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“Gracias a Dios ya lo superé”, dice Martín Sierra* con un hilo de voz que el llanto echa abajo. El campesino de 48 años llegó hace 20 días al albergue de paso Solferino, de la Cruz Roja, procedente de El Bordo (Cauca), para intentar otra vida. Lleva cambiando un desplazamiento por otro desde noviembre de 2007. Lo mejor será contarlo desde el principio.
Martín Sierra no podía ver bien: la oscuridad de la madrugada escondía a los hombres que estaban detrás de los matorrales y que luego irrumpieron en la hacienda ganadera donde trabajaba, a cinco horas de San José del Guaviare. La razón: el dueño de la finca, que vivía en el extranjero, dejó de pagar la vacuna a los paramilitares. El hombre que lideraba la arremetida —tez oscura, 1,80 metros— arrodilló al administrador de la finca y le descargó el fúsil en el cuello. La sangre corría espesa por las botas del comandante. El césped recién cortado era un pantano viscoso, vinotinto.
“Hijueputas, malparidos, ¿cómo al Ejército sí le corren?”, escupió la esposa de Sierra. De pronto sonó un rafagazo: su mujer y sus cuatros hijos cayeron sobre la hierba. “Yo creo que no lo hicieron por nosotros, sino por la actitud de ella. Una vez le dije: ‘Mija, usted debe moderar sus sentimientos’”. A Sierra le habían entregado una pistola de dotación para cuidar las 5.600 cabezas de ganado que había en la hacienda. Luego de ver los cadáveres en el suelo, sintió el frío del arma contra su espalda. Se le olvidó Dios, se le olvidó el diablo: la desenfundó y la vació en el cuerpo del comandante.
Los paramilitares respondieron con disparos, mientras Sierra saltaba una cerca que separaba la finca de un abismo de 15 metros de profundidad. Después de estrellarse contra la tierra, pasó un caño con brazadas rabiosas sin haber nadado nunca. Bajo un sol de 42 grados, caminó cuatro días hasta llegar a la trocha ganadera de San José del Guaviare. Cuando el cuerpo dejaba de obedecerle se tumbaba al lado del camino, en el monte, por miedo a que lo encontraran. La imagen seguía galopando en su cabeza: su esposa y sus cuatro hijos tendidos sobre la hierba.
Lo que vino después de ese noviembre de 2007 fue cambiar un desplazamiento por otro. Viajó de San José del Guaviare a Bogotá, donde compró discos piratas para vender en las calles: fue corrido por la Policía. Echó a andar una carreta con dulces y cigarros: fue expulsado de las calles. Su madre, que reside en Argelia (Cauca), le propuso irse a vivir con ella. Allá se negó a participar en las actividades de los grupos ilegales (sembrar minas antipersonal, lanzar pedradas a la Policía, servir de campanero): tuvo la misma suerte.
De Argelia a El Bordo, otro pueblo del Cauca, para matar ganado, donde se asentó con una indígena y sus dos hijos. “Le voy a dar una horita para que se vaya. Si lo encuentro a las 7:00 de la noche, lo raspo”, le advirtió un guerrillero. Ese fue el detonante para que Sierra regresara a Bogotá hace tres semanas. Lo hizo con su pareja. Los niños se quedaron en el Cauca al cuidado de una profesora.
El albergue Solferino
Buena parte de las víctimas del conflicto que llegan a Bogotá no saben a dónde acudir. Duermen en las terminales de transporte o en los parques y buscan orientación sin respuesta en las alcaldías locales y en los hospitales. Ese fue el caso de Martín Sierra. Solo a través del voz a voz se enteró de los Centros Dignificar, a cargo de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas de Bogotá, donde se toma la declaración de los desplazados. Existe uno en cada localidad y otro en la terminal de transportes de Salitre.
Sierra entregó su relato en el que queda en la avenida Caracas con calle 22 Sur, donde un equipo de abogados, sicólogos y trabajadores sociales valoró la veracidad de su testimonio y, después de aprobarlo, lo remitió al albergue Solferino, de la Cruz Roja, un hogar de paso ubicado en el barrio Calvo Sur de la localidad de San Cristóbal, con capacidad para hospedar a 80 personas.
