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El abogado Joaquín Garzón recuerda la maleta que cargaba Temístocles Machado, el líder comunitario de Buenaventura (Valle del Cauca), el primer día que se encontraron. La reunión se dio en la Universidad Javeriana de Bogotá, en el 2012. El líder cargaba una gran cantidad de documentos con los que explicaba lo que había sido su lucha: una pelea frontal contra el despojo a las tierras de las comunidades negras de la ciudad.
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“Cargaba la maleta con mucha prevención. Creía que esos papeles siempre tenían que estar con él porque consideraba que ahí estaban los elementos claves para comprender la situación”, relata Garzón, quien hace parte de la Clínica jurídica de derecho y territorio de la Javeriana. El abogado cuenta con admiración la capacidad que tenía Machado para tocar puertas buscando ayuda para resolver los problemas de su comunidad.
Garzón asesora jurídicamente a las comunidades negras que habitan la Comuna 6 de Buenaventura. Invirtió años intentando entender el panorama que revelaban los archivos que guardaba Machado. “Solamente entender la cantidad de acciones, procesos, documentos y cartas que estaba circulando entre las juntas de acción comunal, las autoridades municipales, departamentales y nacionales nos tardó años”, recuerda.
Decidieron empezar a trabajar con las juntas de acción comunal de los barrios Isla de la Paz, en donde vivía Machado, y La Cima. El líder comunitario fue asesinado el 27 de enero del 2018. Sin embargo, todos los documentos quedaron en manos de la clínica jurídica.
Los abogados empezaron a sacar conclusiones sobre los documentos. Concluyeron que las comunidades negras se asentaron en esos sectores desde los años 50. “Creemos que llegaron atraídos por la cercanía con los ferrocarriles que por esa época se empezaban a construir por la zona”. Recogieron relatos de personas adultas que contaron cómo sus familias vivían de cultivos de pancoger que tenían en esos barrios y de la pesca en los esteros del sector.
En 1999 la historia de la Comuna 6 se partió en dos. De manera literal ese sector quedó dividido por la mitad debido a la construcción de la Vía Alterna Interna, obra que buscaba descongestionar la vía principal de Buenaventura dándole alternativas al transporte de carga para salir de la ciudad. La vida de los habitantes de los 13 barrios que componen la Comuna se trastocó.
Empezaron a llegar extraños que aseguraban ser dueños de las tierras en las que estaban los barrios. Al mismo tiempo se desarrolló un fenómeno de violencia que expulsó a cientos de los habitantes de la comuna. “Empezaron a desplazar gente asociados con esas personas que decían ser dueñas”, enfatiza Garzón. “Desde ahí comenzó el caos en la comuna 6”, cuenta Janer Panameño, presidente de la junta de acción comunal de Isla de la Paz.
La construcción de la vía puso de presente una realidad con graves implicaciones para las comunidades: a pesar de que vivían allí hace más de 50 años no tenían los títulos de propiedad sobre sus predios. Esa situación fue aprovechada por los externos para decir que eran dueños de grandes extensiones de tierra. A eso se sumó que el Instituto Nacional de Vías (Invías), al no encontrar propietarios, empezó a pagar solamente los equivalentes a las mejoras hechas sobre la tierra. “Eso cuesta 3 millones, 10 millones, en cambio, la propiedad cuesta mucho más”, explica Garzón.
Esos hechos generaron un gran descontento social. Las juntas de acción comunal de Isla de la Paz y La Cima empezaron a movilizarse para que los predios fueran titulados. En el 2002 lograron que su clamor fuera escuchado. El Concejo municipal emitió el acuerdo 10, por medio del cual se facultaba al Alcalde a empezar procesos de cesión, titulación y adjudicación de tierra (ver facsímil 1).
La esperanza creció con otro acuerdo del Concejo, el número 6 de 2004 (ver facsímil 2). En el documento se autorizó la titulación gratuita de predios ubicados en los sectores donde se estaba construyendo la vía Alterna interna. Empezaron las titulaciones.
Pero la alegría duró poco. El proceso se detuvo el 5 de julio de 2006 por orden Henry Díaz Benavides, de la Dirección Técnica de Vivienda. Jairo Arturo Salamando Ochoa aseguró ser propietario de dos predios llamados Mi Esfuerzo y Buenavista, que sumaban unas 45 hectáreas, y adjuntó algunos documentos. Dicha persona afirmó que los predios que se estaban titulando eran de su propiedad. Aunque la resolución 692 de dicha entidad establece un plazo de 30 días para que Salamando “pruebe el registro de los títulos de propiedad”, Garzón se queja de que “el plazo de 30 días lleva años”. Además, a pesar de que la orden solamente suspendió la titulación en los barrios Oriente, La Cima y la parte norte de El Bosque, en la práctica ese proceso se frenó en otros barrios como Isla de la Paz (ver facsímil 3).
