Líderes de tierras y representantes de asociaciones de mujeres buscan llegar al poder

Mayerlis Angarita, candidata a la Alcaldía de San Juan Nepomuceno. || La líder de víctimas Soraya Bayuelo. / Archivo El Espectador

Mayerlis Angarita ya perdió la cuenta de las veces que ha sido amenazada de muerte. Desde hace un par de años, cuando emprendió la labor casi titánica de liderar Narrar para Vivir, un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado en los Montes de María, las intimidaciones han sido tan frecuentes que ya parecen un gaje más del oficio. Sin embargo, el último atentado en su contra fue un llamado de alerta para recordarle, de algún modo, que los terrenos que ahora pisa son mucho más cenagosos.

Cuando se movilizaba por el barrio Barranquillita de San Juan Nepomuceno (Bolívar), la camioneta blindada en la que se movilizaba fue interceptada por varios hombres armados que dispararon varias veces contra el vehículo. Los ocupantes, incluyéndola, salieron ilesos y los atacantes se dieron a la fuga sin dejar rastro. Cuando ocurrió el atentado, Mayerlis iba a una reunión para organizar un evento de su propia campaña política como candidata a la Alcaldía de ese municipio.

El atentado ha sido uno de los múltiples riesgos que Mayerlis ha tenido que sortear en su naciente carrera política como representante de las víctimas y refleja, en el fondo, el panorama de otros candidatos que, al igual que ella, representan a quienes han padecido los horrores de la guerra y que esta vez decidieron trasladar su discurso a la arena política para competir en las urnas en busca de un cambio.

Son varios los ejemplos, en su mayoría en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado, como el caso de los Montes de María, entre Bolívar y Sucre. Luis Alfredo Vásquez, por ejemplo, uno de los líderes de restitución de la asociación Tierra y Vida de San Jacinto, aspira a la Asamblea en Bolívar; Alicia Ramos, también de Tierra y Vida, es candidata al Concejo de Necoclí, en el Urabá antioqueño; Rafael Gallo Paredes es aspirante a la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, y Dager Paternina, a la de Colosó (Sucre).

Y, a pesar de que son conscientes de que las condiciones de seguridad son más favorables ahora respecto a otros comicios electorales, entre los líderes de las víctimas persisten las preocupaciones. Para Soraya Bayuelo, directora del Colectivo de Comunicaciones Montes de María, aunque el tema de los grupos ilegales y los violentos sigue sobre la mesa, también inquietan los enemigos políticos. “Las castas y las élites políticas tradicionales no quieren que alguien común y corriente, del mismo pueblo, como líderes sociales y comunitarios lleguen al poder. Ellos sienten vulnerado su fortín político y el poder que durante años han mantenido en el departamento y la región. El conflicto siempre deja secuelas y siempre hay enemigos agazapados”, explica.

Dicha percepción se refleja además en la desazón generalizada que dejó entre varios líderes de víctimas la entrega de avales al momento de lanzar sus candidaturas, pues, a pesar del apoyo que han recibido por parte del Gobierno Nacional, en la práctica y en lo local, sostienen, los dejaron abandonados. “A nosotros, los que luchamos por la Ley de Víctimas y apoyamos a los liberales en el tema, nos dejaron solos en este cuento. El aval se lo entregaron a los candidatos de los gamonales políticos de la región”, le aseguró a El Espectador un dirigente que prefirió mantener en reserva su nombre.

Para las víctimas es claro que el problema de fondo en zonas dominadas por el conflicto sigue siendo el mismo: la injerencia de los grupos armados ilegales en la política local. “Tenemos a los neoparamilitares metidos en la política, la gente que ha sido testaferro y que vio en la Alcaldía una empresa y en la política la forma para lavar sus dineros para que nadie los pueda juzgar ni perseguir, y ahora están mirando como sacan del camino a las víctimas o viendo cómo les dañan su imagen con calumnias”, aseguró otra líder que desde hace varios años ha seguido el tema en los Montes de María y que también ha recibido amenazas.

En la mayoría de los casos, como el de Mayerlis Angarita en San Juan o el de Alicia Ramos en Necoclí, las candidaturas han tenido buena acogida popular y las opciones de conseguir una victoria en las urnas el 25 de octubre parecieran amplias. Un apoyo que se explicaría, en parte, porque se trata de regiones en las que más del 80% de la población ha sido víctima directa de la guerra y ve en dichas representantes la voz oficial de quienes, como ellos mismos lo han denominado, han “sobrevivido” al conflicto armado.

Pero, más allá de los riesgos, lo cierto es que se trata de un esfuerzo casi necesario —por parte de las víctimas—, sobre todo en la construcción de paz en un eventual escenario de posconflicto, teniendo en cuenta la posible firma de un acuerdo final entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Para Soraya Bayuelo, quien además hizo parte de una de las delegaciones de víctimas que participaron en la mesa de negociaciones de Cuba, la responsabilidad de dichos candidatos en la materia es más grande que la de sus contendores. “Deben ser abiertos e incluyentes y hacer un papel histórico, puesto que son los que van a poner una semilla en la construcción de una paz verdadera en las regiones. Yo creo que hay muchos que tienen esa convicción y, si se la han jugado tanto en tiempos de guerra, creo que se la van a jugar el doble en tiempos de paz”.