Participación de las Farc en política aún está en duda

Los desacuerdos sobre el Acuerdo de Paz

Una proposición de Claudia López, que comparte Cambio Radical, en la ley estatutaria de la JEP, plantea que la llegada de los miembros de las Farc al Congreso sólo se dé después de haber comparecido ante la justicia. 

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Las comisiones primeras de Senado y Cámara retomarán mañana el debate de la estatutaria de la JEP. / Cristian Garavito

Los ojos de la agenda política esta semana estuvieron enfocados sobre un único tema en el Congreso de la República: la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Como si no se tratara de la columna vertebral del Acuerdo de Paz de La Habana, varios congresistas se atrevieron a proponer modificaciones a la iniciativa que, según las partes que pactaron el fin del conflicto en Cuba, contrarían abiertamente el espíritu de lo acordado. Y en este sentido, la participación en política de la ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se convirtió, una vez más, en el caballo de batalla de algunos sectores políticos que no quieren ver a los miembros de esa desarmada guerrilla ocupar una curul en el Capitolio en 2018.

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De los 162 artículos del proyecto han sido aprobados 115. Sin embargo, lo que pareciera es un gran avance, más bien es un aval concedido por los legisladores, que consideran que en estos no está el meollo de la justicia transicional sino, por el contrario, en los 48 restantes. Entre ellos, las modificaciones acordadas entre el Gobierno y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en torno al tratamiento que tendrán desertores, reincidentes, disidentes y testaferrato de las Farc. Y a este panorama se suma el conteo regresivo que tiene el mecanismo especial o fast track, que termina el próximo 1° de diciembre. Además, el ausentismo ya comienza a notarse y la sesión conjunta de las comisiones primeras de Senado y Cámara, el miércoles, fue levantada por falta de quórum.

Según el fiscal Martínez, los cambios hechos “enriquecen y subliman los valores de la ética en la paz, para lograr construir un proyecto de ley que podrá servir a la consolidación de la jurisdicción de transición”. Se trata, reiteró, de cerrarle el paso a una riesgosa “puerta giratoria” que podría permitir que quienes siguieran delinquiendo pudieran obtener los beneficios de la justicia transicional. Pero para Cambio Radical, que se supone hace parte de la coalición de la Unidad Nacional, definitivamente la nuez del asunto tiene que ver con la participación política de los miembros de la desmovilizada guerrilla. “Hay un elemento fundamental y es que, aunque no hayan sido juzgados, van a terminar aspirando a la institucionalidad, habiendo cometido una serie de delitos y sin haberse sometido a la JEP”, explicó el senador Germán Varón Cotrino.

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Y precisamente esa es la tesis de una proposición radicada por la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, que será debatida este lunes, cuando se reanude la discusión. Propuesta que algunos ven como contraria a la esencia de lo pactado en Cuba, hasta el punto de que son las mismas Farc las que hacen una delicada advertencia: “Alegremente algunos en el Congreso han asumido el boicoteo a la ley estatutaria de la JEP, sin darse cuenta de que le están abriendo las puertas a la CPI, cuando ya habíamos dado prelación al Margen Nacional de Apreciación, para que sobre la base de nuestra historia, costumbres, geografía, por conocimiento del origen del conflicto, buscáramos salidas que aseguraran nuestro futuro de paz”, dijeron.

En esta misma línea, el abogado Enrique Santiago, asesor jurídico de la mesa de La Habana, cree que si el texto de la ley estatutaria se acordara con esas modificaciones sustanciales, “estaríamos ante un incumplimiento y espero que el Gobierno no haga eso, porque además estableció una declaración unilateral en Naciones Unidas comprometiéndose a cumplirlo”. Santiago considera que todas las sanciones y condenas que inhabiliten la participación política quedan en suspenso con la firma de la paz y la desmovilización. “Esas son ocurrencias de personas que lo único que pretenden con esas propuestas es hacer campaña electoral de forma demagógica y que suponen incumplimientos clarísimos y flagrantes del Acuerdo”, reiteró.

