Balance del período legislativo

Lo que falta para implementar la paz

Se aprobaron varios proyectos para la implementación del acuerdo, pero el trabajo pendiente aún es grande en la materia. 

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El Congreso de la República cerró ayer la legislatura 2016-2017.
Cristian Garavito

Es usual que al término de cada período legislativo se haga un balance sobre cómo le fue al Congreso. Leyes aprobadas, proyectos hundidos y los pendientes para el siguiente año suelen convertirse en tema de debate entre la opinión pública que, con lupa, vigila que senadores y representantes le cumplan al pueblo que dicen representar.

Pero este período en particular, que acabó ayer en medio de una álgida discusión sobre los asuntos de paz, termina con varias particularidades. Una es que, por primera vez, se debatió a través de un mecanismo especial expedito que permitió sacar, en un tiempo mucho más corto, los textos que buscan desarrollar jurídicamente el Acuerdo de Paz con las Farc. (Vea: "Último impulso a la dejación de armas")

Otra es que concluye un período marcado por una fuerte polarización política que se comenzó a vislumbrar desde el 2 de octubre del año pasado, a raíz de los resultados del plebiscito. Partidos de oposición, como el Centro Democrático, hablaron de un Congreso ilegítimo y lo calificaron de “simple notario” por aprobar lo necesario para implementar los textos de La Habana.

Lo cierto es que este último año sí que puede calificarse de histórico para el Poder Legislativo. Por primera vez, después de más de 50 años de conflicto, acogieron debates tan polémicos como establecer las reglas para permitir la participación en política de exmiembros de una guerrilla.

Además, sacaron adelante normas que estaban en mora desde 1991 y, por otro lado, avanzan otras tantas iniciativas que prometen un debate mayor de cara a las elecciones del año entrante. (Le puede interesar: "La dolorosa espera de los desaparecidos en Cúcuta")

Así las cosas, el panorama con el que termina la presidencia del Congreso el senador de la U, Mauricio Lizcano, es el siguiente:

Proyectos tramitados vía “fast track”

A finales del año pasado, cuando aún no estaba activo el fast track, el Legislativo le dio vía libre al proyecto de amnistía e indulto que, en este momento, está beneficiando a cientos de guerrilleros de las Farc procesados por delitos políticos o conexos, en cumplimiento del Acuerdo Final. Se excluyeron, eso sí, a los miembros de las Farc que hayan cometido delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra, quienes tendrán que someterse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Paralelamente, en diciembre pasado, se sacó adelante el proyecto de tratamiento diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en el marco y con ocasión del conflicto armado. Podría decirse que es el equivalente a la ley de amnistía e indulto, pero, para el caso de los uniformados, lo que quedó vigente es la posibilidad de aplicarles la renuncia a la persecución penal o la suspensión de la ejecución de la pena.

En enero de este año, cuando comenzó a funcionar por primera vez el fast trak” —reglamentado por el Acto Legislativo para la Paz—, el Gobierno convocó a sesiones extras en el Congreso. Desde el 16 de enero, senadores y representantes probaron este mecanismo que tuvo como primer logro aprobar la JEP, a través del que los actores involucrados con la guerra tendrán que responder por su cuota de responsabilidad.

Adicionalmente, fue aprobada la reglamentación que avaló la participación de 6 voceros en el Congreso del movimiento político Voces de Paz, que hoy sirve como plataforma para apoyar el tránsito de las Farc a la vida civil. De hecho, las reglas del juego para que los excombatientes puedan participar en política también fueron aprobadas en este periodo legislativo que garantiza, entre otras cosas, 10 curules (5 en Senado y 5 en Cámara) en los próximos ocho años. Quedaron blindados, además, los acuerdos de paz a través de un acto legislativo que eleva a rango constitucional varios aspectos pactados.

Finalmente, logró tramitarse en último debate el Estatuto de la Oposición: una deuda pendiente desde hace 26 años surgida de la Constitución Política de 1991 y que establece derechos que garanticen la plena participación de los partidos minoritarios.

Lo que le falta para implementar la paz

Un duro golpe que recibió el Gobierno minutos antes de concluir esta legislatura fue el de ayer. No se logró el consenso suficiente para sacar adelante el proyecto que crea 16 circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes, lo que obligó a la mesa directiva del Senado a postergar el debate para el próximo 20 de julio, cuando se instale el próximo período en el Congreso. Apenas se logró superar el primer debate en la Comisión Primera. (Vea el especial de circunscripciones especiales de paz)

¿Qué queda pendiente en materia de paz? El proyecto que aclara que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, fundamental para las Farc, que se han declarado preocupadas por los reductos del paramilitarismo que, según ellos, amenazan la seguridad de sus integrantes.

Además, tampoco fue debatida la ley estatutaria que desarrolla la JEP y que, de hecho, tuvo que ser retirada por el Gobierno, argumentando ajustes necesarios antes de someterla al Legislativo. Por último, un proyecto que divide a los diferentes sectores: la reforma política que, ni siquiera, ha comenzado a discutirse. Varios partidos consideran que no es conveniente modificar las reglas del juego faltando tan poco para medirse en las urnas.

En esta legislatura se hundieron también otros proyectos que despertaban gran interés en la opinión pública, como la ley de actores, el que convertía el agua en derecho fundamental y el que prometía sanciones para luchar contra uno de los males del legislativo: el ausentismo. Sin embargo, este último será nuevamente presentado en la próxima legislatura y, según anunció Alfredo Ramos, uno de los autores de la iniciativa, tendrá incluidas sanciones más severas.

Ahora, queda también una duda que surgió de la plenaria del pasado 15 de junio sobre los proyectos con informe de conciliación que fueron aprobados en fila esa mañana, luego de que se decidiera aplazar el debate sobre circunscripciones especiales de paz para este martes.

Los senadores Carlos Fernando Motoa, Armando Benedetti, José Obdulio y hasta el ministro del Interior, Guillermo Rivera, advirtieron sobre la posibilidad de que esos proyectos estén viciados.

Los parlamentarios citaron el literal B del acto legislativo para la paz, que señala que todos los proyectos de ley o de acto legislativo, que se tramiten vía fast track, “tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él”.

Para Motoa, no hay cabida a interpretaciones y lo que debió hacer Lizcano fue continuar con el debate o, en caso de aplazarlo, como sucedió, no continuar con ninguno de los otros proyectos que seguían en el orden del día.

En ese sentido, Armando Benedetti subrayó el uso de forma taxativa de la expresión “hasta que no se decida” sobre un proyecto de fast track. Por eso anunció que demandará lo sucedido tanto el jueves como el martes y hará lo mismo contra Lizcano “por negligencia”.

Dentro de esos proyectos que estarían viciados hay varios de gran envergadura, como el que reglamenta el servicio militar, el de recargo nocturno, el que crea el programa nacional de tamizaje o el que modifica el número de semanas a cotizar por parte de las mujeres para acceder a la pensión.

El mismo jueves, y ante la intervención de Gaviria, que le advirtió del riesgo del aplazamiento del debate, Lizcano señaló que había sido una decisión soberana de la plenaria del Senado. “Podemos votar. Lo que se hizo es legal y lo que dice la ley de fast track es que la plenaria debe tomar una decisión, esa fue la de aplazar el debate, además, por votación nominal y pública”, dijo Lizcano.

No obstante, la pregunta que se hacían varios parlamentarios sobre el asunto es si una decisión de la plenaria del Senado puede estar por encima de lo que dicta la constitución política. Lo previsible es que la nueva legislatura estará marcada por un tema necesario para el futuro del país a corto y mediano plazo: la implementación del acuerdo de paz.