Gobierno intenta convocar a un pacto político nacional.

Los mensajes amenazantes contra la Farc en Bogotá

A las agresiones directas que sufrió una excombatiente en la localidad de Ciudad Bolívar a finales de enero pasado, se suman las constantes visitas de camionetas blindadas a las sedes del partido de la exguerrilla en la capital, cuyo objetivo es filmar las caras y los vehículos de seguridad de los desmovilizados.

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En lo que va corrido del año el partido Farc ha registrado más se cinco hostigamientos contra sus integrantes en la ciudad de Bogotá./Cortesía.

El último episodio que alertó el partido de la exguerrilla sucedió el pasado 21 de febrero en el barrio Teusaquillo, donde la Farc inauguró una sede de la colectividad llamada Casa de los Comunes. Según lo informó el consejo político de ese partido, a través de un comunicado público y de un video registrado por los escoltas de algunos excombatientes, una camioneta azul de placas OBI 026 pasó rondando dicha sede y “grabando de manera intimidante”, concretó el informe.

Posteriormente, una persona del partido de la Farc se dio a la tarea de seguir la camioneta, la cual encontró parqueada en una de las sedes del precandidato presidencial Alejandro Ordóñez en el barrio Armenia, según lo muestra el video con el que la exguerrilla denunció estos hechos. El mismo que también muestra la presencia de distintas personas que pasan frente a la Casa de los Comunes y proceden a grabar la fachada. Este mismo comportamiento contra los excombatientes ya se había registrado en el barrio Junín de la ciudad de Cali (Valle) y en Quibdó (Chocó). En esta última capital, la sede y algunos miembros de este partido fueron agredidos.

En las últimas semanas estas amenazas se han materializado en asesinatos. El pasado 17 de febrero, en la localidad de Bosa (sur de Bogotá), murió Jhon Mariano Ávila Matiz, quien era miembro del partido Farc y había recibido el beneficio de la amnistía tras estar recluido en una cárcel de Antioquia. “Vemos con gran preocupación que esta persona no recibió una amenaza previa. Había salido de la cárcel, pero no había iniciado todo el proceso de reincorporación en Bogotá por el incumplimiento del gobierno. Salió a departir con sus amigos y familiares y en un lugar público es asesinado sin que el agresor mediara palabra con él”, dijo Camilo Fagua, directivo del partido Farc.

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Según los datos de la organización política, a la fecha, 38 de sus integrantes han sido asesinados en todo el país, de los cuales 12 eran exprisioneros de la antigua insurgencia y un solo caso se registró en Bogotá. No obstante, casos como el de Leidy Johana Poblador, ocho días antes del lanzamiento de la campaña presidencial y de congreso de la Farc a finales de enero pasado, evidencia los residuos de la violencia política en la capital colombiana.  

Poblador fue estropeada y ultrajada por dos hombres y una mujer, todos encapuchados, mientras llegaba a su casa de habitación. La mujer, que cubría su rostro con un pasamontaña, con voz tenue se encargó de sentenciar la amenaza más contundente. Luego de mostrarle un listado de 20 integrantes del partido Farc, con sus respectivas fotografías, le dijo: “esto es por guerrillera”.

La amenaza es constante y un reflejo de ello es la situación que viven los miembros del partido Farc en Bogotá. Por eso, la exguerrilla le insiste al Gobierno en que juntos convoquen a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo Político Nacional y así poner en marcha un nuevo marco de convivencia política y social, como quedó consignado en el acuerdo de paz del teatro Colón a finales de 2016, lo mismo que los integrantes de la antigua insurgencia le subrayaron al ejecutivo en una reunión la semana pasada.

Antes de referirse al tema, el ministro del Interior, Rodrigo Rivera, dijo que la lista de asesinatos de miembros de la exguerrilla, que registra el ahora partido Farc, es muy similar a la que tiene el Gobierno, es decir, 38 asesinados. En todo caso, advirtió Rivera, se creó la subdirección de seguridad para excombatientes en la Unidad Nacional de Protección (Unp). Ya han sido contratados 500 excombatientes y la cifra llegaría a 1200 en total, recalcó el ministro del interior.   

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“No podemos protegerlos a todos, pero si tenemos la disposición de tomar decisiones en tiempo real para evitar que sucedan cosas. De ninguno de los asesinados recibimos información previa para una reacción preventiva e inmediata de la Fuerza Pública”, enfatizó Rivera.

En cuanto al Acuerdo Político Nacional, como quedó escrito en el acuerdo de paz, Rivera informó que Farc y Gobierno acordaron que la iglesia católica sera la encargada de convocar el gran pacto que expulse la violencia de la política. No obstante, a pesar de que el ministro del interior le solicitó al prelado, Darío Castrillón, que eleve la petición ante la Conferencia Episcopal, aún está esperando la respuesta de los cardenales.

El momento político que vive el país tampoco le favorece al gobierno para convocar a este pacto. De hecho, el ejecutivo ya descartó la posibilidad de volver a convocar, como ya lo hizo, cuando solicitó a los partidos políticos que se pronunciaran rechazando la estigmatización y la violencia en la política a raíz de los hechos que acontecieron con el partido de la exguerrilla.  “Pero como estamos en época electoral y es muy difícil que al gobierno le presten atención los partidos políticos que están en oposición porque sería como hacerle concesiones al gobierno que ellos rechazan”, explicó una fuente del ejecutivo.

Las amenazas contra los integrantes de Farc en Bogotá y en otras ciudades del país no se detienen. Sin embargo, el partido de la exguerrilla ya reanudó la campaña política y este fin de semana tendrá varios de sus cierres de campaña ocho días antes de su primera prueba de fuego en las urnas.

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