El Cauca como escenario de reconciliación

De los 125 municipios que la ONU definió como los del posconflicto en Colombia, el Cauca es el que mayor número aporta: 20.

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Un militante de las Farc camina por un municipio del departamento del Cauca.
Municipios como Toribío, Corinto, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao se han visto my afectados por los enfrentamientos entre las Farc y el Ejército.
Archivo El Espectador

Históricamente, el norte del departamento ha sido epicentro del conflicto que desde hace más de cinco décadas padece el país. La confrontación armada entre las Fuerzas Militares y las Farc se ha desarrollado en gran parte de la cordillera Central o en sus faldas, en las zonas urbanas y rurales de municipios como Toribío, Corinto, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Puerto Tejada, entre otros. La zona significa también la retaguardia para esa guerrilla por la movilidad hacia el Pacífico, así como en la comunicación con lugares estratégicos de asentamiento, como el sur de Tolima y el Huila.

Además de la presencia subversiva, confluyen en el Cauca otros actores armados, como las bandas criminales, el narcotráfico y la delincuencia común. Y en la actualidad existen dos factores que han cobrado importancia respecto a los indicadores de violencia en la región: el desarrollo de megaproyectos y la minería. Hacia el centro y el sur del departamento, esas expresiones de violencia se han acentuado en los últimos años. Por eso, frente a la clasificación que hizo la ONU –con base en acciones armadas con participación de las Farc, desarrollo y pobreza, necesidades humanitarias y capacidades locales– el objetivo es que se priorice la intervención del Estado y la comunidad internacional.

El posconflicto sin inversión no tiene sentido. Por eso, nuestro llamado es para que las estrategias que se vayan a implementar apunten a llegar a estos sectores donde la guerra ha estado vigente. El Cauca ha sido un departamento de confrontación, todos sus 42 municipios deben ser los del posconflicto y hay que llegarles desde el Estado con inversión social. Si eso no es así, sería un sofisma. En La Habana se están firmando los acuerdos, pero la paz se construye en nuestros territorios”, reclama el alcalde de Puerto Tejada, Tobías Balanta.

Se trata de una localidad enclavada en el norte del departamento, que hoy padece serios problemas de microtráfico y violencia urbana por la presencia de bandas criminales que han encontrado en las pandillas caldo de cultivo para su accionar delictivo. Asimismo, los niveles de pobreza y la ausencia del Estado han agravado la crisis. “Nosotros, como mandatarios locales, también somos Gobierno y estamos comprometidos con el proceso de paz. Somos nosotros los llamados a hacer la difusión, la promoción y la convocatoria a nuestros ciudadanos para que se sumen a defender ese proceso de La Habana, que debe traducirse en convivencia para nuestros ciudadanos”, recalca Balanta.

Por su parte, César Cristian Gómez, alcalde de Popayán, está convencido de que el posconflicto es un escenario donde se necesitan recursos económicos para poder propiciar inversión en mejoramiento de malla vial en la zona rural y, sobre todo, de proyectos productivos para que la gente del campo no se vuelque a la ciudad. “Si no hay esa base económica, va a ser supremamente complicado, porque lo del posconflicto se sumará a la descomposición social que existe por los temas de desplazamiento, inseguridad, desempleo, que en el Cauca es enorme”, advierte.

Y una de las talanqueras que el burgomaestre de la capital caucana ve es el “gran distanciamiento” que se percibe hoy entre el Gobierno central y las regiones. “No hay la sinergia que se necesita. Estamos iniciando un gobierno local donde deberíamos estar estructurando nuestros planes de desarrollo con los requerimientos que van a ser necesarios en el tan mencionado posconflicto, por ejemplo, para recibir a los eventuales desmovilizados de las Farc”, agrega.

Popayán, cuenta Gómez, está siendo golpeada por la inseguridad producto del microtráfico y el pandillismo. Además, las personas en situación de desplazamiento (se calcula que son más de 140 mil) han ahondado las dificultades. “Yo espero generar una dinámica económica en la ciudad buscando establecer una zona franca especial que permita que se asienten nuevas empresas, que se genere empleo, que a través del emprendimiento se puedan generar oportunidades. Esperamos poder tener una zona rural más productiva, con mejores condiciones en su malla vial, todo ello con el acompañamiento del Gobierno y con la consecución de la paz”, concluye.