El proyecto será discutido vía “fast track” en el Congreso

¿Último llamado a las disidencias de las Farc?

El proyecto de ley de sometimiento que radicará mañana el Gobierno busca que grupos armados organizados se acojan a la justicia. La duda es si las disidencias de la exguerrilla se beneficiarían de la iniciativa.

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Se estima que la disidencia de las Farc oscila entre las 800 y 1.000 personas. / AFP

El origen de todo fue el pasado 3 de septiembre. En esa fecha, pocos días después de que alias Gavilán, segundo al mando del Clan del Golfo, cayera muerto en combate, el presidente Juan Manuel Santos recibió una carta. El remitente era Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo líder de esa organización delincuencial, quien le aseguraba al jefe de Estado su disposición de acogerse a la justicia colombiana. El mensaje fue claro. La organización, una de las más violentas y con operación en amplias zonas del territorio nacional, rurales y urbanas, estaba dispuesta a cesar su accionar criminal cuando las condiciones estuviesen dadas y, en ese sentido, abrir las puertas para comenzar un plan de sometimiento a la justicia.

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Desde ese momento, la misión del jefe de Estado fue la de trabajar en un proyecto de ley que permitiera tal fin y se determinó que, tanto los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley como esos mismos grupos ilegales, podrán someterse al régimen de justicia ordinaria de manera individual o colectiva. El texto, que se construyó de manera conjunta entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, se radicará mañana y crea “el procedimiento especial para el acogimiento a la justicia de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados”. Una iniciativa que viene siendo estudiada por el Consejo Superior de Política Criminal y que, de hecho, ya fijó condiciones para que el plan de sometimiento sea exitoso. Incluso, el presidente Santos reveló detalles del proyecto en la sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la que convocó para estudiar la grave crisis de orden público en Tumaco (Nariño).

¿Cuál es la idea? Según el primer borrador, que se conoció a finales de la semana pasada, el proceso constará de dos etapas: una de acercamiento colectivo y otra de judicialización, que se iniciarán luego de que los denominados Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO) manifiesten por escrito, al fiscal general, que tienen la voluntad de acogerse de forma colectiva a la justicia. El siguiente paso será la designación de fiscales delegados, quienes serán los encargados de hacer el acercamiento con los delincuentes y la negociación que, en pocas palabras, deberá terminar con la aceptación de delitos por parte de los miembros de dichas organizaciones y el aporte de información que sirva para identificar la estructura, las víctimas, actividades delictivas y actividades económicas ilícitas. También se determinarán las condiciones de tiempo, modo y lugar para la reunión de los miembros de la organización criminal.

Para quienes se sometan a la justicia a través de esta ley, el Gobierno plantea algunos beneficios, como rebaja de penas y lo establecido en el Código de Extinción de Dominio, especialmente en lo que a retribución en favor del particular se refiere. Es decir, que los miembros de los GDO y GAO podrán recibir hasta un 5 % “del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes que sean objeto de extinción de dominio y se encuentren estrechamente ligados a grupos delictivos organizados”. De esta forma, se planea el sometimiento de los grupos criminales que operan en el país y que son protagonistas en actividades ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

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Por eso, ante este panorama judicial que se propone y que está listo para discutirse vía fast track, vale la pena una pregunta: ¿Puede convertirse esta nueva ley en el último llamado a las disidencias de las Farc que se apartaron del Acuerdo de Paz firmado en La Habana? El texto conocido no hace una prohibición expresa acerca de los integrantes de la hoy desarmada guerrilla que desconocieron lo pactado en Cuba y que, según se ha afirmado desde el mismo Gobierno, también son perseguidos por la Fuerza Pública con la misma contundencia que otras agrupaciones ilegales.

Y no es un tema menor, pues las características de la disidencia de la antigua guerrilla podrían coincidir con las definiciones que de GDO y GAO hace el texto del proyecto de ley de sometimiento: “grupo estructurado de tres o más personas que existan durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo”, y “grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio nacional un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, respectivamente.

De acuerdo con el informe del International Crisis Group, se estima que el número de disidentes oscila entre las 800 y 1.000 personas y tienen presencia en Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Meta. Por lo general, quienes abandonaron las zonas veredales lo hicieron siguiendo otras cabezas de las antiguas Farc. Por ejemplo, alias Gentil Duarte, alias Euclides Mora, alias Giovanny Chuspas, alias Julián Chollo y alias John Cuarenta, todos con capacidad de mando sobre sus tropas e influencia en el territorio donde operan. El caso más reciente fue el de Édgar Mesías Salgado, alias Rodrigo Cadete, quien el pasado 10 de septiembre abandonó la organización y se declaró en disidencia, luego de que hombres armados intimidaran a la escolta en una vía de Cartagena del Chairá.

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Lo cierto es que incluirlos como eventuales beneficiarios de la iniciativa aún es una posibilidad que no está clara, pero que deberá quedar definida en el Congreso cuando el proyecto de sometimiento sea agendado en comisiones de Cámara y Senado. Porque lo evidente es que las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia están operando como cualquier otra banda criminal, incluso, lucrándose del negocio del narcotráfico.