La paz, ¿amenazada por el atentado a la Escuela de Cadetes y el asesinato de líderes sociales?

Cancelada la opción de diálogo con el Eln, los desafíos del Gobierno y de la sociedad colombiana apuntan a no retroceder en lo logrado en el Acuerdo con las Farc y conseguir la unidad para enfrentar una violencia que persiste.

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Hoy domingo está convocada una marcha ciudadana para condenar el atentado terrorista del jueves contra la Escuela General Santander, en Bogotá. / EFE

“Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra, construir la paz es más difícil que silenciar los fusiles”. Las palabras, que hoy retumban como una sentencia, son del expresidente Juan Manuel Santos en su último discurso como jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en abril del año pasado, en Nueva York. Ya lo había dicho antes en otros escenarios, a lo largo del proceso de negociación que adelantó en su mandato con la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc. Incluso llegó a hablar de “fuerzas oscuras” que intentaban sabotear dichos diálogos, cuando en febrero de 2014 se develaron las chuzadas que les estaban haciendo miembros de la inteligencia militar a algunos de los negociadores en La Habana, ante lo cual se ordenó una investigación a fondo que concluyó con una que otra destitución.

Es el escenario que enfrenta hoy el presidente Iván Duque, tras el atroz atentado terrorista, atribuido por las autoridades al Eln, contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, el jueves pasado en Bogotá, que dejó 21 muertos. Y también por los más de 400 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, contados desde 2016, y de desmovilizados de las mismas Farc, cuya cifra a octubre del año pasado, según Naciones Unidas, llegaba a 71, y cuyos móviles están relacionados con el control territorial y la venganza.

La suma de todos estos sucesos —terrorismo contra la Fuerza Pública y asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros— pareciera tener un objetivo: la desestabilización de los intentos de paz, bien sea frente a la implementación de lo ya firmado con las Farc o la continuidad de la mesa de diálogo en La Habana con el Eln, posibilidad que definitivamente sepultó el bombazo contra la Policía. El presidente Iván Duque decidió cerrar la puerta a la negociación al solicitar reactivar las circulares rojas contra los jefes de esa organización, incluyendo los miembros de su delegación de paz en Cuba, y retomar además la tesis de la amenaza terrorista antes que conflicto armado.

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No existe ninguna ideología ni causa que justifique la sevicia contra la juventud colombiana, que justifique el asesinato de otro ser humano, que justifique las extorsiones y otros delitos como el ecocidio perpetrado por décadas en nuestro país. No hay justificación alguna para contaminar el suelo colombiano con el equivalente a los más graves derrames de petróleo de la historia (...) no nos vamos a dejar intimidar por el terrorismo”, enfatizó el primer mandatario. No había espacio político para más.

Un nuevo desafío en el ya convulsionado inicio de su mandato, mediado por marchas estudiantiles y protestas contra el fiscal general. Porque si bien Duque ha sido prudente y sereno en la crisis y se ha visto fortalecido por el apoyo de la opinión pública en sus decisiones, el romper los diálogos con el Eln implica el posible recrudecimiento de la violencia por parte de esa guerrilla. “Debe calcular que él es el responsable de la seguridad y la convivencia. Si el Eln viene con una oleada de terrorismo que no se puede controlar, hay quienes le van a endilgar parte de la responsabilidad”, advierte el analista Luis Eduardo Celis, asesor de Redprodepaz.

Las conjeturas pululan. Antes de adentrarse en la aventura de buscar el fin del conflicto con las Farc —que al final resultó exitosa y a la que apostó todo su capital político—, Juan Manuel Santos había hablado de una “mano negra”, haciendo referencia a corrientes extremas de pensamiento y de acción, situadas tanto en la izquierda como en la derecha en materia política. En la primera ubicó directamente a las guerrillas y en la segunda a “aquellos que no quieren que se repare a las víctimas, los que no quieren que se restituya a los campesinos, los que quieren exagerar la inseguridad en el país, para decir que este país es un caos”.

