Diálogo con Rodrigo Rivera

Nuevo comisionado de paz: “hay que humanizar la implementación de los acuerdos”

El nuevo comisionado de Paz dice que la reconciliación debe ir más allá del silencio de los fusiles y del adiós a las armas. Habla de su pasado como uribista y de su ferviente cristianismo.

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El nuevo comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, dice ser ferviente defensor de la “extrema dureza” para garantizar la seguridad del país y luchar contra los actores ilegales. / Gustavo Torrijos

Su llegada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz implica un giro de 180 grados. Sale un técnico y entra un político. ¿Cambian las prioridades en esta etapa del Acuerdo con las Farc?

Ciertamente, hay una nueva etapa, y no tiene que ver con mi llegada, sino con lo que está ocurriendo en la realidad con el proceso de paz. Logramos lo impensable, que era ver desarmadas a las Farc, entregar sus municiones de guerra a la comunidad internacional y la lista de sus bienes para que vayan a un fondo autónomo con el fin de reparar a las víctimas. Hace muy poco tiempo eso era absolutamente impensable. Ni los más optimistas defensores del proceso creían que se pudiera dar en un tiempo tan breve y, francamente, sin incidentes. Si ya logramos eso, lo que sigue es enfocarnos en tres prioridades: la reincorporación, la implementación y la reconciliación. Con los excombatientes desarmados están dadas las condiciones para que hagan tránsito a la institucionalidad. Este es un camino que nunca habíamos recorrido y menos de esta manera tan ordenada, individualizando a cada uno. La apuesta del Estado es que la reincorporación sea eficaz y haga irreversible el proceso.

Pero la reincorporación no ha sido tan ordenada como dice. Las Farc se siguen quejando del incumplimiento del Gobierno en varios puntos. No ha habido un proceso de cedulación completo, ha habido retrasos en la ley de amnistía, siguen matando a exguerrilleros y a sus familiares…

Hay que reconocer que estamos haciendo camino al andar y que este ha sido un proceso extremadamente complejo. Pero estamos recorriendo un camino por el que nunca habíamos transitado y, por lo tanto, debemos asumirlo con mucha humildad, reconociendo esas dificultades y fortaleciendo la inclusión de todos los actores del conflicto. Estamos revisando con las Farc y el Gobierno cada uno de esos puntos que preocupan. Lo cierto es que, a veces, hay informaciones que no son perfectas y aclaraciones que hay que hacer, lo que hace que no pueda haber la celeridad, que se hace deseable. Estamos actuando con buena fe y puede que no tengamos el 100 % de las respuestas frente a cada tema, pero tenemos el 100 % de la voluntad política para darle impulso a la implementación adecuada.

¿Qué significa una implementación adecuada en medio de tanta complejidad?

Humanizar la implementación, porque hay un gran riesgo y es que festejemos la entrega de armas de las Farc y de su listado de bienes como un hecho cumplido y creamos que eso es la paz. No podemos permitir que esto se nos vuelva una estadística y se invisibilice a los seres humanos que están detrás del proceso de implementación, que no son solamente los exguerrilleros. También son las víctimas y las comunidades golpeadas por el conflicto. La implementación tiene que ser como una orquesta de muchos músicos dirigida por el gran director, que es el presidente como jefe del Estado. Es decir, todas las instituciones deben tocar su instrumento con virtuosismo, haciendo lo propio, y así lograr una gran hazaña: una implementación ambiciosa porque esto no se agota en el próximo año.

¿Y eso sí será posible en medio de un país tan polarizado, con una oposición tan crítica con los acuerdos?

La crítica política tiene un rol muy respetable en todo este proceso y quiero resaltar que las Farc no negociaron con el Gobierno sino con el Estado. Y al Gobierno le ayudan mucho las voces críticas, en eso se debe tener una gran dosis de humildad porque las críticas permiten corregir y rectificar. Escuchar mucho, acertar, rectificar, tener humildad, eso nos permitirá la inclusión para ser exitosos en la implementación.

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De todos modos, para enfrentar los líos de seguridad hay que comenzar por resolver los choques entre conceptos. En medio de los asesinatos a miembros de las Farc también han venido asesinado a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. ¿Para usted hay sistematicidad en esos casos?

