“Las cifras de la Fiscalía no convencen": relator de la ONU

Tras una visita por las regiones más afectadas por los crímenes y las amenazas a defensores sociales, Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, dio su agrio balance de este fenómeno que no se detiene y no encuentra justicia.

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Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU. / Gustavo Torrijos

Es la cuarta vez que viene a Colombia, pero la primera en que su visita es de carácter oficial. Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas, se va hoy del país.

Estuvo diez días conociendo y escuchando la situación de regiones tan afectadas por los crímenes contra defensores de derechos humanos como el Catatumbo, Cúcuta, Medellín, San José de Apartadó, Popayán, Medellín y La Guajira. Hace 10 años que un relator con su cargo no estaba en Colombia, y este se fue afirmando que lo que vio es “realmente dramático”.

En esta entrevista, Forst dio nuevos elementos del informe que ya está en manos del Gobierno y será entregado en marzo de 2020 al Consejo de Seguridad de la ONU.

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Tras su visita, ¿dónde hay un mayor riesgo para ser defensor de DD. HH.?

Es una pregunta difícil, porque tenemos muchos testimonios de diferentes lugares y en la mayor cantidad de partes del país uno ve un gran nivel de riesgo para estas personas. Lo que le puedo decir es que es mucho más fácil ser un defensor o defensora en las ciudades capitales, como Bogotá y Medellín. Hay menos peligros. Pero cuando uno va donde viven los defensores y defensoras, en lugares apartados, solo ahí se entiende cuál es el sufrimiento y dolor de todos los días.

Pero, ¿le preocupó algún territorio en especial?

Aquellos que fueron desocupados por las Farc, donde el Estado no ha podido llegar ni invertir masivamente, y los traficantes, los paramilitares, los disidentes de las Farc y el crimen organizado sí han llegado. En esas áreas del país está el mayor número de perpetradores de crímenes contra defensores. Fue sorprendente oír en algunos casos que la salida de las Farc de los territorios ha repercutido en la seguridad de estos defensores, porque se sentían más seguros antes, hoy les ha tocado salir de sus lugares sin tener a dónde ir.

¿Pudo transmitir todas sus preocupaciones al gobierno de Iván Duque?

Cuando llegué a Bogotá para mi misión, como se acostumbra, la primera reunión la tuve con el ministro de Relaciones Exteriores, así como con un asesor de Presidencia. Hicieron una presentación de un plan de acción global que encontré muy interesante. Discutimos y les dije que para mí eso era un buen plan, pero no era suficiente para mejorar la situación global de los defensores y defensoras.

¿Qué falta?

Falta una estrategia global que pueda informar a todos los actores sobre cómo pretende el Gobierno luchar contra esos ataques. La reunión con el presidente Duque fue mucho más para describirle mi evaluación principal y discutir con él algunos elementos. Como le dije en mi primer día de misión, sentí que el haberme reunido con el alto comisionado para la Paz, Francisco Barbosa, y los diferentes ministros fue positivo. Vi un deseo político de cambiar este patrón de violencia.

¿Hay voluntad política para resolver la situación de seguridad y amenazas de los defensores de derechos humanos?

El presidente Duque tiene la ambición de ser el presidente que va a tener éxito en manejar las causas estructurales detrás del ataque de los defensoras y defensores de derechos humanos. En la reunión con el presidente vi la voluntad de cooperar conmigo en el diseño de una nueva estrategia y una política más amplia para poder atender esta situación. Tenemos que confiar. Vemos un compromiso. De hecho, el presidente Duque me dijo que tiene en mente invertir en ciertas áreas donde se pueda proporcionar una seguridad humana, y claro, los defensores y defensoras son parte de esa comunidad. Y sí, voy a monitorear esta situación.

Usted también se reunió con la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué respondió sobre las preocupaciones sobre la impunidad que rodea estos casos?

El nivel de impunidad fue una discusión principal con los y las defensoras de derechos humanos. Tuve una gran discusión en la Fiscalía, y discutimos los datos y las cifras de impunidad, y no estoy muy convencido de sus resultados.

¿Por qué?

Sé que están haciendo mucho y que el fiscal general se ha dedicado a esto, pero en mi informe cuestionamos algunos datos que nos han dado. Claro, la tasa de impunidad no es tan mala como en otros países de la región, como Honduras y México, pero los datos proporcionados no son convincentes, parece haber alguna confusión en cómo los están presentando. No puedo comentar más por ahora.

Los y las defensoras reclaman que las amenazas y los asesinatos en su contra también responden a razones políticas y económicas, en especial a los reclamantes de tierra, contrario a lo que dice el Gobierno, en el sentido de que estos asesinatos son solo producto del accionar de bandas criminales y narcotraficantes. ¿Hay detrás de esos asesinatos motivaciones políticas y económicas diferentes al narcotráfico?

