Así se protegerán los territorios por los que pasó la guerra

Tras la salida de las Farc de sus campamentos de guerra en la selva, las carreteras ilegales y la deforestación amenazan a la única reserva boscosa que tiene Colombia. Ya empezó la tarea del Ministerio de Ambiente, que pretende trazar un cinturón verde para regular el acceso a estas regiones.

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Imagen reciente de un bosque talado en la serranía Los Picachos en San Vicente del Caguán (Caquetá). / Óscar Pérez

Si algo permite el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, es la desmilitarización de territorios selváticos y de conservación para la humanidad. El retiro de tropas de regiones como Catatumbo, Arauca, Montes de María, Nudo de Paramillo, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Cauca y Guaviare, los otrora campos de batalla de la guerrilla y el Ejército, los dejará desprotegidos de cualquier intrusión externa.

Por eso el Ministerio de Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se aliaron para establecer un régimen ambiental de los usos del suelo en los 177 municipios que han sufrido con mayor intensidad los impactos del conflicto armado y que se cruzan con las zonas veredales donde las Farc dejarán las armas.

La estrategia arrancó en la puerta de la Amazonia, en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Nariño. La alianza se llama Zonificación Ambiental para el Posconflicto y pretende cerrar la frontera agrícola y vial que ya irrumpió por el norte de esta selva.

Dos vías marginales e ilegales amenazan este ecosistema, que se conecta con los bosques del Brasil: el corredor marginal de la selva (tramo vial Puerto Rico-San Vicente del Caguán (Caquetá)-La Macarena y Puerto Arturo (Meta). Y la construcción de la trocha Calamar-Miraflores en el período de enero a marzo de 2017.

Estas construcciones ilegales, así como la continua ampliación de la frontera agrícola, donde la deforestación es el mayor flagelo, amenazan un complejo natural frágil y decisivo para la Amazonia: los parques naturales Sierra de La Macarena, Serranía del Chiribiquete, Los Picachos y Tinigua, y la reserva natural Nukak, zonas que, según el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, son utilizadas para realizar actividades ilegales como la minería o los cultivos ilícitos, entre otras.

El fin de la guerra no solo permite ver la riqueza natural con que aún cuenta el país, sino también a quienes habitan esos territorios inhóspitos: tribus indígenas y campesinos colonos que llegaron en busca de tierra.

Los primeros son los guardianes ancestrales de la selva por su relación histórica con el territorio. Los segundos son los guardianes del bosque mediante las normas que impuso la guerrilla de las Farc durante años.

Por eso, Jimena Puyana, la directora del área de desarrollo sostenible del PNUD en Colombia (aliado del proyecto), dijo que el proceso de zonificación ambiental tiene que ser participativo, “que acerque las visiones de las comunidades e instituciones para lograr una visión compartida del territorio. Eso es fundamental para proteger aquellos lugares que han estado protegidos por el conflicto”.

Esta estrategia ya está caminando y se espera que en diciembre próximo el ministerio de Ambiente entregue los resultados de la zonificación en las antiguas áreas de confrontación: 38 millones de hectáreas que representan el 33 % del territorio continental del país son analizadas.

Conversamos con Gilberto Murillo, jefe de la cartera ambiental, para entender la importancia de conservar lo que el conflicto resguardó y, sobre todo, para saber cómo será el cinturón verde que impedirá que tengamos que decirle adiós a la Amazonia colombiana.

¿Por qué se escogieron estos 177 municipios para la zonificación ambiental?

Clasificaron los más importantes en variables como cultivos de coca, zonas veredales y otras de tipo ambiental. Y casi todos están en esa zona, donde tenemos una gran presión por deforestación.

¿Qué se pretende con el plan de zonificación ambiental?

Son 16 áreas, pero las primeras nueve, que se entregan a finales de mayo, se escogieron porque son zonas donde había alta intensidad del conflicto, que es toda la frontera de la Amazonia: Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Tenemos que estabilizar esa zona, porque ahí están los últimos bosques que nos quedan.

¿Qué significa estabilizarla?

Que podamos tener allí, primero, una zona para pagar por servicios ambientales para que no se pueda cortar bosque. Segundo, que podamos tener unas zonas donde se pueda hacer agricultura sostenible, que estabilice esa zona pero que no amplíe la frontera agrícola.

