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“El enfoque étnico que se incluyó en el acuerdo final de paz fue ganado con la propia lucha de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, dijo Iván Márquez en su discurso el pasado miércoles cuando la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano, después de cuatro años de dialogo, cerraron la mesa de negociación y lograron un pacto para ponerle fin a una guerra de más de medio siglo.
Ese día, antes del anuncio, a La Habana llegaron los voceros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y del Proceso Nacional de Comunidades Negras (Pcn), con una propuesta de 20 páginas, las cuales quedaron resumidas en cuatro dentro del documento final. “Teníamos la alegría porque se iba a firmar la paz, pero la angustia porque no se nos había escuchado. Finalmente se logró incluir los puntos más importantes de la agenda étnica”, refirió Gerardo Jumí, líder indígena de la Onic.
Pues bien. Los puntos neurálgicos para estas comunidades están contenidos en principios y garantías para el mantenimiento de la consulta previa y el respeto a la jurisdicción especial indígena, especialmente en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que se implementarán en los municipios de posconflicto seleccionados por el Gobierno y las Farc.
Así mismo, quedó incluido el enfoque diferencial en el fondo de tierras, participación política, reconocimiento de la guardia indígena y cimarrona, y en la solución del problema de drogas ilícitas. En todo caso, dejaron consignado que “la implementación de los acuerdos nunca irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos”. Un logro de no regresión a las conquistas de indígenas y afros en la Constitución de 1991.
En cuanto al tema de participación política, por ejemplo, se garantizará la inclusión de candidatos de los pueblos étnicos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz - CTEP, para la elección de 16 Representantes a la Cámara en zonas afectadas por el conflicto, cuando esa circunscripción coincida con sus territorios. Es decir, explica Jumí, que se garantiza la participación en listas donde también tengan éxito los indígenas como víctimas de esas regiones. Esto, según el documento final será de manera temporal y por dos períodos electorales.
En el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral, que acordó un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación, el capítulo étnico dice que “se incluirán a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos”. Es decir, sin tocar los resguardos constituidos. En cambio, se propone la formalización de los que están en trámite y la solución a los problemas territoriales interétnicos.
Mientras tanto, en el punto en el cual se acordó el diseño e implementación del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones, el enfoque étnico tuvo un logro histórico: el reconocimiento y fortalecimiento de la guardia indígena y cimarrona (afros), para que, ahora sí, legitimados por el Estado continúen prestando seguridad a sus dirigentes y sean los encargados del control social y territorial.
“Que el Gobierno financie a la guardia indígena y cimarrona como parte de la justicia propia de las comunidades ancestrales, quedó implícito en el capítulo. Sobre cualquier función que se delegue y que tenga que ver con el orden de la sociedad hay que descentralizar recursos, no pueden haber responsabilidades sin ello”, apunta Jumí. A la par, Jorge Santos, líder del Pcn, dijo que la guardia Cimarrona se viene fortaleciendo desde 2013 como un instrumento que ejercerá, conjuntamente con la junta del consejo comunitario, el control del territorio.
El otro escollo que atormentaba principalmente la cultura de los indígenas, era el programa de solución del problema de drogas. Y no es porque estas comunidades estén en desacuerdo con atacar el flagelo, sino que se proteja la mata de coca como una planta ancestral utilizada por aborígenes para el mambeo y otros rituales. “Todo lo que tenga que ver con el uso espiritual de esa mata no se va a judicializar. Es que no es lo mismo tener 2 hectáreas para eso y 30 para comercializar ilegalmente”, subraya el líder.
Ahora bien, lo que no quedó muy claro es la ruta que permitirá articular la Jurisdicción Especial para la Paz y la justicia indígena, aunque se acordó que habrá concertación para no chocar. O sea, que las organizaciones representativas de los pueblos étnicos concertarán un programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados pertenecientes a dichos pueblos, que opten por regresar a sus comunidades, para garantizar el restablecimiento de la armonía territorial.
Por ejemplo, en el tema de los indultos o la amnistía para los guerrilleros condenados por la justicia indígena o para los aborígenes que salen de las filas guerrilleras, aún no está dicho que estas comunidades vayan a acoger la medida en el marco de la justicia transicional. Según el líder de la Onic, tendrán que reunirse con la base social para tomar esa decisión.
“En Toribio, Cauca fueron condenados a 40 años dos guerrilleros. Entonces, la asamblea indígena que ejerce la justicia, en un ambiente de paz, deberá decidir si los dejan 40 años en la cárcel o 5, como lo establece justicia especial de paz”.
En conclusión, fue un acuerdo bueno para ambas comunidades, pues hasta lograron incluir, como un gesto de voluntad de paz, del Gobierno y las Farc-EP, un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak, el pueblo Embera Katío del Alto San Jorge, resguardo Cañaveral, así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y frontera y Curvaradó y Jiguamiandó. Será un acto de devolución de más de mil hectáreas ocupadas actualmente por cultivos de uso ilícito, miembros de la guerrilla y colonos, refirió Gerardo Jumí.