A un año de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón

Una implementación aún en veremos

Proyectos fundamentales, como la Jurisdicción Especial de Paz o la reforma política, no tienen claro su futuro en el Legislativo. La FARC pide celeridad, en medio de un escenario agitado por las elecciones de 2018.

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El 24 de noviembre de 2016, el presidente Santos y el comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, sellaron la paz. / SIG

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Han pasado 12 meses desde el día en el que el Gobierno y las Farc, en el Teatro Colón de Bogotá, cerraron definitivamente el proceso de negociación del Acuerdo de Paz, y con él le pusieron punto final a más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Se llegó allí tras seis años de intensos debates en La Habana y luego de la derrota del Sí en el plebiscito para refrendar lo pactado, que impuso la renegociación del texto. Pero el 24 de noviembre de 2016 marca, además del fin de la guerra, el comienzo del difícil proceso de implementación del que ha sido calificado como el Acuerdo de Paz más ambicioso y complejo en la historia universal de la resolución de conflictos.

Un calificativo que al chocar con la realidad de un país atravesado por el dolor, la violencia y la polarización, ha generado un nuevo escenario de confrontación. La traducción de las 310 páginas del Acuerdo Final a la realidad no ha dejado un solo día sin sobresaltos, escándalos, intensos debates, dilaciones e insultos. Y si bien era algo que se auguraba, el aterrizaje en la democracia de lo pactado ha sido más difícil de lo esperado y las condiciones parecen haberse puesto en contra de lo que ya se ha convertido en una necesidad: implementar con prontitud el Acuerdo.

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Hay varios escenarios. Por un lado está el vencimiento de la vigencia del mecanismo especial fast track, que tenía como objetivo agilizar la discusión y aprobación de los proyectos de acto legislativo y de ley referentes a la paz. Sin embargo, el mecanismo expira el 30 de noviembre y aún hay más de una docena de iniciativas pendientes de ser discutidas en Cámara y Senado. Otras más han cumplido la totalidad de debates, pero aún falta la conciliación, como el que crea las circunscripciones especiales de paz en las zonas más golpeadas por el conflicto.

Y en medio de ese tire y afloje sigue en discusión el proyecto considerado pilar fundamental de la implementación: la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que ayer en la plenaria de la Cámara tenía una nueva cita y que nuevamente quedó en veremos al levantarse la sesión por parte de Rodrigo Lara, presidente de la corporación, lo que demora la discusión y nubla aún más su salida del Legislativo para que ésta entre en funcionamiento. Se trata, ni más ni menos, que de la reglamentación del sistema de justicia transicional a la que se someterán los actores del conflicto, algo a lo que está ligado uno de los puntos neurálgicos del Acuerdo: la participación electoral de las Farc. Incluyendo de paso las inhabilidades para los magistrados que integrarán esa justicia transicional y los alcances de ésta frente a los terceros civiles.

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Otro proyecto que también está demorado para encontrar un puerto firme y que navega con dificultad en aguas turbulentas es el de la reforma política, pues a falta de un debate en el Senado, el texto inicial fue “descuartizado” y los pocos artículos que hoy lo componen —en boca de muchos congresistas y organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE)— no son garantía de su objetivo principal: el de lograr una apertura democrática para la construcción de una paz estable y duradera.

Por ejemplo, no se aprobó la lista cerrada, básicamente por una negativa del conservatismo; fracasó el intento de tener una autoridad electoral independiente y la elección de sus magistrados seguirá sujeta a los intereses partidistas de quienes tienen representación en el Congreso; y así se quiera disfrazar bajo una máscara ideológica, se aprobó el transfuguismo, en detrimento del fortalecimiento de los partidos.

En otro escenario, hay actos legislativos aprobados en el Congreso que ya pasaron el examen de la Corte Constitucional o siguen en estudio. Y algunas de las decisiones de ese alto tribunal, como las modulaciones a la JEP, han producido incomodidad, por ejemplo, en los máximo dirigentes de la hoy llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Precisamente en lo ya mencionado: la exclusión de la obligación de que los civiles y terceros comparezcan ante la justicia transicional para contar la verdad y asumir las responsabilidades y sanciones que les correspondan. Esa opción quedó abierta a la voluntad de los involucrados que no sean ni excombatientes ni agentes del Estado. Algo que, en criterio de los analistas, podría abrir la puerta a la llegada de la Corte Penal Internacional.

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Ahora, del lado de la exguerrilla, hay que reconocer que, hasta el momento, ha cumplido con lo que se pactó en cuanto a desarme y desmovilización, aunque la oposición sigue viendo deudas pendientes en lo que tiene que ver con la entrega de los niños reclutados, de las caletas con armas y explosivos, y de los bienes obtenidos ilegalmente, incluyendo a sus testaferros. Argumentos de lado y lado, pero lo que ratifica la Misión de la ONU en Colombia y otras organizaciones que le hacen seguimiento a la implementación es que las Farc han cumplido en lo esencial.

Para la FARC, en cambio, es el Gobierno el que está en deuda. Porque si algo está claro hoy, un año después, es que la implementación depende de todo el aparato estatal, del que Santos no es omnipotente, y que las dificultades crecen en la medida en que su ciclo en el poder entró en la recta final y escasea su capacidad de maniobra. Ya es claro que faltó pedagogía y que las condiciones son más adversas que las que se tenían hace 12 meses: un país dividido y saturado con el discurso de la paz, una izquierda que aún no define fichas ni alianzas para evitar la diáspora de los votos y una derecha radical huérfana de poder, que, como la historia ha demostrado, puede terminar unida a pesar de sus diferencias internas.

Sin duda, el escenario es complicado, y el pesimismo crece cuando se voltea a mirar otros aspectos pendientes de la misma implementación, como el punto sobre desarrollo rural, que es transversal a los demás puntos del Acuerdo, y que tampoco da muestras de avanzar. Además, la ruta de reincorporación de los excombatientes también está empantanada y la llegada de la oferta institucional a las zonas de donde salieron las Farc no sólo no asoma, sino que ha dejado abierto un inmenso boquete para la presencia de nuevas amenazas criminales. En síntesis, la materialización del Acuerdo de Paz va al ritmo de una institucionalidad que se niega a transformarse y que pareciera no tener ningún interés en acabar de raíz con las causas estructurales que generaron la violencia en Colombia