En Chocó la paz no se ve: Amnistía Internacional entregará informe al Gobierno

Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, comenta las expectativas de la implementación y la situación de derechos humanos en este departamento. La organización realizó un estudio sobre la situación de derechos humanos en esa región. 

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Érica Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional. Mauricio Alvarado - El Espectador

Las cifras difieren en cada uno de los informes. Pero de lo único que parece haber una certeza es que los asesinatos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país se han incrementado, incluso, luego de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. El Gobierno lo sabe y por eso en las últimas semanas ha intentado reorientar los esfuerzos hacia la eficaz protección de esta población y revisar las estrategias, como el Sistema de Alertas Tempranas. Hasta agosto, el programa Somos Defensores registraba que entre enero y junio habían ocurrido, por lo menos, 355 agresiones y los asesinatos ascendían a 51; otros reportes, como los de Marcha Patriótica o la Organización de las Naciones Unidas, hablan de más de 100.

La grave situación, a un año de firmado el Acuerdo Final y cuando la implementación camina en el Congreso, también ha motivado que organizaciones internacionales pongan sus ojos en Colombia y desplacen sus equipos de investigación a las zonas de conflicto que históricamente fueron ocupadas por la exguerrilla, con el fin de explorar las raíces de un problema que no parece tener una pronta solución, ya sea por la incapacidad de que la institucionalidad llegue a estos territorios o por la tensa situación que se vive en un terreno en el que confluyen otros actores armados que aún subsisten.

Contexto: La urgencia de la implementación

Una de esas organizaciones es Amnistía Internacional (AI), que en la mañana de hoy le presentará un informe al gobierno de Juan Manuel Santos, en el que entrega detalles sobre la situación de derechos humanos y las garantías de no repetición en Chocó, no sólo afectado por los 50 años de guerra, sino también por el abandono estatal. Durante meses, AI visitó municipios y cabeceras municipales, realizando unas 35 entrevistas específicas y más de 30 reuniones con organizaciones que representan a numerosas comunidades, para obtener un panorama bastante cercano a la realidad que ocurre en Chocó, donde, como en otros lugares de la geografía nacional, ha sido casi imposible llevar al territorio lo pactado en el papel.

El resultado es un documento que pretende convertirse en insumo importante para el desarrollo de las políticas públicas de desarrollo en ese departamento, que, por supuesto, contiene críticas agudas al Estado colombiano. En entrevista con El Espectador, Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habla sobre cómo se ve la situación de derechos humanos en el país y hace un abrebocas del informe que le entregará la organización al gobierno colombiano.

En Colombia es preocupante el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, un número que incrementa día a día. ¿Cómo ven como organización las cifras sobre la muerte violenta de estos líderes?

Ha sido una de las mayores preocupaciones. Ya veníamos documentando el incremento en los asesinatos en contra de defensores en un contexto fuera de combate, es decir, no son pérdidas de vida civil en un conflicto armado activo, sino que son violencias muy específicas y que, en nuestra opinión, son sistemáticas. Sobre todo, en contra de quienes defiende el derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente

Claramente hay un componente de poder económico importante. El poder de los grupos armados para apropiarse tanto de economías ilícitas como de territorios ricos en recursos naturales. Además, en los años del conflicto también hubo abusos de derechos humanos cometidos por empresas multinacionales y nacionales que se han beneficiado de manera directa o indirecta del propio conflicto. Desplazando personas de territorios ricos en recursos naturales, utilizando grupos paramilitares para desplazar, pero también para asesinar líderes sindicales y comunitarios que se oponen a ciertos proyectos de desarrollo de la industria extractiva.

Estos crímenes ocurren en zonas que, históricamente, han sido abandonadas por el Estado, como las zonas rurales de Cauca, Antioquia o Nariño. ¿Cómo se pueden explicar los asesinatos y atentados contra esta población?

La preocupación es la rapidez con la que estos territorios se empezaron a disputar por otros actores armados. La salida de las Farc dejó un vacío que no ha podido ser tomado por el Estado, y era algo que se esperaba para que se garantizaran los derechos económicos y sociales de la salud, la educación, el trabajo.  Lo que ha sido sorprendente en nuestra visita al Chocó no solo ha sido la violencia, sino la situación de conflicto activo en la que se encuentran después de la firma de la paz. Estuvimos en Bojayá, por ejmeplo, y hoy no se han garantizado los derechos a la verdad, la justicia y reparación. Se encuentran en una situación similar a la que estaban hace 15 años.

¿Por qué la investigación se centra en Chocó?

Estamos presentando un informe sobre la situación de los derechos humanos en el Chocó, en el contexto del conflicto a un año de la implantación, como un caso emblemático, pero hemos estado haciendo investigaciones en otras partes del país. Pero en Chocó nuestro grupo de investigadoras ha pasado tiempo en las comunidades, recogiendo testimonios de las víctimas, de las organizaciones, los líderes afrodescendientes y pueblos indígenas como un muestreo de una realidad que hoy se empieza a expandir a varias partes del territorio. Es un intento de coadyuvar a los esfuerzos del Estado para garantizar la paz sostenible en la que los derechos humanos sean respetados.

