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La disputa entre los Misak y los Nasa por una zona ancestral en Cauca

Ya van tres meses de desplazamientos, agresiones y ataques entre pueblos indígenas, en Caldono. Pese a intervención del Gobierno, el conflicto no cesa. Son siete los predios en disputa. 

Paulina Tejada y Sebastián Forero
11 de septiembre de 2018 - 02:19 a. m.
Sobre el número de familias Misak desplazadas no hay certeza. Según los guambianos, han sido alrededor de 162, mientras que el CRIC señala que son 21. /Foto: Pedro Josse Velasco Tumiña
Sobre el número de familias Misak desplazadas no hay certeza. Según los guambianos, han sido alrededor de 162, mientras que el CRIC señala que son 21. /Foto: Pedro Josse Velasco Tumiña

“Nupirowan wetotrappe chitokopiwan kutike wetotramikkon”, “recuperar la tierra para recuperarlo todo”, ha escuchado una y otra vez Edgar Velasco de la boca de sus padres. Ellos hicieron parte de una de las luchas de la comunidad Misak más emblemáticas de la historia de Colombia, que comenzó en 1960, a la que se sumaron otros pueblos indígenas alrededor del país: la de la recuperación del territorio ancestral.

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Sus ocho hermanos también los oyeron atentamente, al igual que sus 1.500 primos lejanos. Y así, sucesivamente, lo hicieron los más de 26.000 indígenas que conforman la etnia Misak. Tan manifiesta e irrebatible como la humedad helada que rodea los páramos del resguardo de Guambia, en el oriente del municipio de Silvia, Cauca, se convirtieron la resistencia de ese pueblo y su reclamo por los derechos territoriales. Y, con ellos, su autodeterminación cultural y su autonomía política.

La recuperación de la hacienda Las Mercedes, cuya luz verde se dio con el reconocimiento del gobierno de Belisario Betancur en los años ochenta, fue uno de los primeros pasos para la extensión de su resguardo, para así comenzar a bajar de la montaña a la cual habían sido desplazados y regresar a las tierras suyas de café, frijol y frutas. Desde entonces, el pueblo Misak o guambiano ha venido expandiéndose y repoblando aquellas zonas que consideran propias. De la misma forma lo ha estado haciendo la comunidad Nasa o de los paeces. Entre desplazamientos, convivencias pacíficas y luchas territoriales, ambos cabildos reclaman un mismo territorio. Ambos están seguros de que un terreno de 172 hectáreas, en Caldono, norte del Cauca, les pertenece.

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¿Cómo saber realmente a quién corresponde ese pedazo de tierra, cuando lo que más hace falta en Colombia es memoria? Según el antropólogo y docente de la Universidad del Cauca, Axel Rojas, “en esta disputa no hay una certeza”. Hay evidencia histórica que indica que, en la época precolombina, los Misak, hoy principalmente ubicados en Silvia, estuvieron en tierras más extensas, al sur en la cordillera central. Sin embargo, los Nasa también han poblado la vertiente occidental de la cordillera, y han llegado hasta el sur. De hecho, actualmente hay más familias paeces que guambianas en el municipio. “Los dos pueblos se han visto despojados en el pasado, y los dos pueblos se están viendo obligados a expandirse en el presente”, explica Rojas. Sin embargo, para él, “ambos dicen que son tierras ancestrales por el peso político, pero el problema real es que los dos tienen más población y menos recursos, y no hay suficientes tierras para que puedan crecer las poblaciones indígenas”.

Como los indígenas no se pusieron de acuerdo, el Estado tuvo que dirimir el asunto. Sin embargo, la forma en que ha intervenido “desconoce contextos y relaciones históricas, no se pregunta ni estudia y termina favoreciendo conflictos territoriales entre comunidades étnicas”, dijo el antropólogo.

Ya ha ocurrido en otros conflictos entre indígenas, afros y campesinos en el Cauca.

Fue precisamente una decisión del Estado la que hizo estallar los enfrentamientos por la ocupación de Caldono. Desde el 25 de junio de 2018, las montañas del municipio han sido testigos de sangre, despojos forzosos, gritos y golpes. Han escuchado petardos, papas bomba y machetazos. Han visto una contienda entre hermanos.

La intervención estatal

La disputa entre Nasa y Misak por dicha zona surgió hace más de 15 años, pero fue hace dos meses y medio que se convirtió en una guerra rural. “Antes, era un conflicto de palabra. En 2012, se convirtió en uno jurídico. Este año, pasó a ser uno muy violento”, cuenta el guambiano Velasco, líder social en temas de víctimas y restitución de tierras.

