En cinco municipios de Putumayo

Formalización de tierras, un camino contra la siembra de coca

La Agencia Nacional de Tierras entregó títulos de propiedad para formalizar las propiedades de 60 familias excocaleras.

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Unas 21.000 familias podrían entrar al programa “Formalizar para Sustituir” una vez erradiquen sus cultivos ilícitos. / EFE

Villa Garzón, un pequeño y caluroso municipio del Piedemonte Amazónico, en el norte del departamento de Putumayo, fue uno de los territorios más afectados por el conflicto armado interno en Colombia. Su clima y las propiedades de sus suelos lo convirtieron en un productor natural de mata de coca; su ubicación, cercana a la Costa Pacífica, en una de las estaciones obligatorias de la ruta del narcotráfico.

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El auge de los cultivos ilícitos en el municipio acabó con la agricultura y trajo consigo la violencia. Durante las últimas tres décadas de guerra, el Epl, el M19, las Farc, el Eln, los paramilitares, el Ejército y la Policía se disputaron el control de sus praderas y sus montañas.

“Cada año, durante las épocas más difíciles del conflicto armado, en el casco urbano y en las veredas de Villa Garzón morían asesinadas entre 80 y 120 personas, un promedio de dos muertos por semana. Sin embargo, el año pasado, el primer año de la paz con las Farc, sólo una persona perdió la vida de forma violenta”, aseguró Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, durante la entrega de 60 títulos de propiedad para formalizar las tierras de familias excocaleras de cinco municipios del departamento de Putumayo.

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La nueva realidad de Villa Garzón no sólo ha mejorado la calidad de vida de sus campesinos, acostumbrados a los enfrentamientos y a las amenazas, sino que les ha permitido retomar la ganadería y volver a sembrar plátano, yuca, hortalizas y chontaduro, como en los buenos tiempos. “La seguridad de la región ahora está muy bien. Estamos tranquilos. Vivimos sin miedo”, dijo Luis Eduardo Otaya Valencia, uno de los pocos campesinos de Villa Garzón que se negaron a sembrar coca, mientras recibía el título de propiedad de su finca de manos del vicepresidente Naranjo y de Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Esta entrega de títulos se dio en el marco del programa especial de formalización para familias excocaleras “Formalizar para Sustituir”, que arrancó hace ocho meses como parte de la implementación de los acuerdos de paz de La Habana.

“La escritura es a la tierra lo que la cédula al hombre: una carta de presentación, una llave para abrir todas las puertas”, reconoció Luis Otaya, al recordar todas las veces que los grupos al margen de la ley lo obligaron a abandonar su finca en la vereda La Esperanza, para preservar su vida.

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“Estos títulos premian a las familias que conservaron su tierra en la legalidad y a las que desde hace tiempo sustituyeron los cultivos de coca por otros productos”, dijo Naranjo. Y añadió que de ahora en adelante los nuevos propietarios podrán acceder a créditos, programas de capacitación y subsidios de vivienda para mejorar la producción de sus cultivos y su calidad de vida.

Samper Strouss aseguró que en la primera fase de este programa se han invertido $13.000 millones y se han formalizado más de 600 predios en Cauca, Antioquia, Nariño y Putumayo.

La iniciativa, además, ha arrojado un resultado inédito en el país: una resiembra de matas de coca igual a cero. “Normalmente hay cierto grado de resiembra en los distintos programas de sustitución de cultivos. Es decir, la gente que abandona los cultivos y no encuentra oportunidades con otros productos, vuelve a cultivar coca. El título es el incentivo más poderoso para que las familias sigan trabajando en la legalidad”, aseguró Samper Strouss.

En los próximos meses, la ANT espera entregar otros 6.700 títulos de propiedad, para completar 7.300 familias campesinas beneficiadas. Al mismo tiempo, la entidad está estudiando el caso de otras 21.000 familias que, después de terminar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos, podrían entrar formalmente al programa de formalización de la propiedad rural.

“Estas familias no pueden arriesgarse a sembrar una sola mata de coca en sus predios porque, de hacerlo, el Estado tendría la obligación de extinguirles el dominio sobre esa propiedad”, indicó Javier Flórez, director de “Formalizar para Sustituir”.