En el Bajo Cauca hasta los curas tienen que pagar extorsión

El párroco en Cuturú (Caucasia) tuvo que abandonar su iglesia tras ser amenazado de muerte por negarse a pagarles “vacuna” a los grupos armados. Los comerciantes tienen que asistir a reuniones para “concertar” el pago de la extorsión del año entrante.

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El obispo Jorge Alberto Ossa denuncia amenazas contra los sacerdotes de la región. / Cortesía Diócesis Santa Rosa de Osos

Detrás de la reciente denuncia de monseñor Jorge Alberto Ossa, obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, por las amenazas de muerte hacia el párroco de Cuturú -corregimiento de Caucasia-, hay una situación de violencia y miedo que se ha incrementado en el Bajo Cauca antioqueño durante 2018 y que, según el prelado, ha sido invisibilizada por los medios de comunicación y poco atendida por parte de las autoridades.

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“Las amenazas al padre de Cuturú son una situación más que agrava lo que está pasando en esta región. Hay barreras invisibles, crecen las extorsiones y los asesinatos. La gente está desesperada”, manifiesta.

El cura de Cuturú tuvo que salir de su parroquia el martes 25 de diciembre después de cinco años de trabajo con la comunidad. Hombres armados lo amenazaron de muerte y con lanzarle un petardo a la iglesia si no les pagaba una cuota económica. De inmediato el obispo Ossa atendió la salida del párroco y puso en conocimiento el caso ante la opinión pública y el Ejército. Los militares llegaron a la zona al otro día. El sacerdote se encuentra con su familia, y Cuturú se quedará sin párroco hasta que mejoren las condiciones de seguridad.

Según el padre Bernardo Gallego, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, el párroco había ido con representantes de la comunidad a la Alcaldía de Caucasia semanas atrás para elevar la petición de seguridad en este corregimiento. Días después, varias de las personas que acompañaron al padre tuvieron que desplazarse y después ocurrió la amenaza, lo que también provocó su salida.

Monseñor Ossa afirma que este no es un hecho aislado y que en Cuturú, en lo que va de este año, se han presentado asesinatos, desplazamientos y amenazas: “Hace como 20 días mataron a una persona porque no pagó una vacuna. Y el 17 de diciembre fui a realizar la confirmación de 40 niños, pero solo se pudieron confirmar 21, porque los demás tuvieron que salir del territorio con sus familias por la falta de seguridad”.

Según la Defensoría del Pueblo, Antioquia es el segundo departamento con más desplazamientos ocurridos este año, después de Norte de Santander. En la región del Bajo Cauca antioqueño han ocurrido 14 desplazamientos masivos, cuatro de ellos en Cáceres, seis en Tarazá, dos en Caucasia y dos en Zaragoza, para un total de 3.467 personas desplazadas. Además, han ocurrido dos eventos de confinamiento en Cáceres, afectando a 1.120 personas.

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Desde enero de este año, grupos armados están disputándose el control sobre el territorio, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y las extorsiones. El coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía en el Bajo Cauca, explicó ayer en RCN Radio que hay una confrontación entre el Clan del Golfo y los Caparrapos.

Agregó que estos grupos están contratando a sicarios del Meta, Valle del Cauca, Medellín, Montería y Córdoba, que hay presencia del grupo Mártires de Tarazá del Eln y que alias el Negro Cristian, de los Caparrapos, está armando una disidencia en el sector de El Bagre, Cuturú y Zaragoza.

El 27 de diciembre, mismo día en el que se encontró sobre el puente del río Nechí en El Bagre la cabeza de un hombre, también circuló un panfleto firmado por alias el Negro, en el cual se adjudica la responsabilidad por el atentando a una discoteca en este municipio. Ese día, el 24 de diciembre, la explosión de una granada dejó a 25 personas heridas.

A raíz de estos acontecimientos y el incremento de los homicidios en la región, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, convocó ayer un consejo de seguridad en Tarazá con autoridades locales, en el que también participó el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Las cifras de las autoridades locales indican que en 2018 se han presentado 38 asesinatos en El Bagre. En Cáceres han ocurrido 56 asesinatos, en Tarazá, 113, y en Caucasia van 154 homicidios. A esto se le suma la extorsión a comerciantes y dueños de negocios. Los grupos armados están convocando a los habitantes para “concertar” la cuota de la vacuna de 2019.

Un cura de El Bagre, que pidió no revelar su nombre por cuestiones de seguridad, afirma que en el corregimiento Los Cargueros, en el municipio de Nechí y muy cerca de Cuturú, se realizan estas reuniones. Algunos habitantes asisten por el miedo a que los grupos armados tomen represalias.

“Es una vacuna que tristemente están acostumbrados a pagar desde hace años, pero últimamente han aparecido nuevos cobradores que les dicen a las personas que vayan a estas reuniones para concertar las formas y los días de pago. Desde la semana pasada empezaron a citar a quienes tienen droguerías, almacenes, mercados y así sucesivamente”, agrega.

Este cura argumenta que los habitantes no denuncian las amenazas porque no hay confianza en las autoridades. Han ocurrido casos en que la persona que denuncia es amenazada por el denunciado. Por otro lado, insiste en que es muy difícil que la situación cambie por la debilidad del Estado de la región. Los mandatarios locales no duran mucho tiempo en su cargo, como ocurrió con Ángel Mesa Castro, alcalde de El Bagre, a quien se le dio casa por cárcel a mediados de noviembre mientras se le investiga por corrupción.

“La gente sabe quiénes son los que cobran las vacunas, pero es raro que los que hacen inteligencia en la Policía, no. Falta mucha determinación para sacar esta delincuencia que cada día coge más fuerza”, sostiene este cura.

Monseñor Ossa también afirma que es muy difícil establecer un diálogo con el gobernador Luis Pérez. “Con anteriores gobernadores teníamos un vínculo más estrecho. Da temor ir donde las autoridades porque no podemos exponer a la gente”, resalta.

Aun así continuará protegiendo a los párrocos de la Diócesis y denunciará sin miedo lo que siga ocurriendo en esta región. “He denunciado todo esto varias veces. No he sufrido amenazas, pero si amenazan a un padre, me amenazan a mí”, sostiene.

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Las conclusiones del consejo de seguridad en el Bajo Cauca

Al término del consejo de seguridad que se realizó ayer en Tarazá (Antioquia), el ministro Botero anunció que la primera medida para atacar la delincuencia y los grupos armados en esta región es la designación del general Alberto Rodríguez, a partir del 4 de enero de 2019, para manejar la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, que hace presencia en este territorio.

La segunda medida será crear un sistema de divulgación, con participación de la comunidad para encontrar a los criminales más buscados del Bajo Cauca antioqueño

“Hay una especial búsqueda alrededor de Claudio Alonso Maturana Hurtado, alias el Negro Cristian, que es la persona sindicada de haber decapitado a una persona en El Bagre”, anunció el ministro. Se ofrecerá una recompensa de $280 millones por información que dé con su captura. “Tengo fe de que en tres o cuatro meses tengamos avances importantes”, dijo el gobernador.