“Lo de ‘Santrich’ es la prueba de fuego para la paz”: Rodrigo Rivera

El Alto Comisionado para la Paz dice que al Gobierno no le temblará la mano para sancionar a quienes estén malogrando los recursos de la paz. Y advierte que no acompañarán ningún tipo de beneficios para las disidencias de las Farc.

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Rodrigo Rivera, alto comisionado de Paz. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Con la captura de “Jesús Santrich”, ¿qué tanto cree que se ve afectada la credibilidad del Acuerdo de Paz a raíz de todos los escándalos de las últimas semanas?

Esta es la prueba de fuego más seria que ha tenido la implementación de lo acordado en La Habana. Lo ocurrido con Jesús Santrich va a medir la solidez de los compromisos de las partes y de las instituciones concebidas para resolver este tipo de controversias. Era previsible que en el curso de 15 años de implementación de un acuerdo tan complejo hubiera casos de disidencias, reincidencias y discusiones sobre la temporalidad de algunos delitos. En este caso, se acordó una garantía creíble que señala que la Sala de Reconocimiento del Tribunal de Paz debe conocer de toda solicitud de extradición de un miembro de las Farc acreditado como tal, para establecer si los hechos por los cuales se solicita la extradición ocurrieron antes o después de la firma del Acuerdo.

Sin embargo, ese hecho ha dejado en el aire la percepción de que ni siquiera los máximos dirigentes del hoy partido FARC creen en el Acuerdo de Paz, porque, aunque “Santrich” suscribió los textos de Cuba, supuestamente siguió narcotraficando...

Acá hay que individualizar responsabilidades y quitar el manto de duda a los miles de hombres y mujeres de las Farc sobre los cuales no hay sospechas. Por eso, lo que hemos hecho es dar claridad a la opinión pública acerca del origen de la orden de captura, que no es colombiano sino de una corte de Estados Unidos, pero también del alcance limitado de esta orden, que se circunscribió al señor Santrich y a tres personas más que, por cierto, no están acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como miembros de las Farc. Los 12.800 miembros restantes y acreditados no tienen nada que temer y, en la medida en que sigan cumpliendo los compromisos, tendrán beneficios, reincorporación cabal y un tratamiento especial judicial.

¿O sea que no se puede decir que al Acuerdo se lo llevó el diablo, como dijo “Iván Márquez”?

El impacto de este hecho puede ser muy grande sobre la implementación y la consolidación del Acuerdo de Paz. Por eso, desde que se conoció esta noticia, entramos en una etapa de manejo de crisis para procurar que el daño sea el mínimo posible. Tuvimos contactos al más alto nivel con el liderazgo de las Farc para aclararles de qué se trataba esta operación judicial y les hicimos un llamado para que ejercieran liderazgo frente a sus bases, para que tuvieran una reacción calmada y serena, con cabeza fría, frente al impacto de este hecho que, por supuesto, es demoledor.

¿Se prevé un incremento de las disidencias por lo que ocurrió?

El impacto de una noticia como esta sobre la base de las Farc, especialmente en los espacios territoriales, fue un tema que se habló desde el primer momento. Lo que les expresamos es que comprendemos si eso se da. Estamos hablando de un hecho realmente muy grave, que nos ha tomado por sorpresa a todos, pero es el momento de la serenidad y del liderazgo.

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¿Eso quiere decir que sí?

Soy un optimista profesional y tiendo a pensar que un buen manejo de este episodio puede concluir en que algunas personas que estaban pensando tomar las de Villadiego (huir), ahora están pensando que ese camino no es el que conviene, porque nadie está por fuera del alcance de la ley. Lo que esto demuestra es que el que estaba pensando en jugar entre dos aguas ya más bien va a decir que mejor se queda con la institucionalidad, que tiene uñas y dientes y puede alcanzar a cualquiera en Colombia.

En la reunión que hubo con las Farc se acordó acelerar la implementación, que ha sido bastante lenta. Concretamente, ¿qué se va a acelerar?

La rendición de cuentas adecuada, el creerles a las instituciones constituidas cuando nos digan si vamos lento o no, porque nosotros pactamos una institucionalidad de monitoreo. Pero mire, este acuerdo se pactó por 15 años. Si se divide 100 % en 15, le da un ritmo de 6,6 % por año. Y es verdad, vamos hasta este momento cumpliendo sólo el 18 %, pero esa proporción revela que lo que había que hacer en tres años se ha logrado hacer en uno. Alguien dirá que es que en el primer año había que hacer unas cosas que no se hicieron, y es verdad. Eso no quiere decir que vamos al 6,6 % en todos los compromisos. La tarea que tenemos es acelerar este proceso, hacerlo más eficiente y más transparente.

