Un paso adelante y uno atrás

La paz, a contrarreloj en el Congreso

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la reforma política, que ahora pasa a Senado. Mientras tanto, los impedimentos son el máximo obstáculo para debatir la ley estatutaria de la JEP.

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Sólo 22 días le quedan al “fast track” en el Congreso”. / Cristian Garavito

Se necesitaron 11 sesiones en la plenaria de la Cámara de Representantes para que, por fin, los congresistas decidieran darle luz verde a la reforma política, que ayer fue aprobada en dicho recinto. Se trata, sin embargo, del segundo de cuatro debates requeridos para que las disposiciones normativas allí incluidas apliquen en el debate electoral de 2018 y, de momento, el ritmo con el que arrancó esta semana el trabajo en el Capitolio se resume en el mismo paso parsimonioso con que ha venido legislando.

No en vano, la reforma política puso al Gobierno nervioso porque estuvo a punto de hundirse. Sólo en la Comisión Primera de la Cámara se dieron nueve debates, y cuando pasó a la plenaria, le tocó la coyuntura del divorcio de Cambio Radical con el Ejecutivo, con un presidente de la corporación, Rodrigo Lara, que no ocultaba su deseo de que el proyecto no llegara a tierra firme.

Al finalizar la semana pasada, los presidentes de Senado, Efraín Cepeda y el mismo Lara, anunciaron con bombos y platillos que comenzarían a sesionar todos los días y desde temprano en la mañana. Una especie de contrarreloj para salvar los principales proyectos de los textos de La Habana que se están tramitando vía fast track, aunque, eso sí, dijeron, con debates serios y profundos frente a su contenido. Lo que ocurrió ayer, no obstante, contradijo todos esos anuncios.

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En primer lugar, porque tanto el senador Cepeda como el representante Lara comenzaron aplazando el inicio de las plenarias. El primero, bajo el argumento de que algunos senadores no habían podido trasladarse desde sus regiones hasta Bogotá, su lugar de trabajo. Y Lara, de Cambio Radical, porque se encontraba cumpliendo una cita en la Casa de Nariño a las 11:00 de la mañana, hora en la que estaba citada la sesión para evacuar la reforma política. El segundo motivo tiene que ver con que el ausentismo legislativo sigue retrasando la discusión del eje central del Acuerdo de Paz: la ley estatutaria de la JEP.

En todo caso, la cita en la Cámara se dio y avanzó un primer paso frente a la aprobación de la reforma política, que se prepara para entrar la próxima semana a su tercer debate en la Comisión Primera de Senado. Allí, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, prometió que llegará con importantes modificaciones respecto a su articulado inicial, especialmente en lo relacionado con aquellos aspectos que podrían aplicarse en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018.

“Vamos a insistir en los temas que no lograron ser incorporados, como el que permite que nuevos movimientos políticos puedan irrumpir en el escenario electoral acreditando un número mínimo de afiliados. Ese es un aspecto central e insistiremos en él. También intentaremos mejorar el tema de la financiación de las campañas”, apuntó Rivera.

¿Qué otros puntos quedaron aprobados? Uno muy importante, referido a la posibilidad de hacer coaliciones partidistas para las listas a Senado y Cámara, cuyo proceso de inscripción se abre este sábado 11 de noviembre. Es un punto fundamental para aquellas colectividades que quieren garantizarse una mayoría legislativa en la conformación del próximo Congreso.

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Por eso, el jefe de la cartera política no descarta que en los debates que quedan de la reforma política se incluya una proposición que permita ampliar el período de inscripciones —que en principio concluye el 11 de diciembre— o darles la posibilidad a los partidos de reformar sus listas, a pesar de haberlas inscrito ante la Registraduría antes de la aprobación de la misma reforma.

Además, quedaron incluidas las listas cerradas a Congreso a partir de las elecciones legislativas de 2022; se garantizará un Consejo Nacional Electoral independiente y ajeno a los partidos, dado que la elección de sus magistrados ya no será por postulaciones de los congresistas sino que quedará a cargo de las facultades de derecho mejor acreditadas en el país, y se establecen reglas claras frente a la transparencia y financiación de campañas, como el hecho de prohibir dádivas y regalos a los votantes.

Lo cierto es que el próximo 30 de noviembre vence el plazo del sistema especial legislativo (fast track), y ahora el reto es que no se repitan en el Senado episodios tan bochornosos como los que se registraron en la Cámara, a tal punto que los propios representantes pidieron la renuncia de su presidente, Rodrigo Lara.

¿Y la JEP?

Mientras la reforma política cursaba su trámite en la Cámara baja, el Senado evacuó la totalidad de los impedimentos que presentaron los congresistas para no debatir la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). La semana pasada fueron aprobados 12 y ayer dos más, incluido el del expresidente Álvaro Uribe, un importante número que podría incluso modificar la conformación del quórum, haciéndolo menos exigente a la hora de aprobar el articulado de la iniciativa. De hecho, a otros senadores del Centro Democrático les aceptaron sus impedimentos y ya no podrán participar en los debates, proyecto que también está a dos debates de ser aprobado.

Por ahora, lo único que avanza es la movilización del denominado Campamento por la Paz, que ayer estuvo en el recinto del Senado haciéndole seguimiento a la votación del proyecto. Entretanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia envió una carta al Congreso en la que anuncia su preocupación frente al riesgo que implica que la JEP no salga adelante.

“La ley estatutaria de la JEP es fundamental para el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, les recuerda a senadores y representantes su obligación de garantizar los derechos humanos, en especial el derecho de justicia de las víctimas de graves violaciones”, señala la misiva. El tiempo corre y, como lo dijo el ministro Rivera, ya no hay plan B.