Superintendencia autoriza incluir a la FARC en sistema financiero

La circular de la Superintendencia Financiera de Colombia, conocida por Colombia2020, señala que los exguerrilleros deben ser tratados en igualdad de condiciones frente al resto de la población y no deben ser discriminados para acceder al sistema financiero. 

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A excepción de los excomandantes Carlos Antonio Lozada y Mauricio Jaramillo, el resto que aparece en la foto y que hicieron parte del otrora Estado Mayor Central y secretariado de la insurgencia, figuran en la Lista Clinton. /Óscar Pérez.

A través de una circular 005, publicada el 2 de abril de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia dio instrucciones precisas al sistema financiero del país para que incluya dentro de sus clientes a los exintegrantes de la guerrilla de las Farc que pactaron un acuerdo de paz con el Gobierno, en septiembre de 2016. Según lo descrito por la entidad, el objetivo de esta medida es garantizar que los exguerrilleros accedan al sistema y al depósito de los beneficios económicos de su proceso de reincorporación a la vida civil. 

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La directiva expedida por esta entidad, que vigila el sistema financiero colombiano, se da luego de que se conociera, hace unas semanas, que varios bancos se negaron a abrir la cuenta oficial del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) de la exinsurgencia. El argumento de los bancos fue que Pablo Catatumbo (al igual que otros de sus dirigentes como Rodrigo Londoño) como representante legal aún figura en la Lista Clinton de los Estados Unidos. La lista emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de este país, creada en 1995, con personas y empresas vinculadas a actos delictivos en especial terrorismo, narcotráfico y lavado de activos en el mundo.  

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En septiembre de 2017, un año después de la firma del acuerdo de paz, el embajador Kevin Whitaker reafirmó que Estados Unidos no sacará de la lista de organizaciones terroristas a las Farc: "hasta que demuestren con hechos su compromiso contra el narcotráfico". 

Por esa razón, el Gobierno no pudo girar a tiempo los recursos anticipados para la campaña del partido de la exguerrilla al Congreso. De hecho, el propio ministro del interior, Rodrigo Rivera, le dijo en ese momento a Colombia2020 que eso lo había resuelto el Banco Agrario, pero que era necesario dar una solución de fondo a esta dificultad.   

Esa es la importancia del documento de tres páginas, firmado por el superintendente Jorge Castaño Gutiérrez, que conoció Colombia2020 y que sostiene que: “Las entidades vigiladas por la superintendencia pueden vincular como clientes y ofrecer productos y servicios a los exintegrantes de las Farc que se hayan acogido a un proceso de reincorporación a la vida civil y a toda persona jurídica donde figuren como asociados”.

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Al mismo tiempo, Castaño Gutiérrez cerró la posibilidad de discriminación de las entidades bancarias hacia esta población por el simple hecho de ser exguerrilleros: “Los reincorporados de las Farc acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz deben ser tratados en igualdad de condiciones frente al resto de la población y no ser objeto de discriminación para acceder al sistema financiero”.

Según se lee en la circular, las entidades vigiladas por esta superintendencia deben "abstenerse de exigir requisitos adicionales no contemplados en normas que regulen la vinculación de clientes o la prestación de servicios financieros”. "La calidad de reincorporado no podrá ser considerada por sí sola como una causal válida para negar la vinculación a la entidad", reiteró la circular externa 005 de 2018.

Sin embargo, explica Alberto Lozano, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y actual director de la revista Infolaft, la circular sí pide que se haga una vigilancia financiera. “Sigue el tema de los reportes a la UIAF, lo que da a entender que cualquier desviación en la conducta financiera de estas personas generaría obligatoriamente un reporte a esa entidad estatal, que es la que analiza todo el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo”, puntualizó.

Las entidades vigiladas deberán verificar la condición de reincorporado, cuando fuera el caso, a través de la Agencia de Normalización y Reincorporación. Y, “podrán admitir excepcionalmente como documento de identificación del cliente la contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Visa Especial Residente Paz, la acreditación expedida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o cualquier otro documento autorizado por una norma especial, que permita identificar a esta población”.

Sin embargo, esta entidad de vigilancia también dejó la puerta abierta para que las entidades bancarias adopten mecanismos propios para validar el origen de los recursos de estos clientes. “Éstas podrán establecer mecanismos especiales para determinar razonablemente la fuente y el uso de los fondos, así como llevar a cabo un control y monitoreo continuo y diferencial de la relación comercial, sin que lo anterior constituya una limitante para el uso de los productos y servicios financieros contratados”, dice la circular.

En todo caso, la Lista Clinton seguirá siendo el dolor de cabeza para los exintegrantes de la guerrilla. Ya que, según la circular, “cuando el reincorporado se encuentre designado en las listas restrictivas (internacionales), las entidades vigiladas tienen la discrecionalidad para establecer la viabilidad de la relación contractual con el mismo”.

Con esto, según Alberto Lozano, el Gobierno "reconoce que las entidades financieras tienen una imposibilidad jurídica de aceptar a los exmiembros de las Farc que estén en la Lista Clinton. Y esa prohibición se extendería a empresas o cooperativas de las cuales ellos hagan parte”, resaltó el exdirector de la UIAF.

En plata blanca esa discrecionalidad significa que Rodrigo Londoño, Iván Márquez, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Pablo Catatumbo, José Benito Cabrera, Joaquín Gómez, entre otros exintegrantes del Estado Mayor Central y del Secretariado de las Farc, no podrán entrar al sistema financiero. No obstante, al revisar los reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en esa lista no figuran personajes como Óscar Montero, también conocido como 'El Paisa', quien fuera el comandante de la columna Teófilo Forero y hoy el coordinador de la zona de reincorporación de Miravalle en Caquetá. Así como tampoco está Francisco González, conocido en la guerra como “Pacho Chino”, por ejemplo.    

Por lo pronto, la inseguridad jurídica que tiene la FARC a la hora de establecer negocios con empresas norteamericanas sigue presente y, en cualquier caso, dichas compañías deberán pedir un permiso especial al Tesoro de los Estados Unidos.