Para el senador Iván Cepeda, del Polo, las proposiciones radicadas por el fiscal Martínez o las discutidas con Cambio Radical son cambios que no van a mejorar el sistema ni lo van a hacer más eficaz ni garantista para las víctimas, sino que lo desvirtúan y con eso se le causa un grave daño a la implementación. “La participación política de quienes dejan las armas, desde el mismo momento en que se produce ese paso a la legalidad, es la base del Acuerdo de Paz. La piedra angular sobre la cual se ha construido porque, como ocurre en todo el mundo, quienes dejan las armas renunciando a su alzamiento contra el Estado, lo hacen porque van a poder ejercer la política en la legalidad, lo cual no riñe, como falsamente se ha querido decir, con el hecho de que se desarrollen paralelamente los procesos en la JEP, que deben traer unas condenas y unas sanciones de carácter restaurativo”, explicó.

Un tire y afloje en el que el Gobierno también tiene su posición, expresada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, incluyendo moción de orden para quienes siendo de la Unidad Nacional están en rebeldía: “Quiero recordarle a Cambio Radical que la mayoría de sus senadores y representantes votaron el Acto Legislativo que le dio vida a la JEP y en esa iniciativa quedó claro que las sanciones emanadas de ella no pueden afectar el derecho político a ser elegido, de tal manera que esa preocupación debieron haberla manifestado cuando se aprobó la reforma constitucional con los votos de ellos”.

Horacio Serpa, senador liberal, hace otra advertencia: “Si no se aprueba la estatutaria de la JEP, se hará inoperante esta clase de justicia especial, se desconocerá el Acuerdo del Teatro Colón, se burlará a las Farc que ya están cumpliendo sus compromisos y se coloca en peligro de destrucción todo lo que se avanzó en los anteriores cuatro años. Si no se hace rápido, cundirá la desconfianza entre la gente fariana, aumentarán las deserciones y daremos al mundo un espectáculo de deslealtad e incumplimiento”.

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Ahora, la tesis que maneja el Ejecutivo es que, si llegase a aprobarse la propuesta de Claudia López y de Cambio Radical, sería contraria a la Constitución y se caería en la posterior revisión de la Corte, pues el artículo 20 del Acto Legislativo que aprobó la JEP estipuló que el régimen sancionatorio no puede afectar derechos políticos. Y en Presidencia confían en que se tienen las mayorías, que después de lo acordado con el fiscal general no habrá traumatismos y que quienes se siguen oponiendo a esta ley estatutaria ya no tienen argumentos.

Las modificaciones a la ley estatutaria de la JEP

En la sesión de las comisiones primeras de Senado y Cámara, el fiscal Néstor H. Martínez se presentó para anunciar que el Gobierno, finalmente, decidió ceder a sus preocupaciones en torno a la estatutaria de la JEP. En ese sentido, el texto será modificado y las proposiciones presentadas por el jefe del ente acusador serán sometidas a votación en el debate de mañana. Pero, ¿cuáles son esos cambios? Quedó establecido el tratamiento judicial que tendrán reincidentes, desertores y disidentes de la guerrilla.

Los primeros serán sancionados por la justicia transicional, pero quedarán sometidos a las penas máximas, que podrían dar hasta 20 años de prisión. Los desertores que se hayan desmovilizado, pero que hayan retomado las armas después del 1° de diciembre, perderán los beneficios de la JEP y serán juzgados bajo el régimen ordinario y lo mismo ocurrirá con los disidentes. Sobre los denominados delitos continuados y los bienes y activos de las Farc se dijo que los que se hayan cometido antes del 1º de diciembre de 2016, pero que, por efecto, se extiendan más allá, la justicia ordinaria será la encargada de juzgarlos. Por ejemplo, si hay un cultivo ilícito y ese cultivo no desapareció antes del 1º de diciembre y en mayo se recogió la cosecha, ese delito es competencia de la jurisdicción ordinaria