Lo malo, lo bueno y lo feo

Primer año de la implementación del acuerdo de paz

Este martes 26 de septiembre se cumple un año de la firma del fallido Acuerdo de Paz de Cartagena. Desde entonces, se vive una carrera contra el tiempo para cumplir los compromisos mínimos de lo pactado en La Habana.

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En septiembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz de Cartagena. / El Espectador

Se cumple un año del fallido primer Acuerdo de Paz. El 26 de septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de la Farc, Timoleón Jiménez, Timochenko, se encontraron en Cartagena para firmar ante el país, y en presencia de la comunidad internacional, el texto final con el que se pactó la terminación del conflicto armado en Colombia. Y aunque los textos de La Habana fueron derrotados posteriormente en el plebiscito del 2 de octubre –que obligó a suscribir un nuevo acuerdo–, desde hace un año la lupa de quienes siguieron de cerca el proceso de paz se enfocó en vigilar el cumplimiento de lo consignado en ese documento de paz.

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Por eso, no es desatinado afirmar que, luego de transcurrido ese primer año, ya se puede hacer el balance de lo bueno, lo malo y lo feo de la implementación de lo pactado. Lo primero por decir es que el próximo 30 de noviembre se da por terminado el procedimiento especial que, de manera expedita, permite darle cumplimiento a lo acordado. El fast track en el Congreso ya no tiene prórroga y, paralelamente a esa muerte jurídica, también se acaba el compromiso del Gobierno de sostener a los excombatientes en las antiguas zonas veredales –hoy espacios territoriales de capacitación y reincorporación–. Se acaban los contratos de arrendamiento de esos lugares y aún es incierto el destino que tendrán los miembros del grupo desarmado.

Las Farc sienten que el Estado no se preparó para la implementación y que su plan llegaba, apenas, hasta la dejación de armas. La obsesión del Ejecutivo, en últimas, era dejar cumplido el compromiso de desarmar a la guerrilla, a pesar de existir una hoja de ruta concreta para el proceso de reincorporación que, se supone, será colectiva. Por ejemplo, la cooperativa Ecomún, conformada para financiar los proyectos productivos de los excombatientes, no ha comenzado a funcionar, dada la incertidumbre que ha generado la lentitud –y, a veces, la inacción– con la que se han tramitado los proyectos relacionados con el primer punto de la agenda de negociaciones: la reforma rural integral.

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Y esa sensación de zozobra ha fortalecido importantes deserciones de los mandos medios guerrilleros. Es el caso de Édgar Salgado, conocido como Rodrigo Cadete, excomandante del frente 27, de quien se conoció hace apenas algunos días que se esfumó en pleno proceso de implementación. Una promesa empantanada, más la desconfianza que le despertó el no tener certeza de si, en efecto, el Gobierno evitará la extradición de los miembros de la exguerrilla, habrían influido en su decisión, y en la de varios de los miembros de esa organización que prefirieron irse en disidencia.

Pero en el plano político también ha habido factores que han afectado la credibilidad entre las partes. Fue la salida de Sergio Jaramillo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) la que marcó la ruptura de los lazos de “amistad” que había entre Gobierno y Farc. ¿Por qué? En la ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común no cayó nada bien el manejo que se le dio a la lista de sus integrantes y que, en calidad de reserva, había entregado a la OACP. La filtración de ese documento, que se dio poco después de la llegada de Rodrigo Rivera al cargo, fue un detonante para la exguerrilla.

Y a esa crisis se suma el rol que han ejercido las instituciones del Estado que, a punta de “plan tortuga” y minuciosa supervisión, han puesto a tambalear varios aspectos esenciales para la implementación de los textos de La Habana. En el Congreso, las cosas no están tan fáciles. El segundo y último período del fast track coincidió con un período legislativo altamente complejo, con un proceso electoral de por medio en marzo y mayo de 2018, que confluye con el rechazo de varios partidos a algunos proyectos para echar a andar el Acuerdo de Paz.

Los prioritarios de este semestre siguen siendo la ley estatutaria que reglamentará la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la reforma política, el que crea las circunscripciones especiales de paz y la ley de tierras. El primero, indudablemente, es el más complicado, porque el Comité de Escogencia se alista para entregar esta semana el listado final de los magistrados que conformarán el Tribunal para la Paz y las salas de justicia de esa JEP, un sistema de justicia transicional que aún está bastante lejos de arrancar con sus labores. La ponencia de esa ley estatutaria ni siquiera se ha radicado y lo más grave es que esta requerirá de una ley de procedimiento posterior que no será tramitada este año y mucho menos su discusión será por fast track. En pocas palabras, cuando los magistrados sean designados, tendrán que empezar a “trabajar a medias”, como lo confesó a El Espectador un congresista que pidió reserva de su nombre.

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Además, la Fiscalía seguirá insistiendo en que se incluya en el desarrollo normativo de la JEP lo referente a los bienes de la Farc. Por ejemplo, aclarar asuntos de competencia con el fin de evitar “choque de trenes” entre la justicia transicional y la ordinaria; determinar qué ocurrirá si son hallados, posteriormente, más bienes adquiridos de manera ilegal por la exguerrilla y establecer el método idóneo para “formalizar” esos activos en la vida legal.

Respecto a la reforma política, sigue asaltando la duda frente a si su contenido en realidad tiene relación directa con el Acuerdo de Paz y, en ese sentido, si el fast track es el mecanismo adecuado para darle trámite. Y a eso se suma la polémica entre el Gobierno y la Cámara de Representantes, donde no ha sido puesta en el orden del día para darle segundo debate. El presidente de dicha corporación, Rodrigo Lara, ha argumentado que hay otras prioridades para el país antes que debatir la “ley Cristo”, como la bautizó, en respuesta al reclamo que, a través de una carta, hizo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

“El panorama está muy oscuro para aprobar la reforma política y, en general para la implementación”, dijo otro congresista a este diario. Y es que la realidad demuestra que, además de la puja entre un desgastado Ejecutivo y un Legislativo pensando en asuntos electorales, el Gobierno ya tiene unas mayorías muy precarias en el Capitolio, lo que dificultará la aprobación de los textos que aún faltan en torno a la paz. “Se acercan las elecciones y eso es lo que verdaderamente les importa hoy a los congresistas”, añadió el citado legislador.

Como quien dice, el Acuerdo de Paz aterrizó en Colombia y no en Suiza, donde su implementación supera la utopía con la que fue creado. Ahora, esta tarea se enfrenta a no pocas dificultades y aquí la voluntad política recobra más protagonismo que el tejemaneje jurídico propio de lo que implica materializar el fin del conflicto.