No combatimos la droga por imposición de EE. UU: Óscar Naranjo

El vicepresidente no considera que se deba revaluar la política antinarcóticos del Gobierno, que combina erradicación forzosa con sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Pero reconoce que debe haber mayor presencia del Estado en las zonas perjudicadas con este flagelo, para evitar que las bandas criminales se sigan lucrando con el negocio.

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El vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, estuvo en Tumaco esta semana para verificar la situación de orden público tras lo sucedido. / EFE

El procurador dijo esta semana que lo ocurrido en Tumaco demuestra una falla profunda en el modelo de erradicación de cultivos. ¿No cree que esa estrategia combinada de erradicación forzosa y sustitución voluntaria está fallando?

Lo que sería un gran error es no movilizarnos y ver cómo narcotraficantes y mafias se siguen lucrando de una altísima producción de cocaína y no se hace nada para contener las hectáreas con arbustos de coca. Estamos obligados a, con mayor precisión, identificar las zonas donde hay cultivos industriales que pertenecen a esas mafias, y a tener programas concretos y llevar acuerdos voluntarios individuales, familia por familia, en las tareas de sustitución. Pero, evidentemente, hay que seguir avanzando en una estrategia, que es una sola, con los dos componentes, priorizando en todo caso la sustitución.

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Sin embargo, lo que uno ve es que en el Congreso se tramitan varias iniciativas para implementar el Acuerdo de Paz y nada que les cumplen a los pequeños cultivadores. Se había dicho que iban a radicar un proyecto para no criminalizarlos por la siembra de cultivos ilícitos…

Es verdad que hay necesidad de cumplir con los acuerdos en relación con el proyecto de ley que desarrolla tratamiento diferenciado a los pequeños cultivadores, pero es verdad también que, hoy por hoy, no se está criminalizando al pequeño cultivador. Si eso fuese así, no se hubiera erradicado lo que se ha erradicado, que son un poco más de 30 mil hectáreas, sin producirse alguna captura.

Y mientras tanto, los pobladores viven temerosos por las amenazas de las bandas criminales a las que no les interesa acabar con el negocio. ¿Qué está haciendo el Estado para protegerlos?

Ese es el gran desafío que tenemos. Generar una cobertura de control territorial, de protección sobre las comunidades, porque lo que es evidente es que los narcotraficantes se oponen tanto a la erradicación como a la sustitución de cultivos y, en ese sentido, la garantía de éxito del programa es que seamos capaces de proteger a esas comunidades y no perder de vista que detrás de ellas está el crimen organizado que pretende manipularlas y usarlas como escudo, para condenarlas a la siembra ilícita de arbustos de coca.

¿Parte de la estrategia combinada para reducir los cultivos ilícitos tiene que ver por la presión norteamericana? Recuerde el incidente que se dio con EE.UU. por su amenaza de descertificar a Colombia…

No. La decisión de erradicación forzosa es nuestra. El compromiso para luchar contra los cultivos ilícitos surge de una convicción ética y política de los colombianos y, al mismo tiempo, de una preocupación que compartimos con ellos. Pero no combatimos la droga por imposición de Estados Unidos, sino por convicción propia, porque reconocemos una amenaza a la estabilidad, a la seguridad, y que se trata de un tema transnacional de corresponsabilidad internacional.

¿Se ha pensando en retomar las aspersiones aéreas con glifosato?

Por ahora no está considerado. Sin conflicto con las Farc en el territorio, Colombia se merece una oportunidad de probar una vía como la sustitución de cultivos para superar este problema.

¿Qué organizaciones al margen de la ley quedan operando en Tumaco? Se lo pregunto porque la hoy exguerrilla de las Farc tuvo mucha injerencia allí...

El narcotráfico tiene distintas expresiones. Una, a través de personas que pertenecieron a las Farc, como alias Guacho y otras organizaciones interesadas en interrumpir las acciones contra los cultivos ilícitos. También hay influencia por parte del llamado Clan del Golfo con el tema de las rutas y del acopio de cocaína. Y, finalmente, hay una convergencia criminal que también se da en la parte urbana, con personas que han estado delinquiendo históricamente en Tumaco, al servicio de los grupos armados y que tras el Acuerdo quedaron sin patrón. Sobre ellos tenemos que concentrarnos como Estado.

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Y en ese balance en torno a la lucha contra esas organizaciones, ¿qué resultados puede entregar hoy, después de su permanencia estos días en Tumaco?

Las acciones de la Fuerza Pública permiten concluir que, desde enero hasta hoy, se han decomisado en Tumaco 83 toneladas de cocaína, en una acción permanente para ubicar la salida de esa droga e ir capturando a los responsables. Además, se ha detectado a los principales cabecillas que hoy están declarados como objetivo de alto valor. Alias Cachi, alias David y el mismo Guacho, son las tres personas prioritariamente buscadas por las autoridades. Hay una recompensas de $100 y $50 millones.

¿Qué viene para Tumaco ahora, más allá de la coyuntura, que garantice una presencia plena del Estado?

Vamos a darle mucho impulso al Plan Pacífico para garantizar que los proyectos que el Gobierno ha iniciado y que están en ejecución sean entregados a la comunidad. Además, vamos a seguir mejorando el dispositivo de seguridad y protección de las comunidades en esos territorios donde nunca había estado el Estado y a fortalecer la representación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. El viernes instalamos el Consejo Territorial de Reincorporación y llevaremos a Bogotá una responsabilidad para que en el caso del Alto Mira se cumpla lo que está pactado en el Acuerdo: promover entre el Gobierno y las Farc una solución concreta a los campesinos que están en el Consejo Comunitario desde hace varios años.

La situación de Tumaco se replica en varias zonas del país donde el narcotráfico y los negocios con cultivos ilícitos son pan de cada día. ¿Por qué ha tardado tanto el Estado colombiano en dar respuesta a esta problemática y hacer presencia efectiva allí?

Justamente porque estábamos viviendo un conflicto interno de más de 50 años, que nos llevaba a movernos con una lógica a la ofensiva en esos territorios, pero no de intervención permanente. Hoy, sin conflicto, están visibilizándose mucho más esas disfuncionalidades en el territorio y por eso estamos obligados a tener un Estado que actúe de manera más integral, más permanente, más sistemática, para solucionar esos problemas.

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