Chocó ha sido un departamento históricamente afectado desproporcionalmente por el conflicto, pero también ha sido abandonado por el Estado. A pesar de la firma de la paz y de ser un departamento mayoritariamente bajo el control de las Farc, hoy nos damos cuenta que la implementación ha sido nula y la presencia del Estado continúa siendo nula.

¿Y en qué sitios de Chocó se desarrolló el trabajo?

Se visitaron varias comunicaseis. A algunas no purismo acceder por razones de seguridad, como Riosucio, pero sí visitamos Bojayá y otros cascos cercanos a Quibdó. Hubo representantes de comunidades que viajaron para encontrarse con nuestro grupo de investigación, así como muchos líderes de la mayoría de las comunidades y pueblos emberá. Realizamos entrevistas minuciosas con más de 35 personas y más de 30 reuniones con organizaciones que representan a varias comunidades, se habló con expertos sobre el tema de organizaciones nacionales como locales y buscamos a las autoridades.

¿Por qué ha sido tan difícil llevar lo que está en el papel a los territorios?

Entendemos el gran desafío de la implementación de un acuerdo de paz en un conflicto de más de 50 años. La expectativa no es solo que haya una implementación, sino que se puedan ver los avances paulatinamente y haya un cambio significativo en la vida de las personas. Hay estancamiento en la Justicia Especial para la Paz (JEP), que ha sido, además, el elemento clave para la polarización y politización del proceso de paz, pero sobre todo vemos la incapacidad del Estado para atender las necesidades más básicas de las comunidades afectadas.

También tiene que ver con un tema de voluntad política. La nula presencia, por ejemplo, de la Fuerza Pública en el Chocó es clara, no ha habido un intento por fortalecer la institucionalidad en temas de seguridad y protección, las medidas de protección son prácticamente nulas. Se ha abandonado lo más urgente y primordial que es empezar a atender las necesidades de las comunidades abandonadas. Hoy más que nunca las estructuras paramilitares fortalecen su presencia y toman control territorial y ni siquiera hay un reconocimiento público sobre esa realidad. La JEP puede ser un mecanismo importante para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, pero también existe la justicia ordinaria que ha estado paralizada por más de 50 años, entonces, en la medida que no se empiecen a activar las propias instituciones del Estado existente, es difícil que estas nuevas remedien una realidad que hoy en día no ha cambiado en muchas comunidades.

Hace poco el presidente Santos dijo que no se podía hablar de un “patrón sistemático” en el asesinato de líderes sociales…

Me parece muy irresponsable. Lamentablemente no es el único líder político de la región que lo dice y la mayoría de los presidentes habla de los casos aislados. Pero resulta que encontramos una sistematicidad de estas violencias en cada uno de los rincones de nuestro continente y que están vinculadas al interés económico. Es muy preocupante que el líder político de una nación como Colombia, que está en un proceso de paz y con reconocimiento internacional por su labor, haga una declaración de esta naturaleza cuando, claramente, existe una sistematicidad en la violencia que enfrentan los defensores y defensoras de DD. HH. Una declaración del presidente en donde dice que no es algo sistemático, de por sí, pone en riesgo a los defensores, que lo que necesitan es un liderazgo político que reconozca la labor que realizan.

¿Y cómo se ve Colombia sobre ese problema frente a la región?

Nuestra región ocupa las listas más dramáticas a nivel de defensores de derechos humanos. Global Witness, una organización hermana que cada año va documentando los casos de violencia contra defensores de la tierra, el territorio y los recursos naturales, rescata que el 80 % de los asesinatos que se dan a nivel mundial ocurren en nuestra región, Colombia junto con Brasil son los países en la primera lista. Colombia ha significado en el último par de años la esperanza para la lucha por los derechos humanos en el continente, por el fin un conflicto armado, pero esa esperanza también segó la posibilidad de tener una crítica mucho más aguda al proceso y enfocarse en la protección de estas personas que hoy se encuentran más vulnerables a los riesgos que, incluso, antes de la firma del acuerdo.

¿Qué recomendaciones habrá para el Gobierno en el informe sobre Chocó?

Ahí se recogen testimonios de comunidades a las cuales el propio Estado no tiene acceso porque no existe confianza. Es una información de primera mano que puede enriquecer la visión de desarrollo de políticas públicas para atender los principales problemas que están enfrentando estas comunidades. Ahora, Amnistía Internacional no solo ha conocido las violaciones, sino otros grandes esfuerzos estratégicos que han sido importantes para la implementación de la paz en países como Sudáfrica e Irlanda del Norte, con recomendaciones concretas y lecciones de errores cometidos en el continente americano, como las firmas de paz en El Salvador o Guatemala.

Las recomendaciones son específicas en cuanto al incremento de la presencia de la Fuerza Pública, ir construyendo procesos de confianza y la presencia de instituciones del Estados, a través del ejercicio pleno de derechos básicos. El informe puede ser un insumo importante, es una crítica analítica a la falta de implementación del acuerdo de paz en el Chocó.