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Las organizaciones sociales de la región del Alto Ariari (Meta) no olvidan a sus muertos. En la carretera entre los municipios de El Castillo y Medellín del Ariari hay un monumento que marca el lugar donde asesinaron al personero Mario Castro Bueno cuando se dirigía a Villavicencio a denunciar un caso de ejecución extrajudicial. El polideportivo de Medellín del Ariari se llama Germán Herrera, en memoria de un concejal asesinado. En Puerto Esperanza, un corregimiento del municipio de El Castillo, está el Árbol de la Vida, con el que los pobladores recuerdan a las víctimas de la región. Y en esa misma zona hay dos cruces de madera en homenaje a la defensora de derechos humanos Lucero Henao y su hijo de 15 años, Yamid Henao, asesinados el 6 de febrero de 2004.
Ahora, las organizaciones de víctimas luchan para que el Parque de la Memoria que la Gobernación del Meta está construyendo narre el conflicto a partir de la verdad de los sobrevivientes de la guerra. Muchos temen que las mismas instituciones que los violentaron (el Ejército, la Policía y funcionarios de instituciones del Estado) terminen construyendo la memoria colectiva a su acomodo.
El parque en sí contiene varios espacios de memoria. Uno de ellos es un monumento llamado Anhelos infinitos e irreversibles de paz, construido por María Mercedes Méndez, alcaldesa municipal que fue asesinada el 31 de mayo de 1992 en Cañosibao, a manos del bloque Centauros de los paramilitares. Varios de sus árboles también tienen valor simbólico, ya que los lugareños dicen que “vieron actos violentos que ni ellos mismos han podido documentar” y eso los hace inamovibles.
Los planos del nuevo parque contemplan realzar la escultura que dejó Méndez, crear una concha acústica, un pequeño teatro y convertir la actual estación de Policía en espacio para recordar a las víctimas de la Fuerza Pública.
Las organizaciones esperan que el parque sea el epicentro que una los otros lugares de memoria que ya existen en el Alto Ariari y así formar un museo a cielo abierto, algo que nunca se ha hecho en el país.
Llevan meses planeando, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las narrativas que tendrá cada espacio del nuevo parque, que ocupa tres manzanas del casco urbano de El Castillo. Si se logra, el Meta sería el departamento pionero en la construcción de memoria colectiva.
El mayor desafío
Aunque el parque se está construyendo desde principios de 2015 y prometieron terminarlo en septiembre de este año, eso aún es una promesa. La Unión Temporal Moriat, la empresa que la Gobernación contrató para ejecutar el contrato de $11.000 millones, lleva dos meses de retraso después de la segunda prórroga.
Esos $11.000 millones no incluyen la producción de los contenidos con los que se pretende reconstruir la memoria colectiva del conflicto en la región. Esto es grave, porque si no se logra que el parque narre el conflicto armado desde la visión local, que los castillenses se apropien del espacio, “no será un lugar de memoria sino un simple parque central muy grande y entonces no se podría justificar esa inversión tan grande de recursos”, explica Yohanna Cuervo, funcionaria del CNMH.
Funcionarios del Centro de Memoria Histórica señalan que la Gobernación no ha responsabilizado a alguien de la construcción de contenido del parque. Los castillenses temen que si no se crean bien los contenidos, el equipamiento terminará siendo un cascarón hueco.
Los temores de la comunidad comenzaron porque las víctimas se enteraron de que construirían el parque cuando ya iban a empezar un proceso de licitación y estuvo a punto de ser ejecutado sin sus aportes. Alan Jara ideó el proyecto en el 2012, cuando recién se había promulgado la Ley de Víctimas y se empezaba a hablar de reparación integral. Mandó a hacer un diseño, le asignó un presupuesto de $11.000 millones al proyecto y, cuando ya estaba a punto de iniciarse la fase de licitación, las organizaciones de víctimas se enteraron del proyecto y se opusieron porque no las consultaron.
Jara, quien hoy es director de la Unidad para las Víctimas, explica que no fue su intención construir un lugar de memoria sin los aportes de las víctimas, sino que necesitaba tener unos planos preliminares para que el sistema de regalías aprobara el proyecto. Una vez asegurados los recursos, la Gobernación inició la etapa de socialización con las organizaciones de víctimas.
