“No se puede relegar al Consejo Nacional Electoral”

El presidente del organismo, Carlos Camargo, asegura que es necesario que se reglamenten las competencias encomendadas al CNE, pues en la práctica muchas de ellas son tan sólo un saludo a la bandera.

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Carlos Camargo, presidente del Consejo Nacional Electoral.
Cortesía

Con lo acordado en La Habana entre los equipos negociadores de Gobierno y Farc, respecto a los pendientes del punto de participación política, comienza a abrirse el debate sobre cómo será la reforma electoral y cuáles serán los organismos que deben ser reestructurados de cara a una mayor autonomía de la organización electoral en el posconflicto. En ese camino se ha hablado de la necesidad de hacer cambios profundos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), como responsable directo de la vigilancia y control de la actividad electoral y de velar porque existan condiciones de plenas garantías.

El magistrado Carlos Camargo, presidente del CNE, propone algunos puntos sobre los que debe girar la discusión en busca de una adecuada apertura democrática.

El acuerdo alcanzado en La Habana traza los lineamientos para la selección de los integrantes de la Misión que hará las recomendaciones para una reforma electoral. ¿Qué lectura hace?

Por supuesto que el cambio es necesario, soy amigo de las reformas y las actualizaciones tratándose del régimen electoral y creo en la necesidad de los ajustes institucionales en pro de buscar un cambio que sea acorde a las circunstancias sociales y políticas del país. Estamos dispuestos a dar el debate y a participar en las discusiones siempre y cuando bajo ninguna circunstancia se relegue al CNE, que es la autoridad habilitada para opinar sobre estos asuntos.

¿Pero ha habido acercamientos con el Gobierno para trabajar sobre el tema?

Se han tenido reuniones preliminares en las que el Gobierno ha manifestado el buen interés en que los diferentes sectores sean escuchados y las propuestas condensen una verdadera reforma, tanto al régimen como a la arquitectura de la organización electoral.

Una de las mayores críticas que le hacen al CNE es la falta de autonomía política, teniendo en cuenta que es el Congreso el que elige a sus magistrados. ¿Hay que hacer cambios en eso?

Sin duda alguna. El CNE ha sido dotado de muchas funciones, pero al momento de hacer un inventario de cuáles de ellas gozamos, el resultado es precario. Yo exhorto al constituyente o al legislador para que este sea uno de los temas a tratar: el desarrollo legal o la reglamentación de las funciones que le han sido asignadas constitucional y legalmente.

¿Puntualmente, a cuáles funciones se refiere?

Voy a destacar una dentro de muchas y es que no tenemos desarrollo legal y eso nos impide el ejercicio dinámico como CNE. Me refiero a las funciones de revisión de escrutinios y en ese sentido debe existir una regulación en relación con cómo llevar a cabo estos procesos, conminar al legislador para que expida una ley estatutaria que establezca los procedimientos especiales por medio de los cuales se deben realizar los escrutinios. Además, está el tema de la trashumancia electoral, una competencia que también le ha sido asignada al CNE y en la que hemos tenido poco o ningún ejercicio. Eso también debe especificarse: los procedimientos para llevar a cabo el proceso como lo indica la norma.

Otra crítica es sobre la falta de autonomía administrativa, teniendo en cuenta que sus recursos dependen de la Registraduría...

Es otra más de las competencias que nos han sido asignadas y que son letra muerta. Hay que hablarlo en plata blanca, es un saludo a la bandera. El legislador nos asignó la autonomía administrativa y jurídica y en la práctica nos desempeñamos como una unidad ejecutora especial, cuyos recursos los establece la Registraduría.

La discusión llega además en momentos en que se habla de una división al interior del CNE. ¿Es cierto?

Existe una división en el desarrollo de nuestras actividades administrativas al interior de la corporación, pero esta es la oportunidad para hacer un llamado a todos los magistrados colegas para que siempre, y bajo cualquier circunstancia que impida el libre desarrollo de las actividades funcionales del Consejo, prime el carácter institucional que juramos cumplir.

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