"Estas manos deberían tener un cuaderno": raspachines de Tumaco

La falta de acceso a la educación en zonas rurales del municipio de Tumaco ha aumentado la cantidad de menores trabajando en cultivos ilícitos.

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Gustavo Torrijos

Desde el casco urbano del municipio de Tumaco son casi tres horas hasta llegar a Peña de los Santos, la última de las quince veredas sobre el río Rosario. Hay que pasar de lancha a canoa –o potrillo, como le llaman allá-, porque el río está bajito y la corriente está en contra. Peña de los Santos está ubicada en un territorio recóndito, que hace parte del Consejo Comunitario Unión del Río Rosario, con poca o nula presencia estatal y a donde muy rara vez llegan los medios de comunicación.

A nuestro arribo, un joven nos guía por un camino de fango que lleva a un laboratorio para el procesamiento de coca. Cuenta él que cuando es época de ir a raspar lo buscan los dueños de los cultivos, o simplemente va y se ofrece. No tiene que ir muy lejos. “Pero es duro, porque a uno le toca dormir allá en el monte, y qué tal si aparece un tigre, o vienen los aviones de noche a quemar los laboratorios. Uno vive asustado. Al otro día toca levantarse de mañana, cepillarse, bajar con los costales a raspar la coca. Y así sucesivamente”.

Para los jóvenes de Peña de los Santos, que han crecido en medio del conflicto armado, hablar de la coca es tan natural como hablar del cacao. Es tan cotidiano, que a unos 200 metros de la escuela y de la cancha de fútbol hay laboratorios para el procesamiento de pasta base. Hay laboratorios y cultivos al lado de las viviendas que componen la población. (Vea aquí un video sobre los raspachines de la zona rural de Tumaco)

En veredas tan aisladas y con tan poca institucionalidad, la educación suele ser discontinua. Pero este año ha sido especialmente preocupante porque, debido a la falta de docentes, los niños llevan ya más de seis meses sin ir a clase. Esto ha generado deserción escolar y ha aumentado la cantidad de menores trabajando en cultivos.

Cuando el profesor vuelva, tal vez sea demasiado tarde, porque cualquier menor entenderá que es más rentable trabajar que estudiar. Dicen los pequeños raspachines que la arroba la están pagando a alrededor de $6 mil. Como nuestro guía ya está acostumbrado al trabajo, le rinde. En tres días hace 27 o 30 arrobas, y así le pagan. Con la plata le ayuda su mamá, porque necesitan ampliar la casa, o se toma una cerveza, o va al casco urbano de Tumaco a comprar ropa. “Para eso lo único que se puede hacer es… coca, es lo único que da ingresos. Esa es la realidad, aunque uno sabe en el fondo que para el futuro es mejor estudiar y que estas manos en vez de matas de coca deberían tener un cuaderno”, dice. En un día pueden ir alrededor de 15 jóvenes de la vereda a trabajar en los cultivos.

La imagen de la escuela desocupada y los niños raspando coca es una constante en las zonas rurales de Tumaco. Célimo Cortés, representante legal de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico (Recompas), una organización que tiene jurisdicción sobre 254 mil hectáreas y 45 mil habitantes, dice que esta situación se repite hoy en por lo menos 192 comunidades, de las 364 que hay. Ocurre sobre todo en el sector rural y no es un fenómeno reciente sino de toda la vida. “Aunque en los últimos cinco años se había mejorado en educación, los profesores empezaron a faltar, a trabajar muy poco”.

Según Célimo, el problema se agudizó con el concurso de docentes que promueve el Ministerio de Educación. A las 192 comunidades que van a estar sin docentes, se les suma que las 14 instituciones educativas tendrán sólo la mitad de los docentes. “Y lo más delicado es que el 80 % de los docentes de las áreas elementales de la secundaria están saliendo de sus territorios, porque concursaron para directivos y rectores y esas plazas no van a ser nombradas, quién sabe hasta cuando”.