En la fase de consulta se reunieron 19 de las 21 organizaciones sociales que hay en la zona. Invitaron al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Gobernación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), los misioneros claretianos y dos representantes de las víctimas de desplazamiento forzado, entre otras organizaciones sociales. Se creó un comité de impulso para condensar todos los aportes y mediar entre las visiones opuestas.
Después del debate, todas las organizaciones acordaron dos puntos: no querían que la estación de Policía quedara en el marco del parque y tampoco que modificaran los elementos de memoria que el lugar había acumulado a lo largo de los años.
El primer requerimiento fue muy polémico y generó discrepancias con la Policía. “Escuchamos que algunos miembros de la Fuerza Pública decían con rabia que lo que no habían logrado las Farc con cilindros bomba lo logramos nosotros”, dice Óscar Martínez Santana, secretario técnico del Comité de Memoria y Reparación Integral de las Víctimas del municipio. Pero al final se decidió trasladar la estación. Esto requirió la adecuación de otros edificios.
El contexto histórico
Para entender por qué las organizaciones son tan celosas con la construcción de su memoria histórica, hay que conocer a fondo su historia. La inspección de Policía, por ejemplo, no fue sólo el blanco central de las tomas guerrilleras. Muchos lugareños afirman que dentro de las instalaciones torturaron a miembros de la comunidad. Para muchos, el lugar es un recuerdo de la alianza extraoficial entre la Fuerza Pública y los paramilitares.
La memoria siempre ha sido uno de los temas fundamentales de las acciones políticas de las organizaciones sociales de ese municipio. Los líderes cuentan que el municipio ha sido víctima de la guerra desde su fundación. Así lo confirman los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica. Los colonos de este municipio fueron desplazados por la violencia contracomunista que se dio en todo el país después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948.
Se organizaron de manera autónoma. Definieron que el territorio fuera de minifundios, crearon políticas públicas, fijaron una frontera agrícola para evitar la deforestación y construyeron puentes y otros equipamientos necesarios para que el sector agropecuario fuera productivo. “El 80 % de la infraestructura que se utiliza hoy en este municipio fue construida por los campesinos organizados”, dice orgulloso Óscar Martínez.
La independencia y la libertad de la que gozaba la zona la hicieron perfecta para que se crearan todo tipo de organizaciones sociales. Allí surgieron la Unión de Mujeres Demócratas, el Grupo de Niños Pioneros, el Sindicato no Patronal de Arrieros y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta se consolidó la Juventud Comunista y se fortalecieron las Juntas de Acción Comunal con sus respectivos comités de obras, conciliación, salud, etc.
Toda esa estructura social estaba ligada en gran medida al Partido Comunista Colombiano, así que no fue sorpresa que, cuando surgió la Unión Patriótica en 1985, tuviera gran acogida en el municipio. No hay que olvidar que en la zona también hacía presencia el frente 53 de las Farc.
“La guerra en la región no se puede explicar sólo desde el punto de vista ideológico. Hubo, y todavía hay, fuertes intereses sobre la tenencia de las tierras y los recursos naturales”, explica Óscar Martínez. Todo esto hizo que el municipio fuera uno de los blancos de la estrategia contrainsurgente paramilitar que tuvo su auge entre 1980 y 1990. En la década de los 90, con la expansión de las Auc hacia el sur del país, nació el bloque Centauros. Ese grupo ilegal tuvo injerencia en el sur del Meta y en el norte del Guaviare y llegó a operar en Cundinamarca y Bogotá.
Mariela Rodríguez Saavedra, líder de la Comunidad Civil de Vida y Paz (Civipaz), recuerda que durante la época más dura de la violencia no podía salir de su casa por miedo a que la desaparecieran. El miedo era completamente real, ya que entre 1986 y 1988 los paramilitares asesinaron a 300 integrantes de la UP en el Meta y otros cientos de líderes sociales, acusados de pertenecer a las Farc. Estas cifras han sido recogidas en investigaciones hechas por el CNMH.
A su vez, las Farc realizaron varios intentos de retoma del municipio con cilindros y una chiva bomba en el año 2000, que destruyó tres cuadras a la redonda de la estación de Policía. Las comunidades resistieron esa violencia. Muchos compraron terrenos por sus propios medios y los declararon zona humanitaria. Por eso, cuando les hablan de un lugar de memoria, lo primero que piden es que les den la oportunidad de escribirla tal y como la vivieron.