UN AÑO DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ

Pardo y su balance de la implementación

El consejero para el Posconflicto sale al paso de las críticas sobre su gestión al frente de la materialización de la paz. Dice que se han hecho todos los esfuerzos y que, a pesar de que quisiera que fuera más rápido, desarrollar el Acuerdo es un asunto complejo.

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Rafael Pardo, consejero para el Posconflicto, es el encargado de coordinar la implementación de la paz. / Archivo El Espectador

Este mes se cumple un año de la firma del Acuerdo de Paz y usted es la cabeza de la implementación, ¿qué evaluación hace?

La implementación tiene dos grandes componentes. Uno son los planes nacionales y otro es la focalización territorial en las zonas priorizadas. En el primero, por ejemplo, se incluye el plan nacional para construcción y mantenimiento de vías terciarias, que aplica no sólo en los 170 municipios priorizados, sino en todas las zonas rurales de país. El programa tiene un presupuesto de 1,3 billones, liberados de regalías, que ya están disponibles. Este plan va a significar 3.000 kilómetros de vías y está financiado, no es una promesa. Pero también hay 16 planes nacionales, nueve están elaborados y siete están sin terminar. Son de salud, de educación rural, del fondo de tierras, más el programa de catastro y de formalización y titulación.

Eso en lo nacional, ¿y en lo regional?

Como dije, son 170 los municipios priorizados, los más afectados por el conflicto. Están divididos en 16 distritos, donde viven unos ocho millones de personas, de los cuales 4,5 en la parte rural. Tienen 11 mil veredas, 450 resguardos indígenas y 305 consejos comunitarios afrocolombianos. Es un panorama bastante complejo de diversidad y presencia de pobreza. Ahí está el 92 % de la población rural del país. Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un esquema creado para construir planes desde esas veredas, entre cinco y diez años. No sobre cualquier cosa, sino que hay unos parámetros sobre los cuales se definen las prioridades de la gente. En este momento se están trabajando los PDET en 40 de esos 170 municipios y a final de este mes entran los otros. Este proceso también lleva a que se defina lo que se llama pequeñas obras, ejecutadas por la comunidad.

¿Por qué dicen que la reincorporación no avanza?

La reincorporación se pactó a partir de la dejación de armas y se establecieron 24 meses de sostenimiento a los integrantes de las Farc, con el 90 % del salario mínimo, más una cobertura de pensión y en salud. Eso porque se iban a privilegiar proyectos colectivos de reincorporación, no individuales. Ha sido un reto para el Gobierno y las Farc, porque buena parte de los procesos de reincorporación han sido individuales. Aunque es más fácil capacitar a uno para conseguir un empleo que armar un proyecto de sembrar 100 hectáreas de cacao, conseguir la tierra y a 30 personas con esa capacidad, que se quieran ir a ese territorio, que se organicen a nivel empresarial y que tengan los recursos. Eso no se puede hacer enseguida. Por eso se contempló 24 meses para proyectos reproductivos de este tipo.

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¿El Fondo Colombia en Paz ya camina?

Está funcionando y es el que gira la plata de los 10.000 reincorporados cada mes.

¿Cómo hacer para coordinar erradicación y sustitución de cultivos ilícitos? Porque la mezcla parece explosiva…

La sustitución es para pequeños productores. Es un esquema que se ha definido con las Farc, en el que hay unos parámetros, focalizados territorialmente. Se hizo una primera etapa en la que había acuerdos colectivos con 118.000 familias. De ahí se pasa al tema de los acuerdos específicos individuales. Una segunda fase después del acuerdo colectivo es la de socialización. Hay 62 núcleos de producción, en cada vereda hay que hacer una reunión, explicar a qué se compromete cada parte. El desarrollo ha sido grande y ha habido más de mil reuniones a las que han comparecido unas 50.000 personas. En la vereda El Placer, por ejemplo, hay 42 familias que cultivan 37 hectáreas. Se reúnen, se inscriben individualmente y la Unodc hace la verificación. Es un proceso que se hace a nivel de vereda.

¿Qué está pasando en Nariño?

El tema de Nariño no es de contradicciones, es de conflicto, en donde hay una comunidad que está encima de una tierra que es un territorio colectivo y que el gobierno de ese territorio colectivo, que es el consejo comunitario, no acepta que los colonos tengan un programa de sustitución en su tierra. Lo otro es que la erradicación opera para cultivos grandes.

Sin embargo, parece peligrosa la estrategia de ir firmando compromisos. Si no se cumplen, va a haber protestas violentas...

