El posacuerdo en San José del Fragua: ¿transición o continuidad?

Lejos del discurso institucional, la realidad del posacuerdo es incierta en la zona rural de San José del Fragua, en los límites entre Caquetá y la baja bota caucana.

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Por las calles del poblado Zabaleta hoy camina el Ejército cuyos hombres vigilan a la Policía Antinarcóticos que buscan erradicar forzosamente los cultivos de coca./Óscar Neira.

Una de las zonas que era de dominio absoluto de la antigua guerrilla de las Farc, la que está ubicada en la vía hacia la baja bota caucana, en el municipio de San José del Fragua (Caquetá), está viviendo la transición de la guerra a la paz de una forma contradictoria. Al menos con las intenciones de cambio integral planteadas en el acuerdo para la terminación del conflicto entre el Gobierno y las Farc. Minería de aluvión, tala de bosques, exterminio de fauna, cultivos de uso ilícito, delincuencia común, presuntas disidencias de las Farc, concesiones para exploración petrolera, asesinatos de líderes sociales, justicia por mano propia, riesgo por minas antipersonal, entre otras expresiones, están reemplazando la lógica que hasta antes de la presencia del frente 49 de las Farc no se presentaba en la zona.

Ecológicamente, la zona es una de las mejor conservadas del piedemonte amazónico. En sus inmediaciones está el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi. Ríos que bajan de la cordillera, desbordantes y cristalinos, hacen del paisaje propicio para la actividad minera, de un lado, y para la puesta en marcha de lógicas extractivas y de dominio territorial armado ilegal. Además, la zona no solo se conecta por tierra con la baja bota caucana y el Putumayo, sino también por el río Zabaleta con localidades como La Novia, municipio de Curillo, el cual vierte sus aguas al río Caquetá, como lo hace el río Fragua Grande, que al salir de la cordillera y tomar la llanura amazónica se convierte, como el Zabaleta, en senda vía fluvial.

Esta es la tumba del líder social Fernando Rivas Asprilla, asesinado en La Tigra y enterrado en Caquetá el 9 de agosto de 2017.

Seguridad

La firma del Acuerdo de paz con las Farc, que implicó la salida de las unidades del frente 49 que estaban en la zona, cambió la cotidianidad en todas las localidades de la parte rural de San José del Fragua en donde se reconocía la autoridad de las Farc por encima de la institucional. Los cambios se advierten, sobre todo, en la ausencia de presencia estatal y la lógica de control que tenían con el anterior grupo guerrillero. Riñas, homicidios, caos organizativo comunal que ha devenido en falta de legitimidad de las juntas de acción comunal, entre otros aspectos, han dominado el escenario cotidiano en localidades como Fragüita, Zabaleta, Puerto Bello, La Novia, en el Caquetá y Miraflor y Piamonte, en el Cauca.

En lo que va del año 2017, doce personas han sido asesinadas en toda la zona que cubre la marginal de la selva entre San José del Fragua (Caquetá) y Piamonte (Cauca). Según las autoridades, en cada caso, se trató de vendetas entre bandas delincuenciales por el control del territorio para actividades criminales. Además, comentan los pobladores, hay familias desplazadas por amenazas de estos grupos delincuenciales que no hicieron presencia en la zona cuando estuvo las Farc. Estos hechos no son denunciados por los campesinos ante las autoridades judiciales, pues es una tradición que surgió en los días de la “ley del monte” y que aún está intacta en estos territorios.

Río Fragüita. En esta zona la minerìa de aluvión ha tenido un auge considerable en los últimos meses.

Presuntas disidencias

“Los Azulejos” le llaman los habitantes de San José del Fragua a uno de los grupos delincuenciales que pretende dominar el negocio de la coca y la minería de aluvión en la zona. No obstante, la presencia de la supuesta disidencia de las Farc causa preocupación en la localidad desde hace dos semanas cuando los delegados de los mineros y los compradores de coca fueron citados para que supieran que tenían que pagar la extorsión.

