Los desafíos del nuevo Congreso para que el acuerdo de paz no quede hecho trizas

Estas son las tareas de control político y legislativo para que la oportunidad histórica de un acuerdo de paz como el que firmó el Gobierno y las Farc no quede en el limbo jurídico y social.

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El tendedero que instalaron los jóvenes de Ojo a la Paz con el edificio del Congreso de la República de fondo. / Cortesía Ojo a la Paz

El 11 de marzo, tras los comicios, se conoció el próximo Congreso del país. El análisis de su composición ha arrojado una ligera renovación representada en fuerzas políticas que podrían sumar alianzas para sacar adelante los temas gruesos del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc que siguen engavetados, y sin los cuales la estabilidad del proceso se debilita. La tarea debería adelantarse en esta legislatura, pero históricamente este periodo ha sido muerto y el Gobierno no tiene capital ni combustible político a estas alturas. Por eso serán tareas del próximo parlamento que sin Fast Track, el mecanismo especial para acelerar su trámite que tuvo vigencia hasta el año pasado, deberán caminar al paso lento de la vía ordinaria. 

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Las fuerzas alternativas, como Decentes, Polo, Farc y Alianza Verde, suman el 20% del Senado, pero una alianza con algunos sectores del Partido Liberal y de la Unidad Nacional les daría los votos suficientes. Esto pese a que estos últimos estarían tentados a apoyar el uribismo a las elecciones presidenciales, representado por el Centro Democrático, abierto opositor al acuerdo entre el Gobierno y las Farc y el partido con más número de curules en Senado y Cámara junto a Cambio Radical, un partido que también ha obstaculizado la implementación. 

Es cierto que la implementación del acuerdo de paz tiene enormes desafíos, pero también es cierto que si comparamos la implementación del acuerdo colombiano con otras implementaciones como la de Irlanda del Norte (donde tuvieron que esperar 7 años para materializar el desarme, aunque habían ganado el referendo) el escenario no es tan adverso.  

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En Colombia, a pesar de que se perdió el plebiscito, se logró el desarme de la guerrilla más vieja del continente en un poco más de un año, así como se aprobaron algunas de las garantías jurídicas básicas para que los excombatientes hicieran su tránsito a la legalidad. Fue el caso de la ley de amnistía y el acto legislativo que le dio vida al sistema integral de justicia transicional que integra la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Ahora, está pendiente lo más importante y grande. Y eso es toda la implementación de puntos del acuerdo que buscan hacerle frente y cambiar  las condiciones que permitieron que el conflicto se perpetuara durante tantos años.

¿Cuáles son los desafíos del nuevo Congreso en esta implementación?

Colombia2020 consultó las posiciones de congresistas nuevos y viejos, como el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático; el senador Roy Barreras, de la U; y Juanita Goebertus, representante a la Cámara de la Alianza Verde, quien trabajó en la delegación de Gobierno que diseñó el acuerdo de paz. Esta es su evaluación sobre los temas más importantes que deberá sacar adelante el nuevo Congreso.

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Uno de esos retos será el control político sobre tres temas inminentes. El primero, sobre la estrategia de seguridad estatal en los territorios que desocuparon las Farc y el Ejército, porque a la ruralidad no está llegando la Policía ni hay una oferta de acceso ni administración de justicia. Esta responsabilidad es únicamente del Estado porque en los diálogos del Gobierno y las Farc en La Habana nunca se negoció la estrategia de seguridad nacional. Pero eso no significa que el Estado no ponga en marcha una reforma a este importante sector, en especial con relación a la ruralidad donde se están viviendo nuevas disputas entre actores armados ilegales por el control del territorio y las rutas históricas del narcotráfico y la minería ilegal.

Esto ante la preocupación también por el asesinato de líderes sociales en todo el país que, según las cifras de la organización Somos Defensores, sumaron 106 en 2017. 

El segundo tema que deberá entrar a un debate de control político es el de reincorporación. El texto del acuerdo de paz de La Habana habló muy generalmente sobre este aspecto. Este tema hizo parte de la última fase de negociación y el detalle se pospuso para el Consejo Nacional de Reincorporación que hizo un censo de las Farc, con el apoyo de la Universidad Nacional, que no se ha publicado. A estas alturas no se conoce la hoja de ruta ni los componentes de esa reincorporación. Y eso es gravísimo, porque sin esa hoja de ruta la posibilidad de que estas personas terminen delinquiendo son altas ante la falta de una visión de futuro.

Y el tercero, es el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, porque pese a que hay algunos esfuerzos importantes también se están cometiendo algunos errores que se documentaron durante el acuerdo de paz y no deberían repetirse. “Las lecciones aprendidas nos decían en La Habana que no debíamos darles a los campesinos simplemente cheques sino llegar con desarrollo rural para no generar incentivos perversos; que debíamos no solo atender a cultivadores sino trabajar con comunidades completas para que la gente no sintiera el respaldo concentrado en ser cultivador de coca y que se requería coherencia y comunicaicón entre la política de erradicación forzosa y la sustitución voluntaria", sostiene Goebertus.

Ahora, en materia legislativa es prioritario avanzar en los siguientes proyectos:

En el punto uno del acuerdo de paz (sobre desarrollo rural) es necesario sacar adelante la Ley de Desarrollo Rural y de Tierras,  la Ley de Catastro, y el acto legislativo de creación de la Jurisdicción Agraria. Esto teniendo en cuenta que una de las causas que perpetuó el conflicto armado fue el uso y la tenencia de la tierra, concentrada en unas pocas manos. 

En el punto dos (sobre participación política) se necesita volver a presentar una reforma electoral, hundida y modificada hasta el cansancio, pero necesaria en el país para equilibrar la participación política; así como volver a presentar el proyecto que le da vida a las 16 curules o circunscripciones especiales para campesinos o víctimas, hundido la legislatura pasada. "Para evitar que los congresistas sientan el proyecto como una amenaza se puede proponer que esta representación sea con escaños nuevos", propone Goebertus.

Sobre el punto cuatro (el de drogas de uso ilícito) se necesita aprobar el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial para cultivadores, como las mujeres cocaleras, y una ley para mejorar los procedimientos contra el lavado de activos.

Y en el punto cinco (sobre víctimas y justicia) es clave y prioritario tener aprobada la ley de procedimiento de la Justicia Especial de Paz, que abre las puertas a la ciudadanía este jueves pero que sigue cruda en su hoja de ruta de reglamento y funcionamiento procesal. 

Es muy posible que sin estas tareas de control político y legislativo, la oportunidad histórica de un acuerdo de paz como el que firmó el Gobierno y las Farc, que pusieron fin a una violencia política de miles de muertos y cinco décadas, quede hecha trizas.

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