Los planes del Gobierno para salvar la paz

El establecimiento reserva un "as bajo la manga" con el que respondería en caso de que el Congreso no apruebe la ley estatutaria de la JEP antes del 30 de noviembre. Mientras tanto, evalúa opciones como la conmoción interior o la emergencia social para salvar el Acuerdo de Paz.

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El presidente Juan Manuel Santos pidió al Congreso votar los proyectos de la paz. /Archivo

La primera vez que un gobierno declaró el Estado de Conmoción Interior fue el 10 de julio de 1992, durante el mandato del expresidente César Gaviria. A través del decreto 1155 de ese año, se buscaba evitar que los responsables de magnicidios como el de Luis Carlos Galán o el atentado al extinto DAS salieran de las cárceles donde se encontraban recluidos. Las fallas en la interpretación de las normas sobre libertad condicional obligaron al entonces mandatario a estrenar esta figura, establecida en la Constitución Política promulgada un año antes, con el fin de evitar que se generaran “situaciones de impunidad que atentan de manera inminente contra la estabilidad de las instituciones y la seguridad del Estado”.

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La conmoción interior fue usada varios años después por algunos de los gobiernos que le sucedieron a Gaviria, como el de Álvaro Uribe, quien a los pocos días de posesionado en su primer mandato, acudió a ella para crear un nuevo impuesto para fortalecer a las Fuerzas Militares. Y es esa misma figura, estipulada en el artículo 213 de la Carta Política, la que hoy el gobierno de Juan Manuel Santos y sus asesores jurídicos están contemplando como una de las varias soluciones para lograr cumplir con el Acuerdo de Paz.

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No es para menos. El ausentismo legislativo explicado por las exigencias burocráticas a las que el Ejecutivo se niega a ceder ha dejado en serios aprietos al eje central de los acuerdos de La Habana: la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En estricto sentido, acudir a figuras como esta, en momentos en que la estabilidad de lo pactado con la desarmada guerrilla de las Farc depende, exclusivamente, de la justicia transicional, podría estar perfectamente sustentado.

Principalmente, porque al mecanismo especial legislativo o fast track le quedan apenas 15 días de vida jurídica y en ese tiempo, sí o sí, debe ser aprobada la JEP. De otro modo, la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y su comparecencia a un sistema de justicia transicional que, entre otras, garantice la reparación a las víctimas, quedará siendo una cuestión de buenas intenciones.

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¿Pero realmente es posible aplicar esta figura? En 1994 se aprobó la ley 137, que reglamentó los denominados Estados de Excepción en Colombia. Curiosamente, fue una norma creada por el exjefe negociador de paz y entonces ministro de Gobierno Humberto de la Calle. Allí, se estableció un parágrafo que indicaba que el derecho a la paz podría defenderse mediante medidas excepcionales “encaminadas a facilitar la reincorporación de delincuentes a la vida civil y para remover obstáculos de índole administrativa, presupuestal o jurídica”. Una redacción que, a la luz de las voces más cercanas a la mesa de conversaciones de La Habana, “es un milagro, porque parece calcado de lo que está pasando ahora y tiene un ámbito de aplicación real”. De darse, el presidente Santos quedaría habilitado para desarrollar, a través de decretos, las normas pendientes que garanticen el sistema de justicia transicional.

Sin embargo, la declaratoria de conmoción tiene un enorme obstáculo: los tiempos. Según esa misma norma, los decretos legislativos que dicte el Gobierno durante el Estado de Conmoción Interior dejarán de regir tan pronto se acabe dicha figura, la cual sólo puede estar vigente por 90 días prorrogables, máximo, por una sola vez.

Una limitante que no tiene la Emergencia Social. Esta figura, también incluida en la Constitución, permite al presidente decretar dicho estado con el necesario aval de todo su gabinete. Y, aunque sólo puede regir por un plazo de 30 días, sí permite jugar un poco más con los tiempos. “El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la Emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos (…), en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno”, señala el artículo 215 de la Carta Magna. En palabras sencillas, y según la interpretación de juristas cercanos al Gobierno, esto permitiría al Congreso prolongar los debates de la ley estatutaria de la JEP más allá del 30 de noviembre.

Otra de las salidas que se plantean tiene que ver más con el plano internacional. No en vano, el 20 de julio de este año, durante la instalación del último período legislativo, el presidente Santos les recordó a los congresistas que “cuando se habla del cumplimiento del Acuerdo de Paz, lo que está de por medio es la responsabilidad internacional del Estado. (…) es una obligación moral, política y legal que asumimos ante el mundo entero y, particularmente, ante su máxima instancia, que es el Consejo de Seguridad de la ONU”. No cumplirlo, según varios asesores de la mesa de conversaciones de La Habana, podría acarrear serias repercusiones y sanciones en contra del Estado colombiano, al punto que la Corte Penal Internacional podría intervenir.

En menor proporción –aunque también es otra de las posibilidades que ha planteado el equipo jurídico a cargo de esta tarea– está la Asamblea Constituyente. Una vía que ya se ha debatido antes, pero menos viable por la complejidad de su convocatoria. Y la más cercana, que se daría en los próximos días, tiene que ver con una tutela que preparan algunos legisladores en contra del mismo Congreso. El argumento que argüirían tiene que ver con que ni el Senado ni la Cámara están cumpliendo con su tarea pues, explicarán, el fast track se creó para darle celeridad a la aprobación normativa de los proyectos de la paz. Una misión que se ha hecho imposible por la falta de quórum.

El segundo punto se relaciona con el más reciente fallo de la Corte Constitucional que defendió el blindaje jurídico de los acuerdos. Allí se plasmó la obligatoriedad que tienen los funcionarios del Estado y las autoridades de cumplir, de buena fe, los textos de La Habana. En ese sentido, dichos legisladores pedirán al juez reponer las sesiones perdidas por cuenta del ausentismo legislativo y recuperar como mínimo un mes de sesiones. El as bajo la manga, sin embargo, lo tiene bien guardado el Ministerio de Justicia que, por razones de estrategia, no lo revela. El temor, básicamente, es el de generar una reacción por parte de la oposición al Acuerdo de Paz que termine perjudicándola.

En suma, hay todo un cúmulo de opciones para salvar la paz que, indudablemente, ya está gravemente herida. El dilema en el que se encuentra ahora el presidente Juan Manuel Santos es saber hasta dónde apuesta para salvar su principal bandera. “Dejarla morir es quedarse sin el pan y sin el queso”, dice un amigo cercano de Santos. En últimas, sería un error histórico tan grave que no se puede dar el lujo de cometer.