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Hace casi un año conmocionaron al país las escenas de miles de colombianos que tuvieron que retornar desde Venezuela, amedrentados por operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a ese lado de la frontera, después de que el gobierno de Nicolás Maduro decretara el cierre fronterizo y el estado de excepción en varios municipios. Unos fueron deportados y entregados a las autoridades migratorias de Colombia, otros huyeron con sus corotos por las trochas. Ahora que ambos gobiernos anunciaron la reapertura gradual de la frontera, el panorama de muchos connacionales que retornaron sigue siendo humillante.
Vea un reportaje gráfico sobre la crisis fronteriza de agosto de 2015: Los rosotros del éxodo
Estamos en Tibú, uno de los cuatro municipios de la región del Catatumbo que comparten frontera con Venezuela. A la salida del casco urbano, en la única vía hacia el municipio de El Tarra, más de 200 familias que tuvieron que regresar desde el vecino país están asentadas en viviendas improvisadas a ambos lados de la carretera, en un sector conocido como Barrio Largo. Cada vez que pasa un camión, las casas quedan envueltas en una nube de polvo. Tuvieron que improvisar con palos y piedras reductores de velocidad para evitar accidentes con los vehículos que transitan por la vía.
Pero eso es lo de menos. El problema es que la gran mayoría no tiene luz y ninguno tiene agua potable; utilizan el agua del río Tibú para beber, cocinar y bañarse. Según miembros de la Junta de Acción Comunal que crearon los ocupantes, ya hay casos de niños con enfermedades debido al agua contaminada. A pesar de que se han hecho jornadas de salud, la situación requiere una solución definitiva, que incluya el acceso a médicos y servicios públicos.
Por si fuera poco, en el asentamiento viven con miedo, porque la mayoría de los habitantes fueron víctimas del conflicto en Colombia que tuvieron que huir hacia Venezuela y luego se vieron obligados a volver. Según las normas migratorias internacionales, los migrantes no deben ser devueltos a un país donde corran riesgos. Desde el cierre fronterizo, la deportación de víctimas colombianas fue una preocupación para las organizaciones humanitarias.
El personero de Tibú, Richard Claro, fue el primero que recibió a estas personas. Dice que “al principio eran unas 45 familias que llegaron a través de las trochas y el río, porque en Tibú no hay paso oficial. El asentamiento en su mayoría está compuesto por personas que se desplazaron durante la época paramilitar. Hay de Arauca, del Cesar y del mismo Norte de Santander”.
El asentamiento creció a ambos lados de la zona por donde pasará la ruta del carbón, que va salir hacia el corregimiento de La Gabarra, donde el Gobierno tiene pronosticado hacer explotación. Dice el personero que la gente está prácticamente sobre la vía donde se harán las obras, y eso va a causar problemas.
A pesar del riesgo, los habitantes no se quieren ir. Uno de los miembros de la Junta de Acción Comunal, que prefiere no dar su nombre porque es un desplazado del Catatumbo y sus victimarios podrían estar a la vuelta de la esquina, dice que en Venezuela la cosa está peor: “Aunque aquí no tenemos nada, allá hay más hambre, más robos, más castigos contra uno por ser colombiano. Los productos ahora son más caros”.
Y la posibilidad de ser reubicados en otra parte de Tibú tampoco les suena. De hecho, entre las viviendas improvisadas con plásticos y tablas ya aparecieron algunas de concreto y que han llevado luz eléctrica a punta de conexiones con otras viviendas cercanas.
La situación pone en aprietos a la administración municipal, que ya tenía bastantes problemas con los índices de pobreza y desempleo del municipio y con la presencia de varios grupos armados. Como dice Richard Claro, Tibú es un municipio de sexta categoría que no cuenta con los recursos para ayudar a esta población, garantizar su seguridad, sus servicios, ofrecerles un proyecto de vida. “Al principio se planeó un desalojo, pero se detuvo siguiendo las sentencias de la Corte Constitucional, que dicen que las personas deben ser reubicadas. Estamos a la espera de una solución de la administración”.
El alcalde de Tibú, Alberto Escalante, dice que, debido a la situación de riesgo, es necesario reubicar a la población. “Buscamos que nos asignen las viviendas. Es necesario reubicarlos a todos, porque en el momento que vayan a trabajar en la vía eso va a ser un caos. Y cuando haya un invierno como los de acá, que llueve cinco días seguidos, el agua los va a sacar. Es urgente una solución definitiva”.
La solución requiere un enorme acompañamiento institucional y económico. Sólo con darles nuevas viviendas no se soluciona nada, porque tendrían que empezar a pagar servicios e impuestos, le generaría una carga a una población que no tiene ingresos. Por eso, dice el alcalde, se necesita ayuda para generar proyectos productivos, que estas personas accedan a créditos, tengan empleo y oportunidades para el comercio. “La respuesta ha sido demasiado lenta. Mientras a nivel nacional dicen que están revisando el asunto, las familias cumplen un año asentadas en el camino. No estamos pidiendo que nos regalen plata, sino que nos faciliten créditos. Si algo han demostrado los campesinos del Catatumbo es que son buena paga”.
