EL AUTOR ES UN GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

¿Multinacionales a responder por violaciones de derechos humanos?

Está listo el primer borrador de un tratado internacional para regular las responsabilidades de las corporaciones trasnacionales y otras empresas del mundo por violaciones de derechos humanos. Se trata, según expertos, del documento más importante del siglo XXI en este tema.

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La negociación del tratado, aunque puede durar años, tiene el apoyo de varias organizaciones sociales de todo el mundo que apoyan la iniciativa. / AP

Después de cuatro años de estudio y debate para alcanzar concertación, un grupo de trabajo intergubernamental creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas logró constituir un documento que representa un punto de partida crucial para la defensa de los derechos humanos en el siglo XXI. Se trata del denominado borrador cero para la creación de un tratado que permita regular las responsabilidades de las corporaciones transnacionales y otras empresas de negocios en el mundo, en el marco de la protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En criterio de los expertos, el más importante documento que se haya desarrollado para fortalecer la lucha por los derechos humanos en los últimos tiempos.

Aquí puede ver el borrador del tratado

Aunque en diversas naciones, y a lo largo de las últimas décadas, siempre se tuvo claridad sobre el vacío jurídico que existe para enfrentar escenarios de violación de derechos humanos asociados con acciones de multinacionales, no se disponía de un instrumento concreto para enfrentar desde las Naciones Unidas este crítico asunto. Con ese propósito nació el grupo de trabajo intergubernamental, que en 2014 empezó una discusión específica para lograrlo. Ahora que ya se tiene un articulado provisional, la tarea inmediata es que, a partir del próximo mes de octubre, sea debatido en el interior del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra (Suiza), de manera que en el menor tiempo posible se ratifique y luego sea llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La abogada colombiana Ana María Suárez Franco, quien trabaja en la organización FIAN International, forma parte del grupo que logró consolidar este borrador, y en su criterio: “Que ahora exista el documento, sienta un momento histórico para avanzar hacia la regulación de la responsabilidad de las empresas en hechos violatorios de los derechos humanos”. Aunque en la Unión Europea, o desde países como Australia, Canadá o Noruega, aún prevalecen algunas reticencias a que el tema se regule, o incluso hay quienes insisten desde algunos países que sean expertos quienes preparen ese borrador, ya es una realidad. Lo que se busca ahora es que empiece la discusión, que debe ser entre gobiernos, para que lo lleven a sus propios países y sean adoptados en el derecho interno.

El Espectador conoció ese borrador cero y, en términos generales, resalta aspectos determinantes como la posibilidad que tienen las víctimas para demandar a empresas no sólo en el lugar donde ocurrieron graves hechos contra los derechos humanos, sino también en el domicilio de las firmas que los causaron o, incluso, donde tengan su composición accionaria. La abogada Suárez Franco lo explicó con un ejemplo: “Una empresa que tenga su sede en Canadá, pero sus acciones en la bolsa de valores en Inglaterra, sus comunicaciones en Estados Unidos o sus recursos en un paraíso financiero como Bahamas, no podría eludir su responsabilidad integral, porque el instrumento plantea que pueda ser demandada en cualquiera de los países de la cadena de sus negocios”.

Desde esta perspectiva, lo que sugiere el documento es ampliar el marco de protección desde la justicia, con la posibilidad de acopiar testimonios en diversas naciones para consolidar las investigaciones de rigor. La idea general es promover, a través del borrador cero que pretende convertirse en tratado internacional, que cada día las empresas entiendan que no solamente deben privilegiar sus beneficios económicos, sino que se deben anteponer los derechos de las personas y las comunidades. A lo largo del siglo XX, en distintos países, se hizo común que las utilidades económicas prevalecieron sobre la gente y las poblaciones. El documento busca poner el foco de atención de las relaciones empresa-sociedad en los ciudadanos y que el Estado tenga instrumentos para impedir los abusos.