Desde noviembre de 2008, cuando fue creado, ha atendido a 12.562 personas, un promedio de 1.500 al año. A los que llegan les brindan techo máximo un mes. “Hubiera querido recibir tratamiento sicológico en 2007, calor humano, y solo lo tengo ahora. La Alta Consejería me ayudará con un mes de arriendo para arrancar”.
La casa cuenta con habitaciones especiales para ancianos y discapacitados. Todo luce limpio. Una sicóloga y una trabajadora social se encargan de hacer una entrevista inicial para identificar las necesidades de las familias. A las 6:00 de la mañana los huéspedes deben abandonar los dormitorios y solo pueden volver a las 6:30 de la tarde. En el día salen a buscar empleo o participan en los talleres de preparación de alimentos y educación que ofrecen en el lugar. “La idea es que cuando salgan de aquí no sigan tocando puertas para encontrar dónde dormir y dónde comer. Este es el primer paso para que retomen su proyecto de vida”, dice Jéssica Rivas Sánchez, coordinadora del albergue.
Y aunque allí les tienden una mano, no llena las expectativas con las que se acercan todas las víctimas. Jesús Rocha Gutiérrez, desplazado de Santa Marta, esperaba que, cuando estaba enfermo, le suministraran medicamentos; le molesta que su camarote esté disparejo y, sobre todo, siente que los empujan a la calle sin darles opciones reales para rehacer sus vidas.
La coordinadora del albergue explica que hay servicios que la Cruz Roja no puede brindar, como suministrar medicamentos; solo pueden remitir a quienes se enferman al hospital más cercano. Además, la idea es impulsar a las víctimas a conseguir trabajo, porque si los incluyen en el registro único de víctimas (que es nacional) la Alta Consejería de Bogotá les retira su apoyo. “Los contactamos con empresas de empleos temporales. Hay casos, sin embargo, en que las familias deciden no trabajar por el mínimo”, dice Rivas.
Casa Volver
El contraste entre los que agradecen y los que reclaman es para la Cruz Roja prueba de que, en materia de atención a víctimas, falta mucho por hacer. Saben que la atención que brindan en su albergue es básica yquieren hacer algo más grande. Por eso están embarcados en un nuevo proyecto: la Casa Volver, que será el primer centro de la entidad para la atención integral de víctimas.
Érika Cardona Patiño, quien lo coordinará, explica el propósito: brindar orientación sicológica, jurídica y social. Tener un espacio con abogado, sicólogo y trabajador social; con salones para terapias alternativas y talleres de emprendimiento; una ludoteca para que los niños jueguen mientras los adultos dan su declaración; un consultorio de primeros auxilios, y cubículos para voluntarios. No prestará servicio de hospedaje y el público que lo necesite (habitantes de calle, por ejemplo) podrá ser atendido. El acompañamiento, dice Cardona, será de largo aliento, algo que el albergue Solferino no puede garantizar.
El proyecto ya tiene los primeros padrinos. Un banco donó el inmueble donde funcionará el centro, ubicado en la carrera 20 con calle 24 (junto al Centro de Memoria Histórica). Sin embargo, faltan al menos $2.000 millones para adecuar la construcción de 510 metros cuadrados, un poco más pequeña que la cancha de el estadio El Campín. Para conseguirlos, adicionalmente al tradicional Día de la Banderita, que se celebra mañana a nivel nacional, en Bogotá implementarán otras estrategias. Sus voluntarios no recorrerán las calles con alcancías para recibir donaciones, pues lo que han recaudado en años anteriores es insuficiente para costear el ambicioso proyecto. El año pasado, por ejemplo, solo recaudaron $42 millones en Bogotá.
El 27 y 28 de mayo realizarán una colecta en centros comerciales y peajes. Visitarán a medianos y grandes empresarios para que se sumen. El cineasta Sergio Cabrera dirigirá el cortometraje Calixto, que contará en seis minutos la historia de una familia víctima del fuego cruzado en Venecia (Magdalena). La idea es estrenarlo en junio y que sea gala para que empresarios paguen su puesto por asistir a la premier.
De conseguir el dinero, este centro ayudará a desplazados como Martín Sierra a conocer sus derechos y a recibir tratamiento por las heridas de guerra, en una ciudad que registra 636.000 víctimas, según la Alta Consejería. “Solo espero que algún día encontremos un lugar para dejar de deambular”.