Desplazamiento forzado, un drama que no cesa en el Bajo Cauca antioqueño

La crisis de Hidroituango no ha sido la única causa de este flagelo. Detrás de la emergencia del megaproyecto se oculta una guerra entre actores armados que se disputan el control del narcotráfico y que ha sacado a más de 4.000 personas de sus municipios. 

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Hay denuncias de actores armados ilegales infiltrados en los albergues establecidos tras la emergencia del megaproyecto. /Nelson Sierra

David* y Édgar* llevaban tres días durmiendo en la terminal de Medellín hasta el día en que nos despedimos. Los encontramos a comienzos de junio en uno de los Centros de Atención a Víctimas de la Alcaldía. Habían tenido que huir de Caucasia y Tarazá, municipios del Bajo Cauca donde trabajaban como cobradores gota a gota, y llegaron a la capital antioqueña dos días después sin nada, ni siquiera sus familias.

“Nos tocó salir corriendo porque hay un problema de orden público muy bravo”, contó Édgar. “Se nos había acercado una gente que decía ser del clan del Golfo a cobrarnos vacuna, pero sabíamos que eran de los Caparrapos. Nos dijeron que si les pagábamos a los del clan nos mataban, porque ahora ellos querían el poder de la zona”.

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No había rastros de la actitud intimidante que a veces tomaban cuando cobraban deudas. El desplazamiento y las amenazas los disminuyó a un par de hombres preocupados y nerviosos, con miedo a hablar y sin un lugar para vivir por ahora en Medellín.

“Para nadie es un secreto”, dijo David, “que Tarazá, Caucasia y Cáceres son territorios que se disputan los Caparrapos”. Según las autoridades, es una facción que se separó junto con los Paisas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o clan del Golfo, en el segundo semestre de 2017.

Aunque hubo acuerdos de repartición del territorio entre grupos armados ilegales entre 2011 y 2017, tras el retiro de las Farc de estas zonas, los grupos comenzaron una intensa disputa por su control. Específicamente, por el dominio de los corredores de movilidad de la droga, la producción y comercialización de narcóticos y de otras rentas ilegales derivadas de la minería, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

“Hay una guerra interna, y matan por matar. Por ahí el 80 % de los comerciantes de Caucasia pagan las extorsiones, quieran o no. Nosotros pagábamos $300 mil por moto, pero ahora que se metió otro grupo, para que no le paguemos a las AGC, van matando cobradores. Ocho de nuestros compañeros fueron asesinados”, relató David.

Según la Defensoría, desde comienzos de 2018 se está volviendo a un ciclo de violencia que no se observaba en el Bajo Cauca antioqueño desde hace ocho años. Hasta el 22 de junio de este año, la Policía registró 212 homicidios en los seis municipios que integran la región, 139 más de los que ocurrieron el año pasado durante el mismo período. Es decir, según esta entidad, hubo un incremento del 190 % en los asesinatos.

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Claudia*, una joven que ronda los 25 años y que había retornado en 2014 a Tarazá después de un desplazamiento, pasó por la misma situación de David y Édgar. A finales de mayo dos hombres desconocidos la amenazaron con matarla si no se iba del municipio.

“Me preguntaron que quién era, que nunca me habían visto por esa zona. Me trataron mal y me dijeron que si no quería amanecer con la boca llena de moscas que me fuera. No estaba haciendo nada, solamente salía de mi trabajo”, contaba con voz baja.

Esa tarde se fue y al otro día llegó a Medellín con sus hijos. Su madre se quedó en Tarazá a pesar del miedo de que le quitaran su casa, porque a casi todos los habitantes del barrio Las Palmas los han hecho salir. “Antes que yo, se habían ido siete familias. Y han matado a muchos porque ya no se puede estar después de las 6:00 p.m. en la calle. Si uno va a denunciar es peor, porque los grupos armados se enteran y es más riesgoso para uno”.