La falta de acceso a la educación se traduce en más menores trabajando en los cultivos ilícitos. Esto es lo que más preocupa a la comunidad, porque ve que su futuro seguirá inserto en la ilegalidad. Una de las pocas organizaciones que trabaja por impulsar el acceso a la educación en estas zonas es el Consejo Noruego para Refugiados. Su director para Colombia, Christian Visnes. dice que “durante los últimos años hemos conocido, censado y atendido a miles de menores que por años no habían podido acceder a la escuela debido al conflicto armado. Es fundamental que hoy tengan la oportunidad de recuperar los años perdidos y que la educación se convierta en el medio para promover derechos y proteger sus vidas. Para lograrlo se necesita un esfuerzo enorme por parte de Colombia y una decidida complementariedad de la comunidad internacional”.

La escuela vacía de la vereda Peña de los Santos

Un censo implementado con la Secretaría de Educación mostró que entre 2014 y 2016 se identificaron 25.434 menores desescolarizados y el 75 % de ellos está en las zonas rurales del municipio. En las zonas más afectadas por el conflicto (El Charco, Iscuandé o Tumaco), 6 de cada 10 menores desescolarizados son desplazados por la violencia.

Pero no son sólo los menores, sino poblaciones enteras las que dependen de la coca para su supervivencia, porque no tienen otra alternativa. No hay vías para comercializar otros productos. Por eso, dicen los habitantes, cada vez que el Gobierno fumiga o erradica, los que sufren no son los narcotraficantes, sino los cultivadores. Como no hay otra opción, después de la erradicación tienen que buscar otras áreas para seguir sembrando coca. Y así sucesivamente.

La implementación de los acuerdos de paz con las Farc exige una solución para estos cultivadores. La aplicabilidad del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos que se negoció en La Habana despierta ciertas esperanzas en estas poblaciones. Jairo del Castillo, representante legal del Consejo Comunitario Río Rosario, explica que la coca la trajeron de otros territorios del país y se quedó en muchas zonas de Tumaco por el abandono estatal. “Ahora que hablamos del proceso de paz, tiene que llegar el Estado a las comunidades. Hay que exigirle que nos apoye con proyectos productivos, vivienda, salud, educación, todo lo que le compete y que nunca ha hecho. Los jóvenes quisieran estar estudiando. Queremos salir de la coca, nuestra cultura es otra. Acá se siembra es cacao, plátano, yuca, pero van a seguir sembrando coca hasta que no haya una respuesta inteligente por parte del Estado”.

El rosareño - así llaman a Jairo por las orillas del río Rosario - dice que si, en vez de fumigar, el Estado lleva profesores, estaría sacando a una parte grande de la población de los cultivos ilícitos. “En vez de fumigaciones y guerra, se necesita más y mejor Estado, que se repare la deuda histórica con nuestras comunidades y restablezca el derecho a la educación, para que nuestros hijos no estén condenados a dedicarse a la coca y vincularse a cualquier grupo armado”.

La falta de acceso a la educación, además, es vista como una causa de desplazamiento en Tumaco. Según Célimo Cortés, esto ha causado más desplazamiento en la zona rural que las Farc, el Eln o cualquier tipo de conflicto. “Con este tema de que las escuelas primarias no tienen docentes, el que puede trae a la familia al casco urbano y el que no se lleva a unos y deja a otros. Los hogares se separan. Otras familias se vienen completas y pierden su tierra. Por lo menos unas 1.500 familias han migrado de los 15 consejos comunitarios hacia el casco urbano por la falta de educación en sus territorios”.

Las comunidades no están de brazos cruzados esperando la respuesta del Estado. Desde hace por lo menos siete años, con el apoyo del Consejo Noruego, están diseñando un modelo educativo especial para las comunidades negras, uno que sea eficiente y se adapte a sus necesidades e intereses. El Ministerio de Educación ya aprobó dicho modelo y próximamente será implementado como el primer modelo afro educativo a nivel nacional, enfocado en recuperar la identidad, la cultura y la forma de vida de los negros del Pacífico.

 

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