Ecos de la decisión de la Corte Constitucional contra el “fast track”

La paz en horas de incertidumbre

Un verdadero tierrero levantó la decisión del alto tribunal de declarar inexequibles dos literales del procedimiento especial legislativo.

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La Corte Constitucional también vive un ambiente de dura polarización en torno al proceso de paz.
/ Óscar Pérez

La decisión de la Corte Constitucional de tumbar dos literales del Acto Legislativo para la Paz, afectando el procedimiento especial o fast track, abrió un nuevo capítulo en la novela de las crisis que ha enfrentado el proceso de paz con las Farc. En esta ocasión, a diez días de que esa guerrilla deje definitivamente todas sus armas, la incertidumbre ha tenido eco sobre el futuro de la implementación de lo pactado en La Habana, incluyendo el cumplimiento del calendariott establecido para la desmovilización. Una decisión que tiene efectos jurídicos y políticos por igual en un país polarizado por una prematura campaña electoral.

En principio, la lectura del breve comunicado por parte del presidente de la Corte, Luis Guillermo Guerrero, dejó claro que a partir de ahora el trámite de las normas de implementación del Acuerdo no podrá exigir que las proposiciones de los congresistas requieran el aval previo del Gobierno, ni que la votación de los articulados sea en bloque.

“Hasta ahora no hay comunicado oficial. La Corte saca una noticia, unos días después da un comunicado y luego la decisión. Lo que me queda claro es que ya no se puede votar en bloque los articulados, que las propuestas de modificación de las leyes no pueden estar sometidas al aval previo del Gobierno, pero tengo una duda sobre si eso va más allá de esas dos prohibiciones o se queda ahí”, explicó el exministro de Justicia Yesid Reyes. “El Acto Legislativo dice que todo ese mecanismo está hecho con el único propósito de desarrollar los acuerdos de La Habana. Así que asumo que cualquier modificación al articulado del Gobierno, aun cuando no necesita aval, tiene que estar orientado a desarrollar lo pactado. No se puede modificar lo acordado. El trámite de las reformas va a ser más lento, porque se van a discutir más propuestas y porque tienen que votar uno a uno los artículos”.

En este mismo sentido, el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha dicho que la decisión no es el fin del proceso ni desata una crisis. Eso sí, advierte, será un reto para el Ejecutivo mantener las mayorías en el Congreso y comprometer a todo el Estado con la implementación de lo pactado. Para Jaramillo, la decisión de la Corte implica que lo que se proponga en los debates en el Capitolio deberá guardar relación con lo firmado y que, además, la garantía de que se respetará el texto del Acuerdo es que ya se tramitaron las principales normas sobre las que reposa.

Una visión diferente tienen las Farc, para quienes esta es la peor crisis que ha enfrentado el proceso de paz desde su inicio, por lo que se han declarado en asamblea permanente para discutir las fórmulas que deben definirse con miras a enfrentar el momento y han dicho que, aunque su convicción de dejar las armas se mantiene firme, la decisión del alto tribunal requiere la “recandelarización” de la implementación. Es decir, están explorando la posibilidad de postergar la dejación de armas, que debería terminar el próximo 31 de mayo. Sin embargo, para ellas esta fórmula también implicaría aplazar su conversión en fuerza política, y en un escenario de debate electoral los riesgos son muchos.

Una interpretación muy clara hace el asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago, para quien la fórmula para sortear la crisis está en manos del presidente Juan Manuel Santos, mediante la utilización de las facultades que la Constitución le otorga. “El Gobierno dice que no hay problema, que la Unidad Nacional garantizará las mayorías, pero ya hemos visto cómo es eso: a punta de chantajes, como los de Cambio Radical, el fiscal, la U o los conservadores. Esto posibilita que cada quien presente las enmiendas que quiera y se corre el riesgo de la renegociación del Acuerdo o la dilatación de la implementación”, advirtió.

Además, según Santiago, la decisión de la Corte Constitucional acorta significativamente las posibilidades del fast track, ya que este mecanismo tiene vigencia de seis meses prorrogables por una sola vez. “Si en cuatro meses han presentado cuatro leyes, en lo que queda del fast track no se va a incrementar mucho más el ritmo de la implementación. Hay una inseguridad jurídica y una angustia vital por parte de las Farc. No se ha avanzado ni una palabra en el tema de reincorporación. Eso significa que si dejan las armas en diez días, tendremos a 7.000 hombres sin seguridad física ni de qué vivir, así que habrá que ingeniarse una salida creativa y rápida”, concluyó.

Con un agravante: el ambiente en el interior de la Corte también parece permeado por la politización. Y los mensajes que ha dado, primero al tumbar tres decretos presidenciales y ahora con la declaración de inexequibilidad de estos apartados del Acto Legislativo, son un campanazo para el Gobierno de que allí tampoco goza del mejor escenario. Por cierto, aún falta el estudio de la Ley de Amnistía y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). De esta última se dice que se ha suspendido su análisis hasta que sean elegidos los dos magistrados que debe ternar la Corte Suprema de Justicia y, tras la renuncia del magistrado Carlos Bernal como su ponente, el caso quedó en manos de Guerrero, de conocido corte conservador. Con todos estos elementos, lo único claro es que empieza una nueva batalla del proceso de paz en Colombia.

Cambio Radical festejó el fallo de la Corte

Tras el fallo de la Corte Constitucional, algunos sectores políticos afirmaron que la decisión le devolvía la facultad deliberativa al Congreso de la República. Lo hizo por ejemplo el director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, quien señaló: “no seguiremos siendo convidados de piedra, no seguiremos firmando cheques en blanco”.

La afirmación cayó muy mal en el alto Gobierno, más cuando vino de alguien que por más de seis años fue superintendente de Notariado y Registro, y hoy preside el partido de Germán Vargas Lleras. La respuesta fue directamente del presidente Santos, quien sostuvo: “Aquí lo que tenemos que encontrar es la solución más práctica y efectiva para seguir adelante con el cumplimiento de los acuerdos. Eso lo vamos a hacer, el Congreso hasta ahora ha respaldado y manifestó que seguirá respaldando el proceso de paz. No sé cuáles fueron los alcances de esa declaración de Cambio Radical, no sé qué quieren decir con eso. Nadie ha sido un simple notario, todos han tenido la oportunidad de expresar sus opiniones”.