La perspectiva sobre eso la ha trazado claramente el Gobierno y las garantías de seguridad, en efecto, son fundamentales. Para ello se ha dispuesto un plan ya en terreno y, paralelamente, habrá un plan individual de seguridad para algunos miembros de las Farc en el que se vienen trabajando con la Unidad Nacional de Protección, en apoyo con la Fiscalía. En la última reunión examinamos ese tema y vamos a mirar con las fuerzas de seguridad lo que está ocurriendo para poder dar las respuestas adecuadas y refinar los operativos de seguridad. Estamos en un Estado de Derecho y quien nos va a dar la verdad judicial e institucional de lo que ha ocurrido en esos casos no es el Gobierno sino la Fiscalía.

En el proceso de acreditación de los miembros de las Farc que ingresaron a las que hoy son zonas de reincorporación y capacitación hubo varios “colados” que intentaron buscar la acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. ¿Usted ya tiene esa cifra?

Sí. No sólo las cifras sino los casos y los estamos mirando con toda prudencia, conociendo lo sensible de este tema. El Gobierno ha establecido un mecanismo con participación de las agencias de seguridad y de inteligencia, y estamos verificando caso por caso. No vamos a acreditar a quienes no sean de las Farc. Son varios centenares pendientes de esta evaluación, pero la decisión se va a tomar después de que todos los actores institucionales que tienen algo que decir en esta materia puedan dar una luz verde frente a eso.

Usted hablaba del listado de los bienes de las Farc, cuya destinación fue reglamentada por un decreto expedido por el presidente Santos, ¿comparte la calificación que le dio el comisionado saliente, Sergio Jaramillo, frente a que ese documento fue una “chambonada”?

No voy a hacer valoraciones de esa índole sobre decisiones del Gobierno, ni tampoco sobre opiniones de críticos del Gobierno. Quiero ser respetuoso y constructivo.

Pero, ¿le parece que está bien el contenido del decreto o hay que corregirlo?

Aprendí que en materia de derecho lo único absoluto es que todo es relativo. Lo que le puedo decir es que el mayor propósito del Gobierno es acertar y tomar las decisiones que faciliten que el Acuerdo sea implementado, y si se advierten errores en el camino, pues se rectifica y se modifica. No creemos tener en este asunto la verdad revelada, pero sí estamos actuando de buena fe. El Gobierno tiene que actuar y tomar decisiones, y hay formas de que, institucionalmente, esas decisiones sean chequeadas y mientras el decreto esté en vigencia tiene presunción de legalidad y constitucionalidad.

Precisamente, la Corte Constitucional aún no decide la constitucionalidad de ese decreto. ¿Usted le pide que lo declare exequible?

Le hablaré a la Corte no a través de los medios de comunicación, sino a través de las audiencias a las que asista en representación del Gobierno.

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Comisionado, a usted se le recuerda como uno de los más fuertes promotores de la segunda reelección de Álvaro Uribe y hoy le apuesta al gobierno de Santos, el principal “enemigo” del hoy senador. ¿Cómo asume esa dualidad desde su nuevo cargo?

En esa causa no estuve solo, estuve muy bien acompañado por el presidente Santos y mi posición siempre ha sido de extrema dureza contra cualquier forma de criminalidad. He sido un halcón en materia de seguridad y un guerrero dentro de la institucionalidad. Nunca voté por el expresidente Uribe, pero respaldé su política de seguridad democrática. Siempre he creído que los intereses del país están por encima de las posiciones partidistas y, como liberal, ejercí mi derecho a disentir. Las decisiones que tomé, entre ellas la que usted alude, fueron motivadas por mi convicción de que había que darle continuidad a esa política de Seguridad Democrática frente a los actores armados que estaban impregnando el país. Y en esa materia, el referente fundamental es el propio presidente Santos. No hay un ministro de Defensa que les haya dado más duro a todos esos actores violentos que él.

En ese sentido, ¿le podría sugerir al presidente Santos que mantenga una política dura, como esa de la seguridad democrática, frente a otros grupos ilegales como el Eln o las bandas criminales?

