Queda una semana de sesiones extras

¿Y fue el Congreso de la paz?

Aunque quedaron varias iniciativas pendientes para implementar el Acuerdo de Paz, el balance del período legislativo 2014-2018 deja ver un Congreso que cumplió con las principales iniciativas que impulsó el Gobierno para otorgar seguridad jurídica a lo pactado en Cuba. 

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El presidente Juan Manuel Santos celebra el triunfo de Colombia horas después de que el Congreso avalara las normas de procedimiento de la JEP. / EFE

La de ayer en la madrugada fue la penúltima sesión legislativa del cuatrienio 2014-2018 en favor de la paz. La próxima semana, según el Decreto 1040 del 21 de junio de 2018, acabarán las sesiones extras para tramitar los proyectos que quedaron pendientes y será la última batalla que dará el gobierno saliente para dejar listas las iniciativas que permitan implementar lo pactado en Cuba. El debate de los últimos días giró en torno a la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, necesaria para darle dientes al funcionamiento de la justicia transicional y que logró salir adelante en un “clima político tan complejo”, como dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Desde esa perspectiva, vale la pena hacer un barrido sobre si, en efecto, el Congreso que instaló el presidente Juan Manuel Santos recién reelecto fue, como él mismo lo anticipó, el Congreso de la paz. Estuvo en manos del Capitolio tramitar a lo largo de estos cuatro años una agenda marcada, en su mayoría, por el futuro de los textos de La Habana. De hecho, se creó un mecanismo especial expedito, denominado fast track, al que se llevaron decenas de proyectos para darles un sustento normativo a los compromisos adquiridos entre el Gobierno y la hoy desarmada guerrilla de las Farc. Participación en política, reducción de penas y justicia transicional salieron adelante.

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Sin embargo, hubo otras tantas fundamentales que se quedaron en el camino y que, obligatoriamente, tendrán que ser tramitadas en el próximo Congreso. De ahí la importancia del discurso que ha venido sosteniendo el presidente electo, Iván Duque, frente a no hacer “trizas” el Acuerdo de Paz, y si quiere hacer reformas al texto de paz, deberá tener en cuenta aquellas promesas que hizo el gobierno saliente durante las conversaciones en La Habana. Por ejemplo, las reformas política y electoral, el tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores o la reforma a la ley de garantías.

Entonces, ¿le cumplió el Congreso a la paz? La respuesta pareciera ser afirmativa. Entre las iniciativas avaladas se destacan, por ejemplo, la reforma constitucional que le otorgó personería jurídica al naciente partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y que les dio a sus miembros el derecho a diez escaños en el Congreso. Será, eso sí, únicamente por dos períodos y luego los exguerrilleros tendrán que ganarse ese cupo a pulso y en las calles. El Estatuto de la Oposición también salió adelante. Fue, tal vez, uno de los proyectos más importantes, dado que era un saldo pendiente desde la Constitución de 1991. Con ello, este sector político adquiere derechos exclusivos y a los que no tendrá acceso el Gobierno ni sus aliados. Por ejemplo, el 5 % adicional de los recursos que otorga el Estado para actividades de oposición. En ese trámite participaron voceros de las extintas Farc, otro proyecto que permitió esa representación a través del movimiento político Voces de Paz y aunque no tenían derecho al voto, sí se convirtieron en los ojos de los desmovilizados para hacerle veeduría a lo que se iba votando en el Congreso.

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A su vez, el Legislativo aprobó la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales, con la que salieron de las cárceles poco más de 3.000 guerrilleros condenados por delitos políticos y conexos, y a través de la cual se adoptaron tratamientos penales diferenciados para agentes del Estado y terceros civiles.

El proceso de implementación en el Congreso al Acuerdo de Paz también dio luz verde a una norma que permitió a la Unidad Nacional de Protección ampliar su nómina para contratar a exmiembros de las Farc como escoltas, especialmente, porque serán parte de los esquemas de seguridad de aquellos exjefes guerrilleros que así lo requieran. El Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que dio vida a la Jurisdicción Especial de Paz, también recibió el aval del Legislativo. Con ese sistema se garantiza que las víctimas del conflicto armado son y serán el centro del Acuerdo de Paz. Posteriormente, hubo un desarrollo normativo de la JEP, a través de una ley estatutaria que quedó sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica para administrar la justicia de manera transitoria e independiente. Sin embargo, se definió en el desarrollo normativo que no tendrá, por ejemplo, facultades probatorias en las solicitudes de extradición y que deberá darles un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública.

Otro de los grandes aciertos de este período, según el Gobierno, fue la aprobación del proyecto de ley que permite el sometimiento colectivo a la justicia de bandas criminales, como el clan del Golfo, que anunció su intención de someterse a la justicia ordinaria. No obstante, reformas como la política y electoral no lograron salir adelante, y el propio ministro Rivera retiró la iniciativa. Una de sus falencias fue que dejó sin la posibilidad de despolitizar el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la creación de un organismo integrado por sectores académicos desligados de las colectividades políticas.

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En materia de participación política también se cuenta el fracaso en el intento por crear las 16 circunscripciones especiales de paz para las víctimas. Sus opositores argumentaron que no había garantías para que esas curules fueran ocupadas por auténticas víctimas y no por personas cercanas a grupos armados ilegales o la exguerilla de las Farc. En ese sentido, el Centro Democrático propondrá la entrega directa de curules a las víctimas dentro de las reformas que presentará para modificar el Acuerdo de Paz.

También quedaron faltando varios proyectos que apuntaban más al campo. El Congreso quedó en deuda con la ley de adecuación de tierras, que desarrollaba el punto 1 del Acuerdo de Paz, sobre la Reforma Rural Integral (RRI) y el que buscaba regular el Sistema Nacional Catastral Multipropósito. De igual manera quedó archivado el proyecto de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, que había presentado el Ministerio de Justicia. Básicamente porque culminó la vigencia del fast track. En ese asunto aún falta por conocer el futuro del proyecto de adjudicación de baldíos en reserva forestal, que está incluido entre las iniciativas que el presidente envío para que el Congreso las discutiera en las sesiones extras.