Sin plata para elecciones en circunscripciones de paz

Un equipo de la Registraduría y el Gobierno definirá las disposiciones que permitan contar con los recursos y la logística en aras de garantizar las elecciones de estas 16 zonas a partir del 2018.

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El Gobierno acusó al Centro Democrático de estar dilatando la discusión de los proyectos de la paz. / Cristian Garavito

Para poder llevar a la realidad las 16 circunscripciones especiales de paz que se pactaron en el acuerdo final con la hoy desarmada guerrilla de la Farc, lo primero que hay que garantizar es que haya presupuesto y, en general, todos los elementos logísticos que permitan que los eventuales dueños de esas curules puedan ser elegidos en las urnas. Por eso, la posición que el delegado de la Registraduría Nacional llevó ayer a la Cámara de Representantes, mientras se discutía en último debate la iniciativa, provocó todo tipo de cuestionamientos.

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“Nos dijo que no había recursos, que no hay el soporte económico y que no puede garantizar el derecho al voto de los ciudadanos que nunca han tenido representación de sus regiones en el Congreso”, alertó la representante Ángela María Robledo, de la Alianza Verde. Ante esto, el Gobierno comenzó a maniobrar en aras de garantizar que, en las elecciones de marzo del año entrante, los 167 municipios que conforman dichas circunscripciones tengan a sus delegados en el Capitolio.

El pacto que hicieron el Ministerio del Interior y el máximo órgano electoral del país fue conformar un equipo integrado por funcionarios de ambas entidades y definir una serie de disposiciones de carácter transitorio que permitan disponer de los recursos para llevar puestos de votación a las zonas donde operarán las circunscripciones.

De hecho, ya fue aprobado el artículo que le da un mandato al Ejecutivo para que, en un tiempo determinado —se sigue debatiendo si serán 30 o 90 días—, reglamente lo referente a “los mecanismos de observación y transparencia electoral ciudadana, la campaña especial de cedulación y registro electoral, y las campañas de pedagogía y sensibilización en torno a la participación electoral”, como dice el texto de la iniciativa.

Entretanto, otro de los debates que suscitó la discusión del proyecto de las circunscripciones de paz tiene que ver con el tamaño de las cabeceras que podrían entrar o no a participar en ellas. Una proposición radicada —finalmente negada— por los representantes Alirio Uribe, del Polo Democrático, y Ángela María Robledo, tiene que ver con que sólo podrían participar aquellas zonas donde haya menos de 25.000 habitantes.

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El argumento de ambos legisladores es no afectar a las personas a quienes estaban dirigidas originalmente estas circunscripciones transitorias especiales de paz: víctimas del conflicto armado, desplazados en proceso de retorno a su territorio de origen, campesinos, organizaciones sociales, consejos comunitarios y resguardos indígenas.

Evidentemente, el temor era que los caciques electorales de algunas regiones, como Valledupar, municipio incluido en la circunscripción de paz 12, resulten electos. “Si esto no queda incluido, se estaría incumpliendo abiertamente el Acuerdo de Paz”, dijo Francisco Tolosa, integrante de Voces de Paz. Lo cierto es que este punto, tal y como quedó en el Senado de la República, establece que en los municipios de 50.000 habitantes también participarían de estas votaciones.

A propósito, en el Senado también avanzó, aunque a paso lento, la discusión de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Un debate que promete extenderse hasta el último día del fast track, dada la cascada de proposiciones que presentó el senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, a cada uno de los artículos del proyecto. Acción que, según el ministro del Interior, Guillermo Rivera, no se trata de nada distinto a una estrategia dilatoria.