Para nadie es un secreto que el desafío de determinar responsabilidades penales o civiles de empresas multinacionales es complejo. Como recalca la abogada Suárez Franco, “existe una arquitectura de la impunidad que impide enfrentarlas”. El objetivo, una vez el borrador cero sea tratado internacionalmente, es que, si una empresa afecta gravemente a una comunidad, las víctimas puedan enfrentar en los tribunales a toda la cadena comercial del negocio en entredicho. En casos como el colombiano, hay ejemplos que demuestran que varias empresas colombianas y extranjeras se involucraron en el conflicto armado, pero a pesar de las pruebas en su contra, salvo algunos casos de reparación o indemnizaciones económicas, quedó la sensación de que se impuso la impunidad.

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El borrador cero es tan importante, que por primera vez aborda otro tema espinoso en el deber de protección de los derechos humanos: las relaciones de connivencia o complicidad entre empresas multinacionales y Estados. Quizás eso explica por qué en algunos países se quiere seguir discutiendo el borrador o definitivamente prefieren que no sea adoptado. La tarea a partir de ahora es también que los Estados se convenzan de la necesidad del tratado. En este mismo ámbito, es claro que la ciudadanía puede tener un papel importante a través de la presión pública, de tal manera que las naciones entiendan que un instrumento jurídico como el que se quiere implementar puede contribuir notablemente a mejorar las prácticas empresariales en todas las latitudes del mundo.

El director de la Red Internacional de Derechos Humanos, Ramón Muñoz, cabeza de una institución que sigue paso a paso la evolución del tema en Ginebra, estima que podría ser el tratado internacional más importante de los últimos años, porque de alguna manera, a través de él, se pone en juego uno de los asuntos cruciales en el futuro de la humanidad. En su criterio, en la práctica hay múltiples casos en los que el poder de las empresas es más grande que el de los propios Estados. Hay ejemplos en África, Asia y América Latina que así lo ratifican. Por eso, urge una reglamentación mínima. Muñoz volvió a recordar el caso Chiquita Brands en Colombia, que a pesar de las acusaciones en su contra, escasamente terminó pagando unas multas, que de nada sirven para reparar lo ocasionado.

Muñoz recalcó que ha sido y será una negociación tensa por su alto contenido político. En esencia, se trata de posiciones enfrentadas. De un lado, el bloque europeo y otros países industrializados; y del otro, los Estados afectados por la acción de algunas empresas. Lo que hasta ahora ocurre es que hay disposiciones de derechos humanos, pero al momento de enfrentar los hechos específicos son insuficientes, “son instrumentos sin dientes y sin garras”. En cambio, un tratado, dice Muñoz, sí puede tener esas posibilidades para ser más efectiva la protección de los derechos humanos. Particularmente, desde la perspectiva de América Latina, hay consenso entre los expertos de que se necesita una norma de ley internacional para frenar los abusos de las multinacionales.

“Es posible que el borrador no sea lo mejor del mundo, pero lo importante es que se dé comienzo a la negociación y la discusión internacional, con el fin de ir encontrando el consenso final que se requiere”, insistió Muñoz, quien llamó la atención acerca de la necesidad de que se entienda que hay países que deberían en este momento tener una posición mucho más fuerte en este debate. Sobre todo aquellos donde han proliferado las violaciones de derechos humanos y abundan las víctimas que hoy reclaman justicia, verdad y reparación. Además, se trata de una discusión de alto vuelo jurídico que toca muchas ramas del derecho, como el laboral, el penal o el civil y, no cabe duda, en todas estas jurisdicciones existen muchos vacíos en la materia. Por eso tener ya un borrador es un avance trascendental.

En síntesis, a discusión del mundo, llega a las máximas instancias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, un tema que llevaba décadas de aplazamiento. Lo que viene es la negociación artículo por artículo, palabra por palabra, antes de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se convierta en el escenario para la primera votación. Luego, una vez sea revisado por un comité jurídico en Nueva York, podrá acceder a la Asamblea General de las Naciones Unidas. De ser así, desastres ecológicos o violaciones a los derechos humanos causados por empresas multinacionales o comerciales de cobertura mundial tendrán un obstáculo significativo o recibirán el castigo apropiado a los daños y perjuicios causados a personas, comunidades o naciones.