Registraduría duda de que el tiempo alcance para preparar la jornada electoral

Una novela llamada curules de paz

La puja entre las ramas del poder público por las 16 circunscripciones especiales de paz aún no termina. Congreso dice que hay intromisión en su independencia por parte del Ejecutivo, mientras que el Gobierno señala que el Legislativo debe cumplir la ley.

curules_de_paz.jpg

La participación de las víctimas en la Cámara de Representantes aún es incierta.Gustavo Torrijos - El Espectador

Las 16 curules de paz tienen a las tres ramas del poder público en un auténtico choque de trenes y las sumergió en una batalla que ya parece interminable. A punta de acciones judiciales y argumentos, a veces más políticos que jurídicos, se terminó opacando la verdadera importancia de las mencionadas circunscripciones: garantizarles una representación en el Congreso a las víctimas del conflicto armado. Pero el apetito burocrático, la incapacidad del Ejecutivo de mantener la gobernabilidad entre sus filas en el Capitolio y, por supuesto, la creciente oposición al gobierno Santos en el Legislativo, condujeron la discusión sobre si el proyecto había sido aprobado o no.

Tal es la magnitud del debate que ya se registran dos decisiones de tribunales distintos, un concepto del Consejo de Estado frente a la conformación de las mayorías legislativas, denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el cumplimiento a regañadientes de una orden judicial por parte del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, no sin antes advertir que se avecinan más recursos para revertir las decisiones. “Soy un convencido de que las víctimas deben estar representadas en el Congreso y por eso voté positivo. Pero, una cosa es esa convicción y otra muy distinta violar la ley”, argumentó Cepeda.

También lea: El líder indígena que revivió las Circunscripciones Especiales de Paz

Entre tanto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, volvió a embestir al presidente de la Cámara, Rodrigo Lara. Le cuestionó su intención de acudir a la CIDH para reclamar por la presunta violación a la separación de poderes en Colombia y le encaró su obligación de legislar. “Quienes tienen la lectura de la intromisión de jueces en las decisiones del Congreso olvidan que este tiene la obligación de cumplir la ley. Son las víctimas quienes pueden pedir a la CIDH la protección de sus derechos”, dijo Rivera. Pero ¿cuál es la discusión de fondo?

Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, ha habido una mala lectura del más reciente fallo de la jueza Catalina Díaz, del Juzgado 16 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, pues, según argumentó, la orden que se impartió al presidente del Congreso fue apenas la de publicar en la Gaceta el informe de conciliación del Acto Legislativo que busca crear esas 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes, mas no lo conmina a dar por aprobada dicha iniciativa. “Es decir, deja en manos de la Corte Constitucional la decisión de resolver si hubo o no vicios de trámite, dado que existe una duda evidente frente a la conformación del quórum y las mayorías”, dijo Charry. Además critica que se le hayan otorgado funciones a la Corte Constitucional sobre las cuales no es competente, como lo es resolver asuntos de un proyecto cuya duda versa, justamente, sobre si fue o no aprobado, además de haber tutelado la presunta vulneración a la participación en política, pues dicho derecho aún no existe, teniendo en cuenta el limbo en el que se encuentran las curules de paz.

Entonces ¿cuál sería la salida más apropiada para salvar las curules? Una nueva tutela, según el constitucionalista Charry, pero que sea interpuesta ya sea por algún congresista —como lo acaba de hacer el senador del Polo Democrático Iván Cepeda en contra del presidente de la corporación por presunto prevaricato por omisión— o por el mismo Gobierno, que fue el que radicó el proyecto. El argumento sería el de una presunta violación al debido proceso y, ahí sí, la Corte Constitucional entraría a estudiar de fondo si hubo o no un error en dar por archivada la iniciativa. El meollo de todo esto es que el tiempo corre y juega en contra de las propias víctimas quienes, según lo inicialmente pactado, deberían participar de las elecciones de marzo de 2018.

La preocupación también se concentra en los tiempos necesarios para organizar el andamiaje electoral para que se surta un proceso sui génerisen el país. Las palabras del registrador nacional ,Juan Carlos Galindo, en Caracol Radio, fueron contundentes: si no hay norma, no se puede empezar la gestión para preparar la jornada electoral en las 16 circunscripciones de paz. En caso de que las curules queden en firme, el primer paso es solicitar más recursos al Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta que es un proceso electoral adicional.

Lea también: Lara solicitará medidas cautelares a la CIDH para "que se respete separación de poderes”

“Este caso necesita unas gestiones iniciales que normalmente no se llevan a cabo en un proceso ordinario, como la determinación de nuevos puestos de votación, lo que implica un trabajo de campo de la Registraduría en cada una de las nuevas circunscripciones: saber dónde van a funcionar”, explica Galindo. De forma paralela, se debe iniciar un proceso de inscripción de ciudadanos en estos puestos y la inscripción de candidatos, al tiempo que se fabrica el material electoral y se designan y se capacitan los jurados de votación.

Por otra parte, voces dentro del Congreso, como la de la senadora Claudia López, consideran que un cambio tan estructural como lo es la creación de nuevas curules debe tener una legitimidad democrática y que la “imposición por vía judicial” tiene un efecto de deslegitimación y polarización, por lo que consideran que el mejor camino para las víctimas es que se tramite un nuevo acto legislativo con moción de urgencia en marzo próximo.

También lea: “Este Congreso no representa a los campesinos”: candidato a una circunscripción de paz