FORO SOBRE PAZ TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN

Las regiones más afectadas por el conflicto alzan la voz

En muchos sectores existe la percepción de que con el proceso de paz, el Gobierno lo que quiere es centralizar de nuevo los recursos de las regiones.

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Gilberto Toro, Rafael Pardo y Camilo Romero, junto a otros de los panelistas ayer en el foro sobre descentralización y posconflicto. /
El Espectador

Si bien es cierto que después de 30 años de iniciado el proceso de descentralización en Colombia, como herramienta clave para profundizar la autonomía de los territorios, han sido varios los avances, también lo es que aún falta mucho por mejorar en términos de fortalecimiento de las capacidades locales. Sobre todo en las zonas que han sido más afectadas por el conflicto armado y que ahora, con la puesta en marcha del Acuerdo Final de Paz, se enfrentan a nuevos retos y realidades.

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Ese fue el eje central del Foro Nacional de descentralización en Zonas de Posconflicto, realizado ayer por la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial (Rinde), con apoyo de Usaid, en el que confluyeron representantes de diversos sectores de la sociedad para discutir sobre los impactos de la descentralización y la necesidad de una apuesta mucho más arriesgada en épocas de posconflicto.

Para Manuel Fernando Castro, director territorial de Planeación Nacional, el punto clave está en la urgencia de superar las grandes brechas sociales y económicas que existen en los departamentos y, puntualmente, en las 16 regiones en las que se ubican los 167 municipios priorizados dentro de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

“El país va a tener que hacer unos esfuerzos importantes ahí, focalizar inversiones, definir políticas y algunos programas puntuales que permitan cerrar esas brechas. En el marco de la estrategia del posconflicto hemos trabajado bajo la idea del mínimo vital institucional, que consiste en que una vez identificadas las brechas y los rezagos que tienen estos territorios, es necesario trabajar en unos mínimos que permitan nivelarlos con los indicadores socioeconómicos”, manifestó Castro. En términos generales, llegar con educación, salud, seguridad y conectividad a zonas en las que el Estado ha sido ausente.

Inequidades que, según algunos sectores, son producto del mismo proceso de descentralización y del abandono en el que por décadas han vivido muchas comunidades. De acuerdo con el director de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, la preocupación de fondo es que el Estado debe atender temas urgentes que se han convertido en obstáculo: seguridad, atención de servicios básicos, planeación a largo plazo.

“El Gobierno tiene un gran desafío en materia de lograr el monopolio de las armas. Nos preocupa que haya regiones de donde están saliendo las Farc y estén siendo copadas por otros actores violentos. Además, hay que aplicar el principio de unidad territorial para garantizar el mínimo de servicios básicos para las regiones apartadas”, destacó Toro.

De ahí que para el Gobierno sea de suma importancia la puesta en marcha de los planes y programas que sobre la materia están contemplados en el Acuerdo Final de Paz. Como lo aseguró el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, se trata en últimas de crear las condiciones que permitan acabar con los rezagos de las zonas en las que el conflicto armado se ha arraigado por años, pensando ya no desde la perspectiva de las grandes ciudades, sino con una mirada desde los mismos territorios.

“Esto requiere una inversión pública muy grande. Lo que está contemplado en el plan marco de implementación, a 15 años, es un esfuerzo de reorientacion de la inversión pública hacia zonas que han sido afectadas durante el conflicto (...) esa mirada hacia el campo, hacia la zona rural, es lo que el Acuerdo de Paz pretende impulsar sobre la base de ampliación de la geografía del sector privado, de la empresa privada. En la gran mayoría del país, mas de 700 municipios, el mayor empleador es el Estado, no la empresa privada”, destacó el funcionario.

La apuesta es que dichas zonas, además de tener una mayor actividad en términos de inversión publica, tengan una forma de planificación diferente a las que ha tenido el resto del país, partiendo incluso desde el mismo enfoque de los núcleos veredales y teniendo en cuenta, además, que estos 167 municipios que hacen parte de los PDET están distribuidos en los 16 distritos electorales o circunscripciones electorales que en las próximas elecciones tendrán un representante a la Cámara adicional de la zona rural.

Sin embargo, en las regiones el tema no parece tan claro. Para Camilo Romero, gobernador de Nariño, contrario a lo que se cree, lo que ha sucedido en los últimos años ha sido un proceso de recentralización en el que el Estado delegó la responsabilidad en los departamentos sin los recursos diferentes, como ocurrió, en su caso, con el Programa de Alimentación Escolar (PAE): “Nos tocó, entre el año anterior y lo que necesitamos para este año, utilizar recursos propios del gobierno departamental, $9.100 millones que debían ser invertidos en otras necesidades y tuvimos que utilizarlos para cubrir una responsabilidad que había estado asumiendo el Ministerio de Educación y antes el ICBF”, dijo.

La preocupación radica en que existe la percepción de que con el proceso de paz se quiere centralizar de nuevo los recursos. “Pasa con los rendimientos financieros de regalías, que deben ser utilizados para temas ambientales, así lo establecimos nosotros en nuestro Plan de Desarrollo de Nariño, y el Gobierno Nacional dice ahora que esos recursos deben ir al Fondo Nacional”. Eso se traduce, según Romero, en menos recursos para las regiones y menos responsabilidades para el Gobierno.

Con mucha tela por cortar sobre el tema, en el fondo el enfoque de la denominada paz territorial depende no solo de la puesta en marcha de planes contemplados en el Acuerdo de Paz o de programas que ayuden a paliar problemas inmediatos. Como lo explicó el mismo gobernador Romero, las soluciones deben ser estructurales y de fondo: “Nariño apostó con todo por la paz . Le decimos sí e impulsamos la paz, pero esto va más allá de la firma de un papel con las Farc o con el Eln. Pasa, por ejemplo, por resolver el tema de minería ilegal y de cultivos de uso ilícito, que son el combustible para cualquier nueva guerra en este país”, concluyó.