El desplazamiento forzado masivo e individual en toda esta región está disparado: entre enero y junio de este año, 4.162 personas han sido víctimas de este fenómeno, según datos de la Defensoría. Un número cercano al que también reporta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Ambas entidades manifiestan que en lo va de este año se han presentado 11 desplazamientos masivos en el Bajo Cauca, y que Tarazá es el municipio de donde más personas están saliendo obligadas de manera individual. Hasta la fecha, van 1.828 en total.

El panorama de violencia, amenazas y asesinatos comenzó el 19 de enero, cuando 531 personas fueron desplazadas de Cáceres por las AGC y los Caparrapos. Situación que se ha repetido en otras tres ocasiones, por lo que en total han salido expulsadas 1.413 personas de este municipio, según reportes de las mismas entidades. El desplazamiento más reciente registrado por las autoridades es el de 18 familias (cerca de 90 personas) en Zaragoza, el pasado 15 de junio.

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“Al ocurrir una emergencia como esta, lo primero que hacemos es motivar la activación de planes de contingencia con el alcalde de cada municipio para que haya una atención rápida y coordinada para los desplazados. También le insistimos a la Gobernación y a la Unidad de Víctimas para que la ayuda sea humanitaria y rápida. Nuestra mayor preocupación es que la respuesta solamente es el fortalecimiento militar”, sostuvo Sebastián Díaz, oficial asociado de Protección del Acnur.

Pie de foto: En lo corrido de 2018 se han presentado 11 desplazamientos masivos en el Bajo Cauca. Las víctimas llegan, de manera mayoritaria, a Medelllín. 

“Hidroituango agudizó el conflicto”

Cuando Claudia llegó a Medellín, los funcionarios de la Alcaldía que la atendieron le preguntaron si se había ido de Tarazá debido a la emergencia de Hidroituango, que puso en riesgo a los municipios que circundan el río Cauca a finales de abril.

- “No, a mí me sacaron de allá dos hombres armados”, les respondió.

- “Diga la verdad, usted se vino por Hidroituango, no por eso”, le insistieron.

“Yo vivía muy arriba en Tarazá, a mí no me afectaba lo que estaba pasando con la hidroeléctrica”, dijo después de recordar esa conversación. “Acá muestran todo lo de la obra, pero no hablan ni aceptan que hay muchos desplazados por el conflicto”.

Lo mismo nos dijeron David y Édgar, que los casos de desplazamiento que vienen del Bajo Cauca a Medellín “se los están achacando a la emergencia de Hidroituango”. “Todo lo ocultó su crisis. Desde enero vienen los desplazamientos por la guerra interna entre esos grupos, pero lo cobijó la hidroeléctrica. Y los actores armados tampoco tienen compasión: siguen cobrando vacuna así la gente allá no esté trabajando”, sostuvieron.

El 25 de febrero, antes de la crisis de esta megaobra, fueron desplazadas forzosamente 83 personas de Ituango, municipio antioqueño muy cercano al Bajo Cauca. Según Isabel Zuleta, vocera de Ríos Vivos, movimiento social que ha protestado en contra de la construcción del proyecto, Hidroituango ha empeorado el conflicto en la zona porque le paga vacunas los actores armados y porque las tareas de la Fuerza Pública se han concentrado en la seguridad de la obra y no tanto en la ciudadanía.

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“Además, las rutas de evacuación que se definieron no contemplan las dinámicas del conflicto. Le dicen a la gente que salga hacia zonas en las que no pueden moverse porque ya está prohibido por los actores armados. Y la situación de seguridad se ha empeorado para los líderes”, manifestó.

Tal es el caso de Hugo George Pérez y Luis Alberto Torres, integrantes de Ríos Vivos, quienes fueron asesinados el 2 y el 8 de mayo en Puerto Valdivia.

Desde la Organización Indígena de Antioquia, uno de los líderes indígenas zenú que también se ha visto afectado por esta crisis, expresó que bajo este panorama las familias viven con dos zozobras: haber sido desplazadas por la posible avalancha y que en los albergues en los que están hay varios integrantes infiltrados de estos grupos.