Por eso Temístocles Machado llegó hasta la Universidad Javeriana a pedir ayuda para destrabar el proceso. El panorama se complicó porque las mismas comunidades han denunciado que muchos de esos particulares que dicen ser dueños de las tierras, han sido vistos acompañados con paramilitares. Garzón describe que utilizan dos estrategias, una que pretende utilizar las vías legales y otra que recurre a la presión de los grupos armados.
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En cuanto a las estrategias legales, Garzón afirma que hay unas “burdas” y otras “sofisticadas”. Las primeras consisten, por ejemplo, en la presentación de escrituras falsas que son fácilmente identificables. “Han llegado personas con títulos que dicen que son de la época de la colonia”, ejemplifica Danelly Estupiñán, integrante del Proceso de Comunidades Negras. Pero la segunda es más compleja porque los documentos que poseen pueden ser originales, pero su legalidad está en entredicho por la forma como los obtuvieron. “Siempre ha habido la intuición de que eso sólo pudo hacerse aliados con funcionarios de todo tipo: de las oficinas de registro, del gobierno municipal, notarías, jueces, topógrafos, etcétera”, denuncia el abogado.
La defensa de quienes dicen ser dueños recae en abogados locales, “siempre han sido los mismos los que les han ayudado a fraguar jurídicamente esta cosa. Tampoco creemos que sean los bufetes transnacionales”, afirma. Garzón dice que no conoce acciones penales en contra de quienes han despojado la tierra. Insiste en que el objetivo principal de su labor es la titulación de los predios en favor de las comunidades y no llevar presos a los despojadores, pero aclara que en caso de que se necesite interponer denuncias penales lo harán. Entre quienes las comunidades señalan de ser extraños que dicen tener títulos no solamente está Salamando Ochoa, sino también los Gámez, los Lopera y Elkin Tobón.
Saben cuáles son los sectores favorecidos por el despojo. “Hay una alianza de intereses”, enfatiza Garzón. “En el fondo está asociado a la expansión del negocio portuario porque esa vía le sirve”, complementa. Pero enumera también otros intereses como el control territorial que aspiran tener los grupos armados, la Agencia Nacional de Infraestructura y las empresas interesadas en llevar a cabo obras en ese sector de la ciudad.
Los últimos dos actores representan una preocupación especial en este momento. El Estado planea ampliar la vía alterna interna mientras que la tenencia de la tierra sigue sin resolverse. Los habitantes de la Comuna 6 temen que la historia se repita y parecen tienen indicios de que está ocurriendo. Tanto entre 1999 y 2004 (cuando se construyó la vía) como entre 2017 y 2019 (cuando se conocieron los proyectos de ampliación) se ha intensificado la violencia. “Nos preocupa mucho que coinciden los tiempos de las construcciones de la vía con olas de violencia”, enfatiza Garzón. Entre esos hechos que sucedieron tras el anuncio de la ampliación de la vía se encuentra el asesinato de Temístocles Machado.
Otra preocupación es que para la ampliación de la vía no se ha hecho consulta previa. El tramo que pasa por esos territorios es el que se conoce como Citronela-El Piñal. En ese mismo territorio, para 1999 se hizo una consulta previa, con lo cual el Estado reconoció la existencia de comunidades negras en ese sector (ver facsímil 4). Por eso, a los habitantes de la Comuna 6 les desconcierta que para la ampliación no se haya adelantado un proceso similar, aunque esa construcción está frenada.
Garzón sigue en la búsqueda de herramientas jurídicas para lograr la titulación de la tierra en favor de las comunidades que habitan la Comuna 6. Dice que es un caso emblemático, que de resolverse en favor de los habitantes de esos barrios tendría un gran impacto sobre la solución del problema de la tenencia de la tierra. “Tenemos certeza que en esa misma situación se encuentra la mayor parte de la ciudad”, enfatiza.
¿Quién tendría la responsabilidad de titular los predios? Según Garzón los terrenos en los que están Isla de la Paz y La Cima le pertenecerían a la ciudad, por lo cual afirma: “el municipio tiene la responsabilidad histórica de titular esas tierras a los habitantes”. Sin embargo, dice que las administraciones locales no han diligentes. “Machado y los presidentes de las juntas tenían muchos enfrentamientos y sospechas de algunos personajes de las administraciones municipales porque los habían visto aliados con los terceros que están buscando la propiedad”, cuenta.
Las comunidades tienen sus esperanzas puestas en los procesos que impulsaron líderes como Temístocles Machado. Lo que está en juego no es solamente unos predios, sino la forma de vivir de las comunidades negras del Pacífico. Esperan, con su estrategia legal, derrotar a quienes han recurrido al asesinato, el despojo y la corrupción para hacerse con unas tierras en las cuales sus padres les enseñaron a pescar, sembrar y relacionarse con el territorio. “No tenemos para dónde ir”, concluye Panameño.
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