La decisión es urgente, porque la Registraduría debe contratar la logística para las elecciones

¿Hay o no circunscripciones de paz?

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, conformó un equipo jurídico que se dedicará todo este fin de semana a estudiar la interpretación que sobre la conformación de las mayorías tiene el Gobierno que, desde ya, se enfrenta a demandas judiciales.

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El Gobierno insiste en que demandará el archivo del proyecto si el Senado confirma su derrota. / Ministerio del Interior

Lo advirtió el propio procurador general, Fernando Carrillo: “Una columna del proceso de paz, como las circunscripciones para las víctimas, no puede depender de medio voto para hacer una mayoría. ¿Dónde estaban los senadores ausentes?”. Esa es, tal vez, la misma pregunta que se hacen los colombianos que le han venido poniendo la lupa a la implementación de los acuerdos de La Habana. Una vez más, la falta de quórum evitó registrar que una aplastante mayoría legislativa se había puesto del lado de las iniciativas destinadas a facilitar la terminación del conflicto armado y, por el contrario, se impuso la realidad con la que el presidente Juan Manuel Santos viene lidiando desde hace algún tiempo: el sol ya está a sus espaldas y la gobernabilidad que le queda es prácticamente nula.

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Pero, ¿dónde estaban? Francamente importa poco, porque lo ocurrido el jueves de esta semana no sucedió por primera vez y tampoco es la primera vez que el Ministerio Público amenaza con sancionar el ausentismo legislativo. Por el Congreso, además, han intentado pasar un sinnúmero de iniciativas para castigar el hecho de que senadores y representantes se rehúsen a trabajar, bajo el argumento de que no votar los proyectos sometidos a consideración de las comisiones y las plenarias es un hecho político que puede denotar protesta legislativa. El hecho cierto, eso sí, es que hubo 42 senadores menos en el recinto mientras se votaba el proyecto que crea 16 circunscripciones de paz y que son los responsables de que hoy se haya armado un verdadero lío jurídico entre el Ejecutivo y el Capitolio.

La interpretación en torno al resultado de la mencionada votación sigue siendo la misma para el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Con tres senadores suspendidos y presos por distintos delitos relacionados con narcotráfico, homicidio, paramilitarismo y corrupción, la cámara alta pasó de tener 102 a 99 integrantes. “La reforma al equilibrio de poderes señala que cuando exista sobre algún congresista la figura de la silla vacía o se haya aceptado un impedimento, el quórum deberá ser restado”, dijo el jefe de la cartera política. Por eso, advirtió que si la mesa directiva que tiene a cargo estudiar dicha interpretación no la admite, acudirá al Consejo de Estado para que sea este tribunal el que dirima el conflicto.

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Mientras tanto, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, anunció que ya conformó un equipo jurídico que se dedicará todo este fin de semana a debatir quién tiene la razón. No sin las complejidades obvias que esto significa, como el hecho de determinar si, en efecto, la silla vacía está aplicando para los detenidos integrantes de la U Musa Besaile, Bernardo Ñoño Elías y Martín Morales. Todos casos que parecieran ser evidentes. Morales, por ejemplo, perdió su curul cuando comenzó a ser procesado en la Corte Suprema de Justicia por supuestos nexos con paramilitares, tráfico de estupefacientes y el homicidio del exalcalde de San Antero Wílmer Pérez Padilla. El Ñoño Elías fue capturado por corrupción, por presuntamente haber recibido sobornos por parte de la multinacional brasileña Odebrecht para favorecerla. Y, finalmente, Musa Besaile confesó haber pagado 2.000 millones de pesos para evitar una orden de captura en su contra.

Hasta ahí, todo parece indicar que la silla vacía está vigente, pues el Acto Legislativo 02 de 2015 (reforma al equilibrio de poderes) indica que por este tipo de delitos no podrá haber reemplazo. El lío es que la interpretación en voz baja, dicen algunos congresistas, es que la silla vacía debería ser declarada por una autoridad judicial y no por la mera interpretación de la norma que dice claramente que no podrá aplicar el reemplazo por la vinculación formal de legisladores a quienes se les abran procesos penales por la comisión de los citados delitos, ni “contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”.

El otro asunto, y que parece aún más complejo por sus repercusiones políticas más que jurídicas, tiene que ver con la falta de claridad del Gobierno con respecto al quórum. En entrevista con W Radio, el senador Cepeda dijo que “la tesis que hemos venido utilizando (sobre las mayorías) ha sido la que el secretario general utilizó, que hace referencia a la mitad más uno. Nadie la había controvertido”, argumentó el legislador, al tiempo que recordó que, de hecho, para aprobar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz se aplicó la misma forma, restando los impedimentos que fueron aceptados más las tres sillas vacías. Es decir, se restaron 15 congresistas, dado que fueron aceptados 12 impedimentos. Por eso, el quórum para tomar una decisión bajó de 52 a 45.

Todo este tejemaneje jurídico derivó en amenazas judiciales. El Centro Democrático ya radicó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en contra del ministro del Interior y el senador de la U Roy Barreras, por supuestamente inducir al error a los legisladores. “Podrían incurrir en prevaricato por acción”, dijo el representante uribista Edward Rodríguez. “Están carentes de penalistas los congresistas del Centro Democrático, porque interpretar una norma no es ningún delito. Esas parecieran posiciones propias de un dictador. Es una tesis descabellada y ni siquiera un estudiante de primer semestre de una facultad de derecho cometería semejante error”, respondió ante la denuncia el jefe de la cartera política. Lo cierto es que sólo en los próximos días se sabrá si el Gobierno saldrá triunfante en esta batalla que arrastra tras de sí la sombra de una evidente derrota política.