Fue Alfonso López Michelsen quien usó por primera vez la expresión “mano negra”, haciendo alusión a una supuesta junta de empresarios que se oponía a su Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). De mano negra o fuerzas oscuras se habló también tras los asesinatos de Álvaro Gómez y Fernando Landazábal. Y en una columna de El Espectador, Andrés Hoyos escribió: “La recurrencia de los crímenes que comete la tal ‘mano negra’ lo lleva a uno a pensar que se trata justamente de un subproducto maligno de la incapacidad estatal. La ‘mano negra’ mata porque le queda fácil matar, porque el Estado colombiano está lleno de rincones oscuros que nadie controla, porque hay mucho loco suelto”.

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Viene siendo, en otras palabras, lo que Otto Morales Benítez, comisionado de Paz en el gobierno de Belisario Betancur, llamó “los enemigos agazapados de la paz”. Fuerzas oscuras o mano negra que vuelven a aparecer como una sombra en el camino de reconciliación que ha comenzado a recorrer Colombia tras la firma del Acuerdo con las Farc, hace poco más de dos años. Claro, en el caso del atentado a la Policía no se puede hablar propiamente de ello, aunque caben dos opciones al interior del mismo Eln: si asume la responsabilidad intelectual del hecho, se afianzará ante el país la teoría de su nula voluntad de paz. Y si la acción fue perpetrada por un comando urbano sin consultar a su cúpula, se hará evidente la fragmentación en su mando entre quienes se inclinan por la salida negociada y los que insisten en mantenerse en guerra.

Mientras tanto, la polarización en las redes sociales se agudiza. Sectores como el Centro Democrático, espejo retrovisor en mano, recalcan que el mensaje de impunidad que dejó la paz de Santos aviva nuevas violencias, mientras en la otra orilla se clama por cerrar filas en el propósito de parar a los violentos. “Aquí hubo un acuerdo pero no hay una transición política. Hay fuerzas que han sido parte del conflicto que no están dispuestas a un pacto de convivencia. No hay una transición política real, no es como las dictaduras que se acaban y viene la democracia. Aquí se acabó el conflicto con las Farc, pero no vino la democracia y el reto de construirla con unas fuerzas que son antidemocráticas”, agrega Celis.

Para Jorge Iván Cuervo, docente de la Universidad Externado, si bien el atentado actúa como una caja de resonancia, el país debe entender que construir seguridad pública luego de la firma de la paz es muy complejo, pues incluso en muchas regiones donde las Farc se desmovilizaron se ha deteriorado esa seguridad. “Uribe escribió un trino otorgándole una causalidad a la paz, pero el gobierno Santos dejó apenas perfilado el posconflicto y el actual gobierno todavía no tiene clara una política al respecto (…) las muertes de los líderes sociales y la bomba en la Escuela de la Policía son los hechos más dramáticos de eso”. Sin embargo, Cuervo cree que es “exagerado” decir que la paz está amenazada, cuando el acto terrorista fue de un grupo que sigue en guerra.

Lo evidente es que el discurso de la “paz imperfecta” seguramente va a ser retomado por quienes quieren modificar lo pactado, así esté claro que los diálogos con el Eln venían agonizando desde hace rato y la implementación del Acuerdo con las Farc va por otro camino, con tropiezos pero avanzando: un desarme efectivo, una JEP funcionando, unos proyectos productivos en marcha en muchos de los territorios designados para tal fin y una guerrilla actuando como partido político, por ejemplo.

Y hay quienes ven señales de esperanza, como el hecho de que desde diferentes sectores ciudadanos se haya recriminado la utilización política que algunos quisieron hacer del atentado, pidiendo la unidad en defensa de la paz. “Creo que esos elementos muestran que el proceso de paz ha logrado calar en la opinión pública y ha ido generando una serie de comportamientos y actitudes que son esperanzadoras”, dice el senador de izquierda Iván Cepeda. Por eso este domingo, frente a la marcha convocada en rechazo al ataque contra la Policía, su invitación es a rechazar también los asesinatos de los líderes sociales: “Todos los crímenes nos deben doler por igual”.

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