Bahía Solano necesita respuestas inmediatas

Una de las principales actividades de Bahía Solano es la pesca artesanal. / Unión Europea

Hace tres días, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas urgentes en aras de proteger la vida, libertad e integridad de la población de Bahía Solano (Chocó), donde 327 personas de los corregimientos de Nabugá y Huaca fueron expulsadas forzosamente de sus hogares. El desplazamiento masivo —97 familias en total— se debe a las acciones de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el clan del Golfo o anteriormente como los Urabeños.

Dos de los hechos violentos ocurrieron en Nabugá: la desaparición forzada del indígena Daniel Cabrera Lana (4 de diciembre) y el asesinato de Deiber Potes Girón (6 de diciembre). A ellos se suma el homicidio y desmembramiento del joven Roberto Jiménez Bocanegra en Huaca, el 12 de diciembre, cuando también hubo amenazas generalizadas contra los pobladores. La Defensoría ha advertido sobre el escenario de riesgo en Bahía Solano, Juradó y Nuquí, poniendo en conocimiento la movilización de unos 500 hombres de las AGC desde el Urabá y el Bajo Atrato hacia esos municipios.

En diálogo con El Espectador, la alcaldesa de Bahía Solano, Harley Liliana Ortiz, habla de la difícil situación que vive hoy toda la zona, cuyos problemas se han acrecentado por la ola invernal. Y en un escenario de consolidación de la paz tras la firma de un acuerdo de fin del conflicto con las Farc, le pide al Gobierno mirar al Chocó y a los territorios, que es donde se van a construir los cimientos de la reconciliación y donde se deberá trabajar para que esa paz sea estable y duradera.

¿Qué está pasando en Bahía Solano en materia de seguridad?

La situación es crítica. Tenemos desplazamientos masivos en tres corregimientos, el más complicado el de Nabugá, donde en los últimos días ha habido acciones de la bandas criminales con dos personas asesinadas y dos desaparecidas. Hace dos días tenía 35 familias desplazadas en la misma sede de la Alcaldía y muchos se niegan a retornar, pese a que se hizo un consejo de seguridad y la Armada garantizó la presencia de tropas. Pero ellos insisten en que no hay garantías y que no se sienten seguros. Nosotros estamos pidiendo que se restituya la estación de Policía en el corregimiento de Bahía Cupica y que se aumente el pie de fuerza, tanto de la Policía como de las Fuerzas Militares, para poder garantizar un territorio seguro.

¿Qué grupos ilegales operan en el sector de Bahía Solano?

Desafortunadamente, en la zona convergen todos los actores del conflicto: hay presencia del Eln, de las llamadas bacrim, con el clan Úsuga o clan del Golfo, y de las mismas Farc.

¿Y qué llamado le hace al Gobierno Nacional en concreto?

Que le dé una mirada profunda, no sólo a Bahía Solano, sino a todo el Pacífico, pero que sea de una manera integral y llegando al territorio, porque si no es así, de nada nos sirve venir a hablar acá a Bogotá y contar nuestra problemática. Todos los municipios del país tenemos problemas, pero uno como alcalde quiere que vayan y conozcan la situación para que así se puedan priorizar las necesidades más urgentes y sensibles. En Bahía Solano esto no es de ahora, ha sido siempre, y por eso lo que pido es que realmente se definan acciones claras y haya respuestas inmediatas. Más aún cuando la segunda temporada invernal se ha convertido en otro problema.

Cuando usted viene a Bogotá, ¿siente que es escuchada o son más las puertas que se cierran?

La verdad es que no es fácil lograr las citas con el alto gobierno, con los altos funcionarios. Pero seguimos en la lucha.
Muchos hablan ya de posconflicto. ¿Se puede decir que en regiones como Bahía Solano la guerra no ha parado?
En el plebiscito del 2 de octubre, Bahía Solano votó mayoritariamente por el Sí. Nosotros rechazamos cualquier acto de violencia y queremos un territorio en paz, donde la gente no tenga miedo de salir, de ir a las playas, que los turistas lleguen y no se sientan amenazados de que los vayan a extorsionar o a secuestrar. Pero para que la paz sea una realidad se necesita una mirada más profunda del Gobierno Nacional. Sólo así será de verdad estable y duradera en el tiempo.

Usted habla también de dificultades por el invierno...

Estamos viviendo una situación crítica con la segunda temporada de lluvias. Tenemos 1.600 familias damnificadas, algunas de las cuales hemos logrado ubicar donde familiares, pero otras continúan en albergues, en instituciones educativas. La problemática es compleja porque estas familias no pueden volver a sus casas porque estaban en sitios de alto riesgo y la solución es implementar un proyecto de vivienda. Pero además hay cultivos afectados y tenemos una crisis alimentaria grande, por lo que le he pedido al Ministerio de Agricultura definir un plan de choque. Mucha gente que vivía también de la cría de ganado lo perdió todo.

¿Y en infraestructura?

Todos los puentes están afectados y los acueductos. Estamos con racionamiento de energía y la única vía carreteable, que venimos pidiendo que nos la pavimenten toda desde hace 20 años, sufrió afectaciones: se perdieron más de 30 kilómetros de calzada.

¿Ha habido respuesta estatal?

Estamos muy agradecidos con Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos, quien llegó hasta el municipio, constató la situación y nos ha brindado toda su ayuda. La verdad es que tenemos una crisis sensible y lo que le pido al Gobierno es que los ministerios manden funcionarios para que puedan constatar la realidad, porque una cosa es contarla y otra vivirla en carne propia.