Mañana, Consejo de Seguridad de la ONU adoptará resolución

La transición de la Misión de Paz

A partir del 1 de septiembre terminará la dejación de armas y comenzará el momento de acompañar a las Farc en la vida civil, así como cumplir con la promesa de llevar Estado a las regiones  donde germinó la guerra.

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El presidente Santos, junto a Jean Arnault, de la ONU, y Rodrigo Londoño, comandante de las Farc, durante el acto final de dejación de armas. / EFE

La primera Misión Especial de Paz, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), entró en su cuenta regresiva. Este lunes, en la sesión de esta célula del máximo organismo multilateral del mundo, se discutirá una resolución para autorizar una segunda misión, que tendrá el objetivo de acompañar el proceso de reintegración de los excombatientes de las Farc y vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes en el Acuerdo Final de La Habana, en especial de aquellos que tienen que ver con la seguridad de quienes dejaron las armas y las comunidades más golpeadas por el conflicto armado.

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Poco más de nueve meses lleva en funcionamiento la actual misión especial civil, que envío el Consejo de Seguridad. Su trabajo ha consistido en coordinar la actividad del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación (MMV), el cual ha sido considerado como una de las grandes innovaciones internacionales en materia de resolución de conflictos. Específicamente, la ONU ha atendido el proceso de agrupamiento de las Farc, al acompañar la puesta en marcha de las 26 zonas veredales (en cuanto a construcciones y abastecimientos) y vigilar el cumplimiento de los protocolos del cese del fuego, así como el proceso de dejación de armas.

Una tarea técnica que, de alguna manera, ha conducido a que los observadores internacionales se circunscriban al rótulo que les asignaron, observando las enormes dificultades que reviste la tarea de construir la paz en un país excesivamente centralizado y desigual. Impávidos, los funcionarios de la ONU han visto cómo las áreas dejadas por la guerrilla son rápidamente ocupadas por nuevos actores armados. También han visto como casi 10.000 excombatientes han cumplido con la concentración en zonas, sin tener las condiciones mínimas para habitarlas. Sin agua potable, expuestos al sol y a la lluvia, trabajando en lodazales para construir lo que el Estado les prometió, y hasta dejar sus armas, a pesar de que la ley de amnistía aprobada por el Congreso hace más de seis meses se cumple a cuenta gotas y, según las cifras, sólo se ha cumplido en un 30 %; es decir, uno de cada tres guerrilleros amnistiados está en libertad.

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Pero el mandato que el Consejo de Seguridad le asignó a la misión que encabeza el francés Jean Arnault es estricto y se limita a hacer veeduría del cese bilateral del fuego y la dejación de armas. Ambos procesos están muy cerca de su final. El pasado 27 de junio, en Mesetas (Meta), las Farc anunciaron al mundo que el 100 % de sus armas estaban en los contenedores de la ONU y que la rebelión armada había terminado, 53 años después de empuñarlas.

Y los datos hablan por sí solos: entre los casi 7.000 combatientes y los 2.800 milicianos entregaron más de 7.100 armas. Además, aún falta recopilar todo el armamento colectivo que está en las más de 900 caletas. Hasta el momento, según reveló la ONU, se han rastreado 660 lugares donde se encuentra el armamento; se han extraído 456, en las que encontraron, por sólo mencionar un par de datos, nueve toneladas de explosivos diversos, 92.131 municiones y 1.189 granadas.

Cifras inéditas en los procesos de paz. Así lo ha dicho Arnault en su informe del pasado 23 de junio ante el Consejo de Seguridad. Lo último que falta para concluir esta etapa es la recuperación de la totalidad de las caletas, la destrucción del armamento y, antes del 1° de septiembre, la extracción de los 44 contenedores para convertirlas en tres obras de arte que cierren este capítulo de horror y sellen el prometido “nunca más”.

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“Como está acordado, el 1 de agosto, la Misión habrá almacenado todo el armamento existente en los campamentos, así como aquel recolectado de las caletas hasta esa fecha, para ser extraído de los contenedores de las zonas veredales y puntos transitorios de normalización, los cuales pasarán a ser ‘espacios territoriales de capacitación y reincorporación’. A partir de esa fecha se continuará con la ejecución de operaciones de caletas hasta el 1 de septiembre”, señaló la Misión en un reciente reporte.