Para ninguna de estas personas es concebible que la atención del presidente Juan Manuel Santos, del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y ahora la del presidente electo, Iván Duque, se centre solamente en el progreso del proyecto, invisibilizando todo el conflicto que hay detrás por los recursos naturales y la droga.

Lo que pasa en Bajo Cauca incide en Medellín

Érika Calle, líder de atención básica del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, explicó que en el Centro de Atención a Víctimas de Belencito, se atiende hasta 90 familias en un día y que el 60 % son provenientes del Bajo Cauca. La capital antioqueña es la principal receptora de personas que sufrieron desplazamiento forzado, seguido de Bello e Itagüí, en Antioquia.

A ese centro, de enero a abril, llegaron 2.203 personas desplazadas de los seis municipios del Bajo Cauca no solo por amenazas, sino por despojo de tierras, intento de reclutamiento de menores, desaparición forzada, extorsión y homicidios.

Tarazá recoge más de la mitad de este registro, con 1385 personas. De acuerdo con John Jairo Restrepo, líder del componente de prevención y protección, esto significa que Medellín está albergando el 5 % de la población total de este municipio.

“No se puede ver el tema de las víctimas del conflicto armado en Medellín por fuera de lo que está pasando en el Bajo Cauca”, añadió Restrepo. “Todo eso tiene un movimiento que es significativo e imperceptible, pero es real”.

Según información de la Alcaldía de Medellín, los lugares a los que están llegando estas personas son comunas donde también hay presencia de actores armados como las AGC y la Oficina de Envigado, aliadas a distintos combos delincuenciales de la ciudad. Muchas de estas familias vuelven a sufrir episodios de violencia, amenazas o desplazamientos intraurbanos.

La mayoría son mujeres, niños, niñas y adolescentes que sufren de prostitución sexual forzada, violencia intrafamiliar y en el caso de los jóvenes, hostigamientos permanentes por los grupos armados delincuenciales para que se unan a ellos.

Las principales comunas a las que llegan personas del Bajo Cauca son a la 1 “Popular”, la 7 “Robledo”, la 13 “San Javier”, la 4 “Aranjuez” y la 2 “Santa Cruz”.

Claudia, por ejemplo, apenas llegó a Medellín se ubicó en la comuna 1 con una antigua vecina de Tarazá también desplazada. Un día a la semana salen a hacer recorrido por el barrio, tienda por tienda, para recoger algo de mercado y está buscando que algún colegio reciba a sus hijos.

Las comunas 7 y 13, ubicadas en el noroccidente de Medellín, concentran el mayor número de hogares expulsados. En toda la zona occidental es donde más se han incrementado los desplazamientos y los hechos de violencia. De acuerdo con la Alcaldía, allí está la ruta de comercialización de drogas con salida por el norte hacia el Urabá antioqueño, y por el sur hacia Chocó. En el Bajo Cauca es donde se produce la coca, que llega por Bello hasta Medellín, y por esta ruta salen hacia Panamá y México. Ese sería el dominio territorial y del narcotráfico que se están disputando las AGC y los Caparrapos.

Organizaciones como la Defensoría, la OIA, el Acnur y el equipo de Atención a Víctimas rechazan que el plan de contingencia para este fenómeno de violencia sea solamente el incremento del pie de fuerza militar en el territorio. Hacen un llamado para que se atiendan los problemas sociales y culturales que hay detrás de este ambiente de violencia.

Piden protección colectiva para las víctimas que impida la repetición de los hechos; que haya articulación interinstitucional para la prevención de los hechos victimizantes; acompañamiento psicosocial, atención con enfoque diferencial para grupos minoritarios, y que desde el Estado se quiebren las barreras para que estas personas, en igualdad de condiciones, puedan acceder a la educación, la salud, el empleo y la vivienda digna.

* Los nombres fueron cambiados por seguridad.