El acceso y la restitución a la tierra fueron elementos claves que escuchamos en muchos lugares del país, donde los que reclaman la tierra pasan por lo que usted está describiendo, precisamente. Hay crimen organizado, pero también paramilitares, tratando de cuestionar el restablecimiento de la tierra de quienes la reclaman. Ese es uno de los elementos que discutimos con el presidente Duque, pero en el informe hay un capítulo aparte sobre cómo los Estados pueden manejar ese problema.

Su relatoría viene trabajando, no solo en Colombia, la relación entre las amenazas e intimidaciones a defensores de derechos humanos y la entrada de proyectos multinacionales en el país. ¿Cómo vio este tema en Colombia?

En Colombia también escuchamos una serie de situaciones y alegatos no solo de parte de defensores de derechos humanos, sino también de comunidades indígenas y afrocolombianos que describen este fenómeno. Hay grandes compañías internacionales invirtiendo en el país que podrían estar causando daños.

¿Cómo se manifiesta ese daño?

Uno de los aspectos principales que describen es sobre la consulta previa e informada que el Estado debe hacer antes de la entrada de estos proyectos. Pero en muchos casos nos dijeron que esa consulta ha sido engañosa o pospuesta. También nombraron a las compañías, principalmente a las internacionales, que están operando así en Colombia, en su mayoría en el campo de la minería extractiva. Por eso invité a las compañías internacionales para que se reunieran conmigo.

¿Quiénes son?

No puedo decir sus nombres todavía, por el debido proceso. Por lo pronto, les informé a esas compañías que estaba recibiendo una serie de alegatos muy graves sobre la implicación de esas empresas en el país, y les dije que les iba a enviar las cartas de alegatos de violación de derechos humanos. Desde hace unos años vengo haciendo eso con las compañías: les informo sobre los alegatos y, una vez respondan, decidimos hacer públicos o no estos casos. Algunos de ellos han sido alertados sobre que su nombre puede aparecer en un informe de las Naciones Unidas. Esto lo encontrarán en mi próximo informe, que será presentado en marzo de 2020, tiempo suficiente para investigar estos casos y tener mayores elementos.

¿Sobre eso también hablaron con el presidente Duque?

Sí, y claro, no quiero dañar la relación entre Colombia y grandes compañías, pero lo que sucede en la práctica es que cuando envío una carta a cualquier empresa, inmediatamente le informo al país en cuestión que le estamos enviando esa carta, para que el país pueda hacer sus hallazgos y poder al final comparar las investigaciones.

Mencionó la industria extractiva, ¿hay alguna otra que le preocupe?

El informe también habla sobre la industria de palma y banano. Aquí hay que tener en cuenta las condiciones en que el Estado les ha dado a estas compañías las concesiones. El Estado colombiano debe dar concesiones que proporcionen seguridad y bienestar para la gente que vive en estos lugares. Cuando uno está en helicóptero y ve estas grandes extensiones de cultivos y entiende que esta tierra antes pertenecía a reclamantes que están siendo amenazados y asesinados, encuentra una ambigüedad. El Estado debe garantizar el derecho de las personas que ocupaban la tierra antes de estas grandes concesiones.

¿En su visita se habló de la continuidad de la Ley de Víctimas a la que le quedan solo dos años y un universo enorme de víctimas todavía por reconocer y reparar?

Claro, el anuncio sigue causando en las víctimas consternación, porque hay muchas víctimas que esperan no solo la verdad, sino la reparación. Sí se mencionó en muchísimas de las discusiones que tuve y recuerdo algunos casos donde las madres tienen familiares desaparecidos y esperan una respuesta. Esto debe ser parte de la configuración del Gobierno.

¿La Fuerza Pública fue mencionada en el ataque o asesinatos de defensores sociales?, lo menciono porque en Colombia se han denunciado estas relaciones en el pasado, en especial con estructuras paramilitares.

La implicación de las fuerzas de seguridad y la policía en la muerte de estos líderes fue algo que escuchamos en muchas ocasiones. Y también tuvimos discusiones con estudiantes en cuanto a la libertad de protesta y el uso de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Hemos recibido una serie de pruebas que muestran cómo se comportaron estas fuerzas de seguridad que evaluaremos.

¿Cómo ve la protesta social en Colombia?

Hay una larga tradición en Colombia de la protesta social que ha sido muy efectiva para ganar nuevas luces, y esto merece una mejor atención. El derecho a la protesta social está garantizado por la Constitución y lo que hemos escuchado del Gobierno al respecto es que esto va a ser garantizado. Pero al mismo tiempo, cuando vemos las demostraciones en las calles, especialmente las de los estudiantes, vemos que hay diferencias entre lo que dice el Gobierno y lo que sucede con las fuerzas de seguridad.

¿Cómo vio la situación de los periodistas amenazados?

Quiero decirle que nos reunimos con un periodista de investigación de alto perfil que está develando casos de corrupción y ha denunciado graves riesgos y amenazas, y pensamos hacerle un especial seguimiento a este caso.

¿Quién?

No puedo dar su nombre ahora, pero imagino que sabe a quién me refiero.

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