No tengo que sugerírselo porque esa es su convicción: la fortaleza, la línea dura contra cualquier grupo armado ilegal que ataque a la población colombiana y recurra a actos terroristas. El presidente ha sido un guerrero y la paz se hace entre guerreros. La reconciliación, que va a ser otra de mis prioridades, lejos de ser un acto de debilidad es un acto de tremenda fortaleza. La reconciliación tendrá que ir más allá del silencio de los fusiles y del adiós a las armas. Tenemos que desprivatizarla, no le pertenece, exclusivamente, a las víctimas y a los victimarios. La reconciliación es una oportunidad sanadora para cada colombiano y hay que profundizarla. En ese papel, lo que el Gobierno puede hacer es promoverla pero, al final, es una decisión personal de cada colombiano que se quiera dar esa oportunidad.

¿Cómo reconciliar al expresidente Uribe con el presidente Santos?

¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo puede haber en la mente de algunos colombianos la idea de que es posible hablar con las Farc, con el Eln, con las Auc, para acabar con esta tragedia, pero no es posible que se hablen el expresidente Uribe con el presidente Santos? El presidente ha reiterado que anhela recomponer su relación personal con el expresidente Álvaro Uribe. Tengo un profundo respeto por él y creo que ese respeto me lleva a decir que es un actor superrelevante en este proceso de reconciliación. Comprendo la lógica de la política porque he sido político, pero hay cosas que son mucho más importantes que eso y que superan las encuestas, las elecciones y el momento histórico en el que está Colombia es un momento excepcional. O tomamos esta oportunidad para reconciliarnos o corremos serios riesgos hacia futuro.

Pero ese debate electoral sí va a ser fundamental para la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Cómo hacer para que el próximo Gobierno no haga trizas lo pactado en Cuba?

Estoy convencido de que, si esta orquesta trabaja bien afinada bajo la dirección del jefe de Estado durante el año que queda, vamos a avanzar de manera contundente en la implementación de los elementos de justicia del Acuerdo y en la discusión política entre contradictores que ayer se mataban por controversias ideológicas; y mostraremos la buena fe del Estado en el cumplimiento de los acuerdos para hacer irreversibles los avances en lo pactado.

¿Esa debe ser la convicción de quien se posesione como nuevo presidente de Colombia en 2018?

Hay un ejercicio que es muy recurrente en nuestro debate público pero muy poco productivo: el de las especulaciones, y no voy a participar en eso. Los actores que están en el juego político pueden hacerlo, pero creo que si cada quien se aplica con disciplina a hacer lo que le toca, con la convicción de que el momento histórico es irrepetible, lo vamos a lograr.

¿Usted comparte algunas críticas al Acuerdo de Paz formuladas por la oposición?

No. El Acuerdo de Paz no es un acuerdo perfecto, pero es el mejor posible. Desde mi experiencia como diplomático le puedo decir que la legitimidad que le ha dado la comunidad internacional a los esfuerzos de Colombia condujo a que las Farc tuvieran que rendir su voluntad de cometer actos terroristas. La historia juzgará en moldes de oro el liderazgo del presidente Santos por haber logrado, en medio de circunstancias difíciles, el haber sacado adelante la paz.

Desde que el presidente Santos anunció el más reciente revolcón en su gabinete, surgió todo tipo de críticas en torno a varios nombramientos. De usted se dijo que era una especie de “ajuste de caja” con la comunidad cristiana. ¿Qué responde a eso?

Recibo como una medalla esa clase de comentarios, porque me siento enormemente orgulloso de mi fe en Cristo y creo que su protección, su inspiración y su sabiduría van a ser mis mejores consejeros en esta gestión. Por cierto, es difícil imaginar la clase de decisiones audaces que requiere Colombia sin una perspectiva como la que provee el cristianismo. Y no estoy hablando con la Biblia sino con la Constitución. Dios es mencionado dos veces allí: en el preámbulo y en el artículo 192, donde el presidente, como jefe de Estado, jura ante Dios cumplir fielmente con los deberes del cargo. De modo que vamos a ser profundamente respetuosos de las creencias religiosas y políticas, y de la orientación de todos los colombianos. Estamos en un momento de inclusión y tengo la certeza de que en esa inclusión cabemos los que tenemos convicciones cristianas. Colombia es un Estado laico, pero no es un Estado ateo.