Fuentes de la zona revelaron que los sujetos se identificaron como Farc y advirtieron a los asistentes que no les dijeran disidencias y que estarían visitando las localidades para “hacer limpieza” y “consolidar el nuevo proceso”. Un dirigente comunitario de la zona, quien pidió la reserva de su nombre, expresó que los que se presentaron como Farc “no tienen un discurso político (...) parece que solo estuvieran interesados en recibir los ingresos”. Uno de los mineros que participó en la última reunión dijo que los presuntos disidentes de las Farc, les informaron que debían aportar cuatro gramos de oro mensuales por cada persona que ejerciera dicha actividad en todo el territorio. Entre tanto, a los compradores de coca se les habría impuesto la cuota de $300 por cada gramo adquirido en el mercado local.

Contra líderes sociales

A las doce muertes ocurridas en lo que va del 2017, se suma la de Fernando Asprilla, dirigente comunal de la vereda La Tigra, ubicada en la zona fronteriza entre San José del Fragua y la baja bota caucana. El hecho, ocurrido a comienzos de agosto, encendió las alarmas porque se trataría del ingreso de grupos paramilitares, lo cual añadiría un actor más a la dinámica compleja que se está manifestando en todo el territorio del piedemonte entre Caquetá, Cauca y Putumayo.

El atentado a la dirigente Maydany Salcedo fue el campanazo más reciente. El pasado 2 de septiembre, luego de que Salcedo hubiera socializado el proyecto de sustitución voluntario de cultivos de uso ilícito, fue atacada por hombres desconocidos mientras viajaba en bote por el río Inchiyaco rumbo a la cabecera del municipio de Piamonte. Ella es la líder de la Asociación de Trabajadores de Piamonte (Cauca) y es la encargada de liderar el proceso de reemplazar la coca por proyectos productivos, tal y como quedó pactado entre el Gobierno y las Farc en el acuerdo de paz.

Este puma invadió una finca en la localidad de Puerto Bello (Caquetá) huyendo de la deforestación y resultó muerto por las balas de una escopeta.

Medio ambiente, en peligro

Al tema delincuencial se suma la problemática ambiental a raíz de la práctica de minería de aluvión. Aunque es complejo definir cuál es la dimensión del fenómeno de minería ilegal en esos territorios, es evidente la transición repentina que está teniendo la economía cocalera tradicional a la de la minería. Según algunos mineros, la extracción de oro es una práctica que les aprendieron a algunas personas que llegaron desde Puerto Asís (Putumayo), quienes serían los compradores del metal dorado. Denuncias realizadas por habitantes de la Inspección de Puerto Nuevo Zabaleta (Caquetá) dan cuenta de cómo al río Zabaleta estaría siendo contaminado con los residuos de mercurio producto de la actividad aurífera.

Otro problema ambiental es la tala de los bosques de toda la zona de amortiguación del parque nacional natural Alto Fragua Indi Wasi, lo que habría generado también la huída de la fauna silvestre a las fincas aledañas en donde animales en vías de extinción como los pumas, resultan muertos por las balas de las escopetas, tal y como aparece en una foto adjunta a este artículo.

Estos elementos aún son encontrados en las zonas rurales de San José de Fragua, sin que hasta la fecha empiece el proceso de desminado humanitario.

Sustitución de la coca

En un ejercicio de diagnóstico en 63 veredas y cuatro barrios de San José del Fragua, de 1.996 familias encuestadas 1.102 manifestaron tener cultivos de uso ilícito en 1.361 hectáreas de coca. Ahí trabajan 1.043 recolectores de hoja de coca y 359 mujeres en labores domésticas, adyacentes a la cadena del negocio. Aunque se firmó un acuerdo para la sustitución integral de esos cultivos, la Policía Antinarcóticos y el Ejército han desplegado operativos de erradicación forzada en varias veredas, lo que ha minado la confianza en el Estado en el cumplimiento de lo acordado: reemplazar la coca por productos legales con comercialización garantizada.

Esta es la frontera territorial que comparten los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo. Un escenario enquistado en el olvido de las instituciones, donde la implementación de los acuerdos de paz es más difícil. Un territorio que ha vivido muchas guerras y en donde sus pobladores aún guardan la esperanza de ver hechas realidades las reformas que prometió el Gobierno en el acuerdo con las Farc. No obstante, por el momento, con tantas problemáticas bullendo, para estas comunidades sólo ha habido incertidumbre.