Resulta que seis de los predios en disputa fueron otorgados al Cabildo Ovejas Siberia, de los Misak, en 2009 por el entonces Ministerio de Interior y de Justicia, y el otro fue entregado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en 2013. Los siete predios fueron cedidos a los guambianos con el ánimo de que se sumaran a otros 22 para la constitución del resguardo indígena en Caldono.

Desde 2012, el Cabildo Laguna Siberia, de los Nasa, había intentado frenar la constitución del resguardo Misak por vía judicial (legitimando la mediación de la jurisdicción ordinaria). Su gobernador instauró tutela ante el Juzgado Segundo Civil de Popayán contra el Incoder por considerar vulnerado el debido proceso, pues no se hizo consulta previa. Ese despacho falló a favor de los Nasa y suspendió la creación del resguardo.

Los Misak contraatacaron. Cinco años después, también pusieron tutela. Consideraban que eran ellos los excluidos cuando se decidió frenar la construcción del reguardo. El Tribunal Superior de Popayán falló a favor de los guambianos (o Misak).

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La Agencia Nacional de Tierras (ANT), descongeló el proceso y comenzó el trabajo de campo para constituir el resguardo. Ese fue el detonante para que el 25 de junio los paeces (o Nasa) decidieran invadir los siete predios y, a partir del 19 de julio, desplazar a los Misak de los territorios.

Capítulo aparte merece el papel jugado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, al que pertenece la guardia indígena. Según Neis Lame, consejero mayor de esta entidad, ha actuado como mediador, pero es evidente que ha respaldado el reclamo de los Nasa. De hecho, los Misak han denunciado que la ocupación de las fincas no se ha dado solo por miembros del cabildo Laguna Siberia sino también de la guardia del CRIC.

“Ha sido precisamente esa ocupación la que no ha permitido que los diálogos entre ambos pueblos prosperen”, relata el taita Jesús Tunubala, exgobernador Misak del Cabildo Indígena de Guambia, Silvia. Según él, hasta que la guardia indígena y los Nasa no se retiren de los predios, los Misak no llegarán a un consenso.

Sobre el número de familias desplazadas no hay certeza. De acuerdo con Tunubala, han sido alrededor de 162, mientras que Neis Lame señala que son 21. Tanto niños paeces, guambianos y campesinos han dejado de estudiar desde que comenzaron las agresiones. Se han registrado más de 40 heridos.

Según Velasco, ya van 11 intentos de diálogo entre las comunidades con el apoyo de delegados de la Gobernación del Cauca, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería municipal, la ONU y la Comisión de la Verdad. El padre Francisco de Roux visitó la zona hace dos semanas para mediar el asunto. Aun así, ninguno ha sido del todo exitoso.

“Aún hay tres predios ocupados irregularmente por la Guardia Indígena y 488 personas que se encuentran en condición de víctimas de desplazamiento forzado, refugiadas en el polideportivo del corregimiento de Siberia desde el 19 de julio”, dice la última comunicación de la Autoridad Nu Nakchak del pueblo Misak.

¿Cuál es la solución? Según Velasco, que la discusión pare de girar alrededor de argumentos ancestrales: “eso radicaliza el conflicto porque cada uno está seguro en su memoria colectiva, pero necesitamos ver hacia adelante. Tenemos la experiencia histórica de construir paz, de resistir en los territorios y de fortalecernos como etnia, como para ahora estar enfrentados entre hermanos”, manifiesta.

Para Yovany Yule, comunero del pueblo Nasa y coordinador del programa político del CRIC, este es un conflicto que más allá de ser un reclamo de dos pueblos indígenas sobre un mismo territorio, revela la profunda necesidad de acceso a tierras de parte de comunidades indígenas, pero también afro y campesinas. “Nos faltan tierras, acaparadas por la industria cañera, las multinacionales, los terratenientes y las grandes mafias. Se lo hemos manifestado al Gobierno. Hay mucha población, pero el territorio es poco”, señala.

El pueblo Misak, el Nasa y miembros del CRIC quieren llegar a un acuerdo directamente entre ellos, en una mesa de negociación. Pero la justicia ordinaria tiene la responsabilidad de ayudar a resolver el litigio.

Por Paulina Tejada y Sebastián Forero

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