En los territorios mencionados la vocación, en gran medida, es ganadera. ¿Cómo van a sortear esto con quienes ya habitan dentro de zonas estratégicas?

La idea es que se pueda hacer ganadería sostenible con el compromiso de que las áreas boscosas, que son protección de esa frontera agrícola, se mantengan. Eso nos toca hacerlo con las comunidades. Esas nueve zonas coinciden exactamente con la frontera agrícola del país. Ahora, el objetivo de la zonificación también es contribuir al logro de una reforma rural integral ambientalmente sostenible en el mediano y largo plazo.

¿Y qué tanto les han consultado a las comunidades?

Tenemos pendiente el diseño de una estrategia de trabajo con las comunidades para que se pueda refrendar esta zonificación y todo el tema integral de parques nacionales.

¿Cómo está la frontera agrícola en todo el país?

Hoy tenemos cierta preocupación porque en algunas zonas, sobre todo en el Guaviare y Meta, por potrerización, se ha venido generando una deforestación bastante significativa. Estamos respondiendo para controlarla, pero tenemos la hipótesis de que detrás de eso hay agentes externos que forman parte de redes criminales que, con motivos especulativos, están financiando la tala indiscriminada de bosques para generar allí nuevas fincas con la expectativa de titulación. No queremos que se repita la historia de que estas fincas se consolidan, se deforestan y después se empuja a la comunidad campesina selva adentro.

¿Qué está sucediendo en Guaviare, que forma parte del norte de la Amazonia colombiana?

En La Panguala, una vereda del municipio de El Retorno (Guaviare), comprobamos que es la zona con mayor deforestación. En el marco de lo que se llama la burbuja contra la deforestación, una operación de Fiscalía, Ejercito y Policía, se fue a impedir esta tala y allí fue donde tuvimos una respuesta de la disidencia del Frente Primero de las Farc, en la que cayó asesinado un soldado y hubo tres heridos. Creemos que detrás de eso hay un interés de redes criminales para generar mayor deforestación y se está dando en toda la frontera agrícola. Se está dando en Guaviare, Caquetá, Putumayo y parte de Nariño.

¿Por qué es tan importante conservar la Amazonia?

Lo primero es que en esos bosques nosotros tenemos gran parte de nuestra riqueza en biodiversidad y ahí está el banco genético que va a ser la base del desarrollo del país en los próximos años. Segundo, esa zona desempeña un papel importante en la regulación climática de todo el país, incluida Bogotá. Tercero, la mayor emisión de gases efecto invernadero o de dióxido de carbono que se presenta en el país se da por la tala de bosques y casi el 60 % de las emisiones proviene de todo el sector agrícola y forestal por la tala. Tenemos un compromiso internacional para disminuir en un 20 % esas emisiones. Sin embargo, si no estabilizamos la frontera agrícola y evitamos que se pierda ese bosque, obviamente vamos a emitir más. Además, tenemos un compromiso para disminuir la tala en la Amazonia a una tasa neta de cero hacia el año 2020. Si perdemos esos ecosistemas, malograríamos el 52 % de nuestros bosques naturales.

¿Y las Farc qué papel van a desempeñar en esta tarea de conservación?

En reincorporación, nosotros quisiéramos (aún no se ha hablado ni con las Farc ni con el presidente) que este sector reincorporara a unos 500 excombatientes de las Farc que se puedan dedicar a ser controladores ambientales, a apoyar la investigación ambiental y que también puedan vincularse a las corporaciones, institutos de investigación y al propio Ministerio. La idea es que en esos territorios donde estaban cumplan funciones de control ambiental, sobre todo control a la deforestación. Eso es importante para nosotros, porque ellos conocen esa región. En ese sentido tenemos un convenio con el Sena para establecer esos procesos de capacitación.

¿Es viable conservar estas zonas del país?

Es viable, pero no va a ser fácil. Vamos a necesitar la movilización de muchos recursos en varios niveles. Recursos de control ambiental. Lo que sí reitero es que el ambiente es favorable porque estamos en un escenario de implementación del Acuerdo de Paz. Antes, en medio del conflicto, era mucho más difícil y casi inviable.