Este asunto de las caletas ha sido una de las grandes sorpresas para los observadores internacionales, quienes, tras el consolidado entregado por las Farc, han tenido que reconocer que era un imprevisto logísticamente complejo de enfrentar. “El hecho de que fueran tan numerosas y estuvieran ubicadas en lugares remotos, planteó un reto considerable”, explicó Arnault hace unos días, al resaltar que, además, en muchos de estos lugares ya existen actores armados que hacen control de la zona. Y aquí es donde empieza la transición de las Farc.

Sin armas, los miembros de la guerrilla recuperan sus derechos como ciudadanos: tienen derecho a ha participar en la vida política y a la seguridad jurídica, física y económica. Derechos elementales que, paradójicamente en Colombia, garantizarlos es una tarea titánica para el Estado, aun cuando se trate de una guerrilla que no ocuparía la tercera parte del estadio de fútbol de Bogotá. Y en esto consiste la segunda misión, en acompañar ese tránsito. Por eso, las Farc y el Gobierno le han pedido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que comience cuanto antes su puesta en marcha.

Lo que se le ha solicitado al Consejo de Seguridad es establecer la nueva misión a partir de este lunes 10 de julio. De manera que todo apunta a que la sesión de mañana será para que emita la nueva resolución que autorice el mandato. Y esta nueva etapa será la prueba de fuego para la mesa tripartita. El Estado, con un gobierno en su recta final y el ambiente enrarecido por las elecciones de 2018, tendrá que cumplir con lo mínimo para no dejar sembrado un nuevo conflicto. Las Farc tendrán que mantener su unidad, pese a la adversidad que implica dejar las armas cuando la contraparte no cumple con lo más básico y la oferta de la criminalidad es la regla en las regiones donde se encuentran. Y para la ONU, que está jugada a fondo en el proceso de paz, porque constituye la experiencia más novedosa en materia de resolución de conflictos, pero además porque, a partir de ahora, tendrá que velar por que se cumplan los compromisos más complejos: los de hacer Estado y ciudadanía y ambientar la reconciliación.

Esta labor se irá en lo que queda del gobierno Santos y el último compás lo marcará el inicio de la segunda misión especial de paz. Y no son pocos los flancos de la batalla por las paz: tendrá que impulsar las reformas legislativas que faltan en un Congreso intoxicado por los aires electorales; tendrá que lograr el compromiso a fondo del sistema judicial, que se resiste al nacimiento de la Jurisdicción Especial de Paz; tendrá que replantear la doctrina militar en unas Fuerzas Armadas que en su ADN tiene el chip de la contrainsurgencia y, finalmente, tendrá que llevar la oferta institucional a los rincones olvidados, donde la violencia brota silvestre entre la pobreza y la oferta criminal.

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Apuntes de la ONU para la nueva misión

“En lo concerniente a las garantías de seguridad para los miembros de las Farc tras la dejación de las armas, y de manera más general para las comunidades de las zonas más afectadas por el conflicto, el alcance geográfico de la verificación va más allá de las zonas y los puntos en que se concentran en la actualidad los miembros de las Farc. La verificación consistirá en observar la situación de la seguridad en las zonas de conflicto y proporcionar información y recomendaciones a los órganos competentes (...). Ahora que concluye la fase de dejación de las armas, la reincorporación de las Farc en la sociedad se enfrenta a complejidades particulares. La existencia de la economía ilegal, los riesgos que plantean los grupos que se mantienen al margen del proceso de paz, los actos de violencia contra los dirigentes sociales y el reciente asesinato de varios miembros de las Farc y sus familias destacan el carácter delicado del proceso que queda por delante. En relación con ello, se ha acogido con agrado el reconocimiento de la necesidad de hacer frente con firmeza a los problemas que han surgido en materia de seguridad. No hay mensaje más tranquilizador para los excombatientes y las comunidades en general que el esfuerzo eficaz del Gobierno por dar cumplimiento a sus compromisos de seguridad”, dice el informe de la ONU.