La desaparición del grupo de género de la Unidad de Víctimas preocupa: investigadoras FIP

Génica Mazzoldy e Irina Cuesta hablan de la importancia de fortalecer el enfoque de género como política del Estado, en especial para pensar el retorno de las mujeres desplazadas. 

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Las mujeres desplazadas que han regresado no tienen condiciones de vida adecuadas para mantenerse en su deseo de retorno. / Cristian Garavito - El Espectador

De las 7’219.471 personas que se han visto obligadas a desplazarse por la guerra en Colombia, 3’683.242 son mujeres. Representan más de la mitad de víctimas del conflicto armado. Por eso la puesta en marcha de la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc ha sido una oportunidad para pensar su retorno y reubicación. En ese sentido, el informe “Retornos de mujeres a zonas rurales, recomendaciones de política pública”, que publica la Fundación Ideas para la Paz, es un documento relevante para pensar las prioridades y particularidades que enfrentan las mujeres que se han resistido a perder el arraigo con su territorio. Un tema vigente porque, aunque los desplazamientos individuales han bajado, los destierros masivos vienen creciendo.

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En 2017, la Oficina de Nacionales Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) registró 147 desplazamientos masivos que afectaron a cerca de 18.000 colombianos, principalmente en Nariño, Chocó y Putumayo. Y solo en los primeros días del año, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento de más de mil personas por enfrentamientos o amenazas en zonas del litoral Pacífico, como Buenaventura y Magüí Payán (Nariño), Bajo Cauca, sur de Córdoba y en los límites entre Boyacá y Casanare.

Aunque el Acuerdo de Paz alivió un poco la crisis humanitaria que teníamos, se siguen dando nuevas y más víctimas de desplazamiento, la mayoría de ellas mujeres. ¿Cree que la política estatal está preparada para atender el fenómeno?

Génica Mazzoldy: No. De hecho, la Unidad de Víctimas ha estado trabajando en un nuevo decreto para cambiar el procedimiento de reconocimiento de la medida de indemnización administrativa, que encendió las alarmas de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448. Esto por no hablar de la baja ejecución presupuestal con la que cuenta la entidad.

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¿A qué se refiere?

Un informe de septiembre del año pasado sobre este aspecto, elaborado por su oficina de Control Interno, advierte que existe un nivel medio de ejecución, ya que hasta ese momento se había comprometido el 48,8 % de la apropiación vigente y los pagos realizados equivalían sólo al 39,63 %. Una preocupación que se suma a que en una resolución del 22 de enero la Unidad de Víctimas creó un solo grupo de enfoques diferenciales, acabando con el grupo de mujeres, género e identidades de género diversas que tenía.

¿Cuál era la importancia de este grupo?

Que ese grupo desaparezca va en contra de la realidad del desplazamiento y del impacto que ha tenido sobre las mujeres. Es restarles reconocimiento a los derechos de las mujeres y a lo que implica la transversalización de esta mirada en la política pública.

¿Por qué es importante incluir un análisis de las condiciones que necesitan las mujeres que fueron obligadas a desplazarse?

Porque, por ejemplo, según cifras suministradas por la misma Unidad de Víctimas, las mujeres son jefas de hogar en la mayoría de los hogares de población desplazada que han sido atendidos en procesos de retorno (53 %), de reubicación (55 %) o de reintegración local (57 %). Sin embargo, quienes han regresado no han encontrado las condiciones de vida adecuadas para mantenerse en su deseo de retorno. También están quienes tienen la intención de volver pero que la dinámica de la política pública se convierte en una barrera para su progreso.

Eso quiere decir que pese a todo las mujeres retornan…

Irina Cuesta: Sí, con política o sin política, con acompañamiento institucional o no, las mujeres desplazadas vuelven a sus territorios, porque tienen unos sentidos territoriales y de pertenencia que las hacen regresar. Son ellas las que mayoritariamente intentan reconstruir el tejido social, sus casas, sus lazos familiares rotos por la guerra.

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¿Por qué una mujer retorna?

I.C.: En las entrevistas y testimonios que hicimos encontramos que ellas no retornan si el Estado les ayuda con el mercado, o si les da pintura para pintar la casa porque se ve muy fea. Ellas retornan por el sentido del territorio que tienen. Fue el caso de las mujeres de El Tigre, en Putumayo, que volvieron pese al desplazamiento, porque su barrio lo habían construido de manera colectiva a finales de los noventa. Ellas insisten en que entre todas pueden crear las condiciones dignas para conservar su permanencia allí.

Pero se requieren condiciones de seguridad y dignidad mínimas, como ustedes mencionan en el informe…

G.M.: Claro. Por eso, cuando les ofrecieron pintura para tapar los grafitis que los paramilitares pintaron en sus casas, algunas se negaron. No están buscando un concepto de bienestar estético, sino de dignidad, porque no solo se trata de regresar, sino de una intención de permanecer y quedarse allí. Los principios internacionales dan tres condiciones para que se dé el retorno: una es seguridad, la otra voluntariedad y la tercera es dignidad. Hasta hace unos meses, en la Unidad de Víctimas utilizaban un concepto que abarcaba esto y era el de reparación transformadora, que tiene en cuenta otros elementos en el caso de las mujeres.

¿Cómo cuáles?

G.M.: Que no haya violencia contra las mujeres, que haya más equidad entre hombres y mujeres en relación con lo económico, lo productivo, y su participación en las decisiones sobre el territorio.

Por ejemplo, ustedes resaltan que esta política pública de retorno debe tener en cuenta a las mujeres que decidieron no tener familia…

G.M.: Así es. La política pública no debe pensar solamente en clave de mujer igual a madre de familia. No. Hay otras posibilidades y otros roles que empoderan y de esta forma son desconocidos.

¿Cómo abordaron los obstáculos que tienen las mujeres rurales para ser propietarias de la tierra?

G.M.: En este informe nos concentramos en el análisis de la política pública de tres entidades. Una de esas es la Unidad de Restitución de Tierras porque el proceso de retorno debe venir acompañado de un proceso de restitución. Encontramos que allí hay una apuesta en términos del derecho a la propiedad de las mujeres, y que tienen un enfoque interesante a la economía del cuidado.

Pero para transformar las relaciones en el campo no solo se necesita que ellas tengan tierra a su nombre…

G.M.: Exacto. Se trata también de generar cambios que permitan que ellas tengan un mejor acceso a lo “productivo” en el campo y que se reconozca y se visibilice todo lo que ellas aportan desde lo reproductivo para ese desarrollo rural, por ejemplo. Las mujeres en el campo padecen violencia económica, patrimonial, con sus parejas. Son discriminadas en espacios de participación y educación. Por eso se necesitan articular todos los eslabones institucionales para que se den las condiciones y las garantías de retorno de ellas.