Que no se cumpla no es cierto. En el proceso de vinculación, donde hay familias que han recibido pagos por tumbar la coca y que tienen dos meses para hacerlo, no ha habido ningún caso de contradicción ni de incumplimiento. El que tumba la coca recibe el pago antes, y tiene que hacerlo entre uno y dos meses; si no, no recibe el segundo pago. La ONU ha certificado que el 90 % de la gente que entra en el programa ha tumbado la coca. No hay engaño ni resiembra. El 10 % que queda acaba erradicándola no en el período, pero posteriormente. El tema complejo es que hay que sembrar algo. El reto es tener alternativas. Las protestas son porque se quiere ir más rápido, no porque se deje de cumplir.

¿Cómo va el desminado?

Desde 1991 se registran todos los eventos relacionados con minas. Eso ha dado un inventario de 36.000 eventos en 673 municipios afectados. La clasificación es 199 altamente afectados, 250 medianamente y otros tantos bajos. Se estiman 52 millones de metros cuadrados potencialmente afectados. En toda la historia, hasta este año, se han levantado 2’600.000 metros cuadrados, o sea, el 5 %, e incluye el levantamiento de las minas militares. Eso ocurrió en 25 años. Con la firma de la paz se generaron condiciones de seguridad muy importantes, entonces, se están habilitando nueve ONG de desminado humanitario nacionales e internacionales y el batallón de desminado del Ejército se elevó a 5.000 hombres. El procedimiento es que se mira la cola y la cabeza. Donde ha habido una explosión, se revisa y se limpia. De los 673 municipios se han clarificado más 160 y quedan 507 afectados. El programa estima que se reducirán esos 52 millones de metros cuadrados a 22 millones, aunque quedan zonas grandes por desminar en los próximos cinco años. Colombia debe quedar libre de minas en 2021. Las zonas en donde no se puede trabajar es donde está en ELN.

¿Usted es consciente de que las Farc siente que el posconflicto no se está implementando al ritmo que esperaban, que hay preocupación en la misión de la ONU, que los ojos están puestos sobre su gestión y que hay críticas en su contra?

Hay muchas expectativas fundadas e infundadas. La implementación son 300 y algo más de ítems que toca mirarlos uno por uno. Hay unos que no han empezado, otros que van mucho más rápido de lo que estaba planeado y otros que nunca se pensaron que funcionarían, como lo de la sustitución de cultivos de ilícitos. Pero tengo la confianza de que Colombia nunca ha tenido una oportunidad como esta y que se van a tener unos resultados positivos con una reducción sustancial por la vía de sustitución que permitirá transformar el territorio. Pasar de 50.000 hectáreas de coca a 40.000 de cacao haría de Colombia el segundo productor de América Latina.

Hay alarma en las comunidades por el asesinato de líderes. Recientemente fue asesinado uno en Tarazá que estaba participando en los PDET. Hay una convergencia de problemáticas que son la coca, PDET, seguridad...

En el norte de Antioquia y sur de Córdoba ha habido amenazas a funcionarios de sustitución y de PDET. En Nariño y Cauca ha habido amenaza a la comunidad. No es en general, han sido localizadas.

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¿Qué garantía hay de que esos PDET van a continuar?

Ese es el Conpes que debe hacerse después del plan marco de implementación. Eso genera un marco normativo para hacer ese desarrollo. El acto legislativo 01 de 2017 establece que por 20 años el Plan de Desarrollo debe contener un capítulo que sea de inversiones por la paz.

¿Eso lo deja tranquilo?

Los programas que funcionan los continúan los gobiernos. Ahora, los PDET también tienen un tema de participación política, de vocería, que tiene que ver con las circunscripciones especiales, pero lo que uno ve en el Congreso es que no hay disposición para que realmente eso quede marchando. Hay mucho miedo, especialmente en los representantes a la Cámara, porque eso significa competidores en su propio patio. Y eso ha empezado a mover la exclusión de las cabeceras municipales, lo que complicaría mucho la aplicación de ese espíritu de las circunscripciones.

¿Son infundados esos temores?

El tema del doble voto no ha sido bien interpretado: un ciudadano de la zona rural de Santander de Quilichao va a votar en marzo por Senado nacional o indígena. Le dan un tarjetón de la Cámara del Cauca y vota. Luego le dan un tercer tarjetón que es el de la circunscripción, en el cual no le quita votos al representante del departamento. Veo que hay temores, pero no veo una competencia desleal ni creo que sea inconveniente con los partidos tradicionales.