DECIMOCUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN DE PAZ

En el sur de Córdoba, la violencia continúa

Seis amenazas, dos atentados y tres asesinatos se han presentado en la región que conforman Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, San José de Uré y la zona rural de Montelíbano.

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En Santa Fe de Ralito, un corregimiento de Tierralta (Córdoba), se llevó a cabo el proceso de negociación entre el Gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia./ Archivo

La falta de oportunidades en Córdoba fue la causa de que muchos de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia cayeran nuevamente en las actividades ilegales en un departamento que, luego de Antioquia, fue el que recibió mayor número de exparamilitares en el proceso de desmovilización que se realizó en 2005.

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Aunque muy pocos encontraron oportunidades académicas o laborales luego de entregar las armas, una gran cantidad no tuvo la fortuna de culminar con buenas noticias el proceso de reincorporación. Algunos encontraron una salida en la informalidad; otros no tuvieron mejor suerte y terminaron en grupos armados o muertos.

Más de diez años después, con el fantasma del paramilitarismo a sus espaldas, los habitantes del sur de Córdoba enfrentan un escenario de temor ante la supuesta llegada del Ejército de Liberación Nacional (Eln) a los territorios anteriormente controlados por las Farc, una amenaza a la que se exponen decenas de rincones del país luego de la concentración de esta guerrilla en las zonas veredales y el más reciente desarme.

Pero la movilización de sujetos con brazaletes del Eln hacia las poblaciones más cercanas al nudo de Paramillo tampoco es la única preocupación. Hasta hace pocos meses había versiones que denunciaban el surgimiento del que sería un nuevo grupo insurgente en la zona rural del municipio de Tierralta, unos 82 kilómetros al sur de la capital, Montería.

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Precisamente Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, San José de Uré y la zona rural de Montelíbano son los cinco municipios que conforman la decimocuarta circunscripción especial de paz que contempla el Acuerdo Final con las Farc, la cual tendría un escaño adicional en la Cámara de Representantes durante los próximos dos períodos constitucionales.

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), con 79 puestos de votación que presentan una dificultad de acceso entre alta y extrema, estos municipios suman un censo electoral de 174.039, que sufraga en 412 mesas. La participación, tanto en Cámara como en Senado, superó el 51 %, sin embargo, en elecciones a Presidencia estuvo por debajo del 50 %. En primera vuelta fue del 32,4 %; en segunda, del 49,2 %. Muy similar a la de primera vuelta fue la participación de los ciudadanos el 2 de octubre, cuando se votó el plebiscito: 32,7 %.

Sin embargo, preocupa que, en cuatro de las cinco poblaciones, la actividad de bandas de crimen organizado sea considerada extrema y que el arraigo del paramilitarismo sea medio, alto y extremo en Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta, respectivamente. Estos tres municipios también concentran la mayor cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos, siendo Tierralta, con 858, la que encabeza la lista.

En los cinco municipios, el Partido de la U fue el ganador indiscutible, tanto en las votaciones de Cámara como de Senado. Por supuesto, la región es el fortín electoral de los “ñoños” Bernardo Elías y Musa Besaile, dos de los senadores con mayor votación en el país, y ese poder también se vio reflejado con la victoria de Juan Manuel Santos en primera y segunda vuelta y del Sí en el plebiscito.

Por otra parte, las bandas de crimen organizado se hacen sentir y han convertido esta jurisdicción en una de las más violentas entre las 16. Según registros del informe de la MOE, entre enero de 2016 y el 20 de abril de 2017 se presentaron seis amenazas, dos atentados y tres asesinatos, que califican como hechos de violencia social, política y comunal. Esto representa el 6,7 % del total de las circunscripciones especial de paz y el 2,4 % del total nacional. Adicionalmente se presentaron 11 secuestros, nueve de ellos en Montelíbano.

Es tarea del Gobierno garantizar la seguridad para que, ante la amenaza paramilitar en la región y la posible injerencia de los grupos armados ilegales en las elecciones de 2018, los habitantes de la circunscripción puedan llegar a las urnas y elegir un representante que deberá aspirar por los grupos sociales y defender sus intereses en el Legislativo.

(Vea el especial de circunscripciones especiales de paz)