La cuestión se vuelve aún más compleja porque, hacia el interior de los lotes, otras personas que viven en el lado colombiano de la frontera han aprovechado para invadir terrenos. Este otro asentamiento se llama Campo Yuca, lo conforman más de 90 “parceleros” y se ubica en predios que pertenecen a la Asociación de Veterinarios, la Gobernación y el Ejército, entre otros. En Campo Yuca no están construyendo viviendas, sino que piden una parcela para trabajar la tierra, porque no encuentran empleo y no tienen terrenos para sembrar. De hecho, los cultivos de yuca, plátano y maíz ya están dando cosecha. Para estos ocupantes existe una orden de desalojo, pero no se ha cumplido.
Este no es un fenómeno nuevo en Tibú. Según Escalante, en el municipio hay 25 asentamientos humanos, lo cual demuestra las necesidades en materia de vivienda, las necesidades básicas insatisfechas y la pobreza en la cual está sumida la región. Esa pobreza se ha visto agravada por la crisis del petróleo, que tiene parada buena parte de la producción en el Catatumbo; por la crisis de los cultivos ilícitos, que aumentan pero no mejoran la calidad de vida de los campesinos, y por la crisis con Venezuela, que durante el último año generó una ola migratoria que representó una carga para todo Norte de Santander.
El contrabando sigue en la frontera
En el asentamiento de Barrio Largo hay también venezolanos que tuvieron que huir de su país porque sus familias eran colombianas, o simplemente porque la crisis económica —que incluye desempleo, desabastecimiento y encarecimiento de productos básicos— no les daba para vivir allá. Dicen que no es una novedad que durante los últimos años los venezolanos han utilizado los pasos fronterizos no formales para venir a trabajar durante el día a territorio colombiano y devolverse con pesos colombianos, que son hoy mucho más fuertes que los bolívares.
Esto genera un problema para la población desempleada en Norte de Santander, que tiene cada vez menos oportunidades y se ve obligada a entrar en el contrabando y la ilegalidad. Lo explica el alcalde Escalante: “Usted puede tener aquí un maestro de construcción que cobra $50.000 el día, pero los que vienen de Venezuela hacen el trabajo por $10.000. Con esa plata les alcanza para bastante allá. Eso afecta nuestra economía local, aumenta el desempleo”.
Desde el cierre de la frontera, el contrabando sigue operando en el extenso límite que comparte Tibú con Venezuela. Hay cientos de corredores informales que no tienen presencia del Estado venezolano ni el colombiano. “Eso es tierra de nadie. Algunos grupos armados a veces se paran por ahí a cobrar peaje. Le piden a uno plata o algo de gasolina y lo dejan pasar”, dice uno de los pimpineros (vendedores de gasolina ilegal) que habita en Barrio Largo.
La Personería de Tibú ha denunciado desde el año pasado incursiones por parte de las autoridades venezolanas en territorio colombiano. Dice el personero Richard Claro que hasta la fecha ya van más de cinco incursiones de la Guardia que han dejado heridos y vehículos quemados. “Las últimas incursiones fueron en abril en la vereda Galán. Dos helicópteros de la GNB aterrizaron en territorio colombiano, cerca de la escuela. La Personería elevó las quejas a Cancillería, pero no hemos tenido respuesta”.
El contrabando se mantiene, pero ha cambiado en los últimos años. Julio César Jaime, reconocido historiador tibuyano, recuerda que antes el contrabando era de Venezuela para acá. “Uno se iba por la trocha, traía su gasolina, su mercado. Ahora es al revés: se llevan los productos colombianos para allá. De hecho, en Tibú uno ve que han abierto bodegas informales de venta de productos al por mayor, muchas de estas no pagan impuestos sino que son motores del contrabando fronterizo”. En el municipio de Tibú se han empezado a ver con más frecuencia los llamados “tritones” venezolanos, carros grandes que vienen por las trochas a recoger productos y llevárselos a su país. “Mientras tanto, en los noticieros seguíamos viendo a los periodistas parados en el puente Simón Bolívar, en Cúcuta, aterrados porque dizque la frontera está cerrada”, dice Julio.
Ponerle freno al tráfico ilícito de bienes es muy difícil. Es imposible tener presencia permanente de las autoridades en la frontera colombo-venezolana, que es una de las más extensas de América Latina (con más de 2.200 kilómetros) y la más extensa de Colombia, va desde la Alta Guajira hasta el Orinoco amazónico. Sin embargo, dice Escalante, es necesario buscar la manera de que haya algún control. “Sería bueno, por ejemplo, pensar en la apertura de un paso de frontera legal en el municipio, para así tener instituciones como Migración Colombia, entre otras, que hagan alguna regulación y mejoren la seguridad en la región”.