Presidente Duque, estas son las 10 deudas del estado con las víctimas

Del gobierno de Iván Duque y del nuevo Congreso depende que los casi nueve millones de víctimas que están registradas obtengan todos los beneficios que el Estado previó en la Ley de Víctimas y Restitución de tierras que termina su vigencia en 2021.

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Iván Duque Márquez, presidente de Colombia durante su posesión este 7 de agosto./Presidencia de la República.

A pesar de que el Estado colombiano ha invertido 81 billones de pesos en planes para atender a las víctimas del conflicto armado en los últimos siete años, aún persisten varias y costosas tareas. Las metas que se plantearon con la expedición de la ley 1448 en 2011 aun no se han cumplido y, según las proyecciones, en junio de 2021, cuando expira dicha norma, tampoco se podrán cumplir.

Por eso uno de los pedidos de las organizaciones de víctimas es que se prolongue la vida de la Ley 1448, con modificaciones y ajustes para mejorar su implementación y garantizar que los beneficios del Estado lleguen a todas las personas afectadas por el conflicto armado.

Según los datos de la Unidad para las Víctimas en Colombia se han registrado 8’ 650.169 de víctimas, lo que equivale al 17 por ciento de la población del país. De ese número, 2’382.086 tienen entre 0 y 17 años.

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Los reportes de esta entidad evidencian que, en promedio, el 38 por ciento de los recursos se utilizaron para atención humanitaria, el 16 por ciento para indemnizaciones y el 14 por ciento para vivienda.
Estas son las deudas que el Estado tiene pendientes con las víctimas:

1.    Del millón de hectáreas de tierra que se han detectado con alguna afectación a causa del conflicto armado, 300.000 hectáreas ya fueron devueltas a sus legítimos dueños, pero más de 500.000 se encuentran en los despachos de jueces o magistrados esperando un fallo y 200.000 están pendientes de llegar a los despachos judiciales en forma de demandas de restitución de tierras.

2.    Faltan por atender cerca de 3.000.000 de víctimas en el Programa de Atención Psicosocial del Ministerio de Salud. Hasta ahora se ha atendido el 20% de la población que necesita de este tipo de atención.

3.    El Ministerio de Salud necesita cerca de 1.5 billones de pesos para llegar con este programa a las zonas rurales y lograr la rehabilitación de grupos étnicos.

4.    Aunque el Estado ha pagado cerca de 5 billones de pesos en indemnizaciones, aún falta el 90% de las víctimas por recibir este pago.

5.    El gobierno de Iván Duque debe poner en marcha y asignar recursos al Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición, previsto en el punto 5 del Acuerdo Final y que prevé, entre otras cosas, procesos comunitarios de reconstrucción del tejido social entre población vulnerable, víctimas y personas en reincorporación. Una proyección conservadora habla de que se necesitan al menos 100 mil millones de pesos para hacerlo viable.

6.    Todos los profesionales de la salud del país deberían tener un enfoque de atención a víctimas, es decir, que entiendan el impacto que ha causado en ellas el conflicto armado y puedan contribuir con su reparación integral. Eso no se ha cumplido. No hay una proyección que calcule cuánto puede costar esta capacitación. Es una deuda pendiente que deben cumplir todas las Instituciones Prestadoras de Salud del territorio nacional.

7.    Falta el presupuesto para el funcionamiento de las 1.055 mesas de participación de las víctimas que se crearon en todos los municipios y departamentos del país y también en el exterior, a través de procesos democráticos.

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8.    La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República ha dicho que faltan cerca $115,58 billones más para garantizar el cumplimiento de la ley 1448 hasta 2021. Y deja como recomendación estudiar la ampliación de la vigencia de la ley otros seis años, hasta 2027, si se quiere atender a todas las víctimas.

9.    Un programa de prevención de ataques, amenazas y asesinatos a los líderes de las organizaciones de víctimas que luchan por la restitución de tierras y que lideran procesos de reclamación de víctimas.

10.    Cuando fue promulgada la ley, no se previó que se iba a aumentar el número de víctimas, por eso es importante que el presidente Duque y el Congreso aseguren el presupuesto necesario para cumplir, por lo menos, con la promesa inicial que se les hizo a las víctimas, sin contar con la posibilidad de que se extienda su vigencia. Algunos estimativos calculan que faltan por lo menos otros 80 billones de pesos.