“La paz implica cambiar botas por votos": Rafael Grasa

Rafael Grasa, presidente del Instituto Catalán para la Paz. / Cortesía

¿Cuáles han sido los retos más representativos al trabajar la prevención de la violencia en Colombia?

Hay diferentes formas de violencia. El propio Sergio Jaramillo ha dicho que el principal problema de Colombia es que hay un recurso continuado, casi desde la Independencia, llamado violencia política, que legitima el patriarcado de la cultura de las armas. Además, hay desigualdades y poca presencia del Estado en casi un 30 % del territorio. También hay una violencia directa fuerte que poco tiene que ver con el conflicto. Solo entre el 12 y el 15 % de las muertes por arma de fuego tienen que ver con este. Por otra parte, desmovilizaciones como las de las autodefensas generaron un reacomodo y hay actores delincuenciales trasnacionales vinculados al narcotráfico. Hoy, lo que se llama “bacrim” es una mezcla de distintos actores que vienen de diferentes lugares e incluso actúan juntos exguerrilleros y exautodefensas. La transición hacia la no violencia implica cambiar botas, que son imprescindibles para la guerra, por votos. Pero hay que darles espacio a los que llevan botas para conseguir votos.

Si la violencia es resultado de dinámicas sociales de hace décadas, ¿entonces lo que tendríamos que cambiar son dichas dinámicas?

Hay que evitar conductas violentas, pero para eso no solo hay que manejar lo inmediato, sino poner remedio a los multiplicadores y aceleradores de las causas desencadenantes y estructurales de la violencia. Y un factor determinante será evitar que en los espacios que se desmilitarice la guerrilla haya una nueva entrada de nuevos grupos armados. Puede haber desde gente que decida no desarmarse y pasarse a otro grupo armado, hasta grupos paramilitares o delincuenciales que intenten ocupar esos lugares. El problema de fondo es que este tipo de grupos que utilizan la violencia política tienen un modo de financiación que es siempre extraer recursos de los demás, sea con vacunas, con el gramaje o con la pasta de coca.

¿Qué diferencias ha encontrado entre el conflicto armado en Colombia y otros lugares como Bolivia o México?

Hay un factor común compartido por toda América Latina, que es el factor de la vía de la guerrilla política, que se abre con el asalto al cuartel Moncada en Cuba y que, en mi opinión, se cerrará con el acuerdo de las Farc, y espero que con el Eln. Es verdad que quedan grupos en México, Chile y Ecuador, que son muy marginales. Si salvamos esa diferencia, ¿cuál es el cambio fundamental? Que la democracia, el Estado de Derecho, la participación política en América Latina, ha mejorado. Ahora, si alguien cree que con el acuerdo de La Habana van a desaparecer los conflictos sociales, se equivoca: aparecerán muchos más. Hay que ser muy críticos y yo creo que las experiencias de los años 90 no fueron exitosas.

¿Incluso la del M-19?

El M-19 está presente en la vida política y podemos hablar de Antonio Navarro o Gustavo Petro. ¿Pero qué ha pasado con los militantes de base? En ellos los procesos de reinserción económica no fueron exitosos. Es verdad que Colombia tiene el éxito de haber manejado 60 mil reintegraciones, pero eso es en cuanto a la dejación de las armas, no en la reinserción. Y la gente que se va a desmovilizar ahora tiene una motivación ideológica muy fuerte. Serán entre 8.000 y 20.000 personas que aceptan que su conducta tal vez no fue la correcta, pero que siguen creyendo que hicieron una rebelión política y justa, por ende, hay que tratarlos de una forma distinta. Otra diferencia es que la motivación política de la violencia se ha mezclado en algunos casos con negocios ilegales como el narcotráfico. Y en muchos territorios la incidencia de las Farc ha hecho que el Estado tenga una presencia muy insuficiente. Con eso quiero decir que aunque el Ministerio del Posconflicto decida que en los primeros dieciocho de meses de choque, en los lugares donde las Farc desaparecen, va a haber recursos para poner un centro de justicia, el funcionario que venga, si viene de Bogotá, va a ser un paracaidista que no conoce las relaciones sociales de cada territorio.

Si las muertes por el conflicto representan solo el 15 % de los homicidios en el país, ¿para qué sirve entonces el proceso de paz?

El proceso de paz es fundamental, porque la violencia política es factor de legitimación de otras violencias. El factor educativo que tiene el fin del conflicto nos permitirá hacer una campaña que diga: “Todo es discutible. Conflicto, el que usted quiera, pero por la vía política y social. Violencia, ninguna”. También habrá que trabajar con otros temas que para mí son muy importantes, como la violencia machista. Y está la relación perversa entre la capital y el territorio. Hay que acabar con la tendencia endémica de que desde la capital se decide todo. La paz debe ser territorial.

¿Hay espacio para la impunidad en los procesos de La Habana?

No, aunque he de decir que la pedagogía que se ha hecho de los acuerdos sobre el apartado de víctimas es muy mala, es infame. Se insiste mucho en qué es justicia restaurativa y se deja de lado que es retributiva también. Ahora bien, yo me quedaría con una idea de la Corte Penal Internacional: los acuerdos de justicia de La Habana están en el límite de lo que permite la jurisdicción internacional penal. Lo diría con una frase: con estándares técnicos y de acuerdo con lo que dice la Corte, la partitura de La Habana es correcta y, como toda partitura, depende de la orquesta que la ejecute.

¿Qué riesgos existen?

El riesgo está en cómo se elijan los magistrados, en cómo va a trabajar la Jurisdicción Especial para la Paz. Nada es predecible al 100 %. Cuando todo se ponga en marcha, lo veremos. Lo cierto es que en ningún proceso de paz las cosas acaban jurídicamente en siete u ocho años. En Argentina, por ejemplo, 30 años más tarde siguen con sus casos.