Pero hay enormes dudas sobre esa transparencia y sobre los recursos de la paz aportados por la comunidad internacional. Ahí está el escándalo del Fondo Colombia en Paz.

Eso es una prioridad: que la pureza y la transparencia sean garantizadas, y que la mujer del César no solamente sea honesta, sino que lo parezca. En noviembre del año pasado, el presidente Santos les pidió a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría que ejercieran una especie de veeduría especial sobre la implementación de la paz, incluidos los recursos de cooperación internacional. Y no le ha temblado la mano para empezar a establecer cambios, modificaciones y decisiones. Parte de ellas se tomaron esta semana, que ha sido crucial para ese redireccionamiento en el manejo, con eficiencia, celeridad y transparencia. Espero que en el transcurso de las próximas horas podamos mostrar los resultados.

De la lista que acreditó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ¿hay sospecha de que algún otro miembro de las Farc esté narcotraficando?

Teníamos dudas de centenares de nombres. Esa lista, que denominamos “casos sensibles”, la sometimos a un procedimiento especial de verificación con los organismos judiciales y de inteligencia. Hemos seguido avanzando en el proceso de acreditación de los nombres sobre los cuales no hay dudas y ya llevamos alrededor de 12.800 personas. Hemos obrado con el criterio de “ante la duda, abstente”, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, donde hubo colados narcotraficantes. Podría decir con tranquilidad que no hay colados narcotraficantes en esa lista.

“Iván Márquez” dice que lo de “Santrich” es un montaje. En lo conversado con las autoridades, ¿existen las pruebas suficientes para corroborar que no lo es?

Esa es una valoración que no puede hacer el Gobierno. Le corresponde a la justicia de Estados Unidos.

¿A quién podría servirle políticamente este escenario tan complejo en medio de la campaña electoral? El Acuerdo de Paz podría resultar afectado.

No, porque las partes, al negociar en Cuba, sabiamente previeron que su implementación duraría 15 años, y en ese tiempo tendríamos cinco presidentes. La Corte Constitucional dijo que el Acuerdo no hacía parte del bloque de constitucionalidad, pero que sí era política de Estado, y todas las autoridades, durante los próximos tres períodos presidenciales, están obligadas a cumplir de buena fe los compromisos pactados. Yo confío en el gobierno de la ley, no en el gobierno de un hombre.

Pero hay sectores que dicen que lo que pasa demuestra que el presidente Santos le mintió al país y proponen modificar varias cosas.

Yo no hablo de lo que dicen los candidatos, sino de lo que dice la Corte Constitucional. Los candidatos pueden decir lo que quieran, pero la Corte es la última palabra. Este Acuerdo de Paz es política de Estado y está obligado a cumplirla.

¿Usted le cambiaría algo al Acuerdo? Se lo pregunto por la dificultad que ha tenido la implementación.

Lo que muestra el Acuerdo es que se planeó muy bien la implementación. Incluso previó que se podía presentar el episodio de que algunos de los firmantes, contra toda lógica, estuvieran incursos en algún nuevo delito.

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Hay quienes siguen cuestionando que a partir del 20 de julio vamos a ver exguerrilleros posesionados en el Congreso sin haber pasado por la justicia transicional.

Fue una condición que se pactó por encima de la mesa, que fue discutida en el plebiscito y que fue el único punto en que no se lograron modificaciones entre el primer y el segundo Acuerdo de Paz. El presidente tenía que tomar una decisión y era si por ese único punto se echaba a la basura todo o se seguía adelante. Así se hizo, se informó al país y así se llevó al Congreso, de modo que no es un hecho sorpresivo.

Las disidencias de las Farc son un motivo de preocupación en el posacuerdo. Los periodistas ecuatorianos fueron asesinados por una de ellas y hoy vemos que hay un proyecto que podría darles beneficios a aquellos que no se acogieron al Acuerdo de Paz.

Ese tema quedó resuelto después de que se presentó el proyecto, con la posición del presidente Santos, que dijo que no estaba de acuerdo con que ninguna clase de disidencias entraría.

Pero así quedó radicado, con beneficios…

Seguramente en la votación, los congresistas atenderán las valoraciones del Gobierno, y es que las disidencias tuvieron la oportunidad de firmar la paz, la despreciaron, demostraron que en ellos prevalece una mentalidad mafiosa, que no obra por ninguna reivindicación social.

La Corte Constitucional tiene lista una ponencia en la que podría tumbar el decreto de tierras. ¿Les preocupa eso?

Confiamos en que la Corte tomará decisiones sabias. Muchas veces coinciden con lo que el Gobierno ha establecido y la actitud del Gobierno es del respeto por las decisiones.