según el consejero Neim Lame, todo indica que son retaliaciones de grupos armados o bandas criminales a quienes, en el pasado, en su ejercicio de autoridad tradicional, les incautó y destruyó material de guerra y varias cantidades de marihuana. Como diría el propio Lame: la manera más efectiva para que los armados impongan su poder, es matando a quienes no queremos vivir bajo sus mafias e intereses particulares.

Es válido recordar que la investigación continúa, pues según el líder indígena Neim Lame, uno de los condenados confesó tener relaciones con miembros del Ejército Nacional, no obstante, Lame advirtió que ese testimonio aún está en proceso y que pronto habrá una audiencia pública para aclarar este asunto. De otro lado, dos armados lograron escapar y la guardia sigue en su búsqueda para condenarlos. 

Este panfleto amenazante llegó esta semana a las autoridades municipales e indigenas del municipio de Jambaló (Cauca). Intentan despejar el corredor de narcotráfico y armas que bloquearon las dos jurisdicciones de manera coordinada.

Los ocho sentenciados según el reporte de la autoridad ancestral y la Fiscalía General de la Nación:

Joel Corpus Dagua, sentenciado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, violación a la jurisdicción indígena (fuga de presos), concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Víctor Dagua Pito, sentenciado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Javier Pascue Yague, sentenciado a 30 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, desarmonización comunitaria y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

José Rodrigo Camayo Peña, sentenciado a 30 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desarmonización comunitaria y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

César Augusto Guetio Ulcue, sentenciado a 30 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desarmonización comunitaria y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Luis Ernesto Guetio Ulcue, sentenciado a 30 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desarmonización comunitaria y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Herney Corpus Dagua, sentencia a 20 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y desarmonización comunitaria.

Elkin Darío Campo Dagua, sentenciado a 20 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desarmonización comunitaria y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Recomendaciones de la ONU al Gobierno colombiano

En el último informe anual la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, recomienda al Gobierno que se modifiquen las medidas de protección en zonas rurales y que se fortalezcan las medidas de protección colectiva, como las guardias indígenas y afrocolombianas, como medio de protección individual y territorial.

Además, selaña, que las medidas de protección tienen limitaciones, puesto que los defensores de derechos humanos seguirán corriendo riesgos si no se abordan los factores estructurales de la pobreza multidimensional, las economías ilícitas, los vacíos